No todas las noticias fueron malas la semana que pasó. El miércoles 27 informamos de que Costa Rica ascendió tres puntos en el índice de productividad global (2006-07) que calcula anualmente el Foro Económico Mundial (FEM). Anteriormente, se ubicaba en la posición n.° 56; ahora, ocupa la n.° 53, por encima de México, Colombia y Argentina. Entre todos los países latinoamericanos, tenemos el segundo lugar, por debajo únicamente de Chile. Es, sin duda, un buen avance. Pero queremos más. Mucho más.
No resulta ambicioso exigir mejores índices comparativos de productividad si consideramos que los criterios en los que salimos bien calificados en el ranquin son los más difíciles de lograr porque envuelven al grueso de la población. Y aquellos en que quedamos mal –o muy mal– son precisamente los que dependen exclusivamente de las políticas públicas, es decir, de nuestra dirigencia política, e involucran factores que están dentro de su poder de decisión y ejecución.
Quedamos bien en los estándares de salud y educación primaria y superior, donde logramos superar a nuestros colegas centroamericanos. También nos destacamos en la eficiencia de los mercados, donde solo nos superó El Salvador en la región. Y el mayor éxito se encuentra en la capacidad tecnológica, donde logramos una puntuación inferior al promedio (44). Nos destacamos en la sofisticación de los negocios (34) y en la innovación (35), en los que obtuvimos posiciones realmente destacadas. De aquí sacamos una primera conclusión: en cuanto a ingenio y creatividad, algunos dirían que somos "pura vida", según una expresión muy popular y copiada ya por los extranjeros.
Pero no somos igualmente eficientes ni imaginativos en otros aspectos que inciden en la generación de inversiones ni en propiciar un buen “clima de negocios”. Y eso también lo conocen precisamente los evaluadores. Somos contradictorios y erráticos en el manejo de lo “macro” y de la infraestructura, dos de los factores que más inciden en la productividad. Antes, cuando el déficit fiscal se disparaba, al Banco Central se le recargaba la función de restaurar el equilibrio “macro”.
En los últimos ejercicios fiscales, sin embargo, las cosas han variado. Aunque el déficit fiscal ha mermado, ha sido a costa de sacrificar infraestructura. Y ya el Central no tiene suficiente control de su política monetaria para asegurar el equilibrio. Eso también lo saben (y aplican) los calificadores. En infraestructura, logramos apenas el lugar n.° 73 de los 125 países evaluados, superados ampliamente por nuestros vecinos, incluyendo Panamá (64) y El Salvador (54). Pero peor nos fue en la evaluación de las políticas y resultados macroeconómicos, en que descendimos al puesto 81. En eso, lejos estamos de ser “pura vida”. Y exige algo más que una reflexión.
Es moneda común de los detractores de la apertura y libre mercado, y de los enemigos de las políticas de estabilización macroeconómica, inculpar a los organismos internacionales como el FMI, o al mismo Gobierno de los Estados Unidos, por todos los males que nos aquejan, incluyendo los altibajos en la producción.
Se quejan de los elevados índices de pobreza, inflación y devaluación, e inculpan al sector privado por no generar suficientes empleos y salarios. Pero no reparan en que los únicos responsables somos nosotros mismos, por la ingobernabilidad que nos caracteriza. No hemos sido capaces de arreglar la situación fiscal para lograr estabilizar la economía sin sacrificar la inversión pública, de impulsar una buena reforma del Estado para no tener que lograr lo anterior únicamente a base de nuevos impuestos, ni más eficiencia en la prestación de servicios. Tampoco hemos logrado racionalizar el gasto, reformar el sistema financiero, eliminar los monopolios que encarecen precios y reducen la calidad, ni, tampoco, disminuir la deuda pública.
Hay quienes se oponen a una reforma tributaria centrada en el flat tax por temor a discutir un esquema que ha demostrado ser eficaz en otras latitudes y que, quizás, nos permitiría aumentar la recaudación sin tener que elevar las tarifas en otros impuestos, como el IVA. Otras personas pretenden, por prejuicios ideológicos, prolongar indefinidamente la discusión del TLC, que traería amplios beneficios en términos de inversiones, exportaciones y generación de empleos. Y hay quienes critican el libre mercado y la apertura (que ni siquiera ha logrado establecerse) y luego se quejan de que Costa rica sea calificada con tanta severidad. Tenemos el derecho –y la obligación– de ser “pura vida” en todo. Es una lástima que, teniendo tantas ventajas en los otros índices de productividad, no lográramos los mismos estándares de manera generalizada.