La elección, dentro de dos meses(el 3 de diciembre), de 81 alcaldes, 162 vicealcaldes y ocho intendentes, así como de otras 4.700 personas, entre síndicos, concejales de distrito y concejales municipales de distrito, con sus respectivos suplementes, tiene una dimensión desalentadora y otra aleccionadora. Los datos de la encuesta de Unimer para La Nación , publicados el miércoles pasado, son significativos en este sentido. Deben, asimismo, provocar una reacción.
En cuanto al grado de decisión de concurrir a las urnas, solo el 30% de los electores están dispuestos a cumplir con este deber cívico (12% con candidato y 18% sin candidato definido). El 44% dice que definitivamente no irá a votar, el 8% tiene dudas por quién votar y el 16% duda de si va a votar. Así, el abstencionismo, del 77,2% en el 2002, ronda ahora el 70%. El mayor número de personas dispuestas a votar se encuentran en el nivel socioeconómico bajo, simpatizantes del PLN y del PAC. En cuanto al estado de ánimo de los votantes, solo el 14% está entusiasmado, el 61% se muestra indiferente y un 17% se muestra decepcionado. Los más indiferentes tienen menos de 40 años, poseen un nivel socioeconómico alto y han efectuado estudios de secundaria o universitarios. En su mayoría votaron por el PLN y el PAC en febrero pasado.
De aquí pueden extraerse algunas conclusiones. En cuanto al entusiasmo o a la decisión de votar, el número de electores de más bajo nivel socioeconómico y menos estudios supera a los que se encuentran en una posición superior. Se puede aventurar como hipótesis que los primeros necesitan o fundan mayores esperanzas, precisamente por su situación, en la labor municipal. En cuanto a los otros, llama la atención, como en los datos generales sobre el elevado porcentaje de abstencionismo, el desinterés general. Este factor político de desafección no se puede juzgar, sin embargo, como el motivo principal. Concurren en este alejamiento dos razones: el propio desenvolvimiento del régimen municipal en estos años, y la falta de visión y de realismo político en quienes elaboraron y aprobaron las reformas sobre las votaciones de alcaldes.
En cuanto al primer punto, es público y notorio el pobre desempeño de la mayor parte de los municipios, agravado por las disputas entre regidores y alcaldes, y causado, en buena parte, por la escasa preparación de ambos. Los responsables de esta situación han sido los partidos políticos tradicionales que, por décadas, han descuidado esta importante dimensión de la democracia y del desarrollo del país. Los regidores y alcaldes, sin embargo, pertenecientes a partidos cantonales, han respondido con una actitud más responsable, aunque asediados por políticos y dirigentes de otras agrupaciones. En cuanto a los municipios más eficientes, su escasez comprueba cuán presto y hondo es preciso actuar.
Una de las reformas más urgentes se relaciona con la fecha de la elección de alcaldes y regidores. Ambas deben coincidir por cuanto un municipio es una unidad. Su dispersión electoral tenía efectos negativos previsibles. Se debe proceder, asimismo, con buen juicio y realismo político en cuanto a las reformas que se proponen sobre las competencias de los municipios y en materia impositiva. Mientras no se cuente con una organización municipal competente, el remedio será peor que la enfermedad. En este sentido es preciso también reformar radicalmente el IFAM o suprimirlo.
En suma, estamos en un círculo vicioso. Los reformadores del régimen municipal, los partidos políticos, no han podido reformarse a sí mismos. Los cambios municipales aprobados hasta ahora reflejan su propia debilidad y falta de visión. En estas condiciones, se llevará a cabo una elección de alcaldes, dentro de dos meses, que, de no producirse una reacción política a fondo en este lapso, se prolongará la enfermedad del régimen municipal, lo cual afecta a nuestra democracia y al propio progreso del país.