Costa Rica condicionará su permanencia en el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) a que se realicen "cambios estratégicos" en la conducción de la entidad.
El ministro de la Producción, Alfredo Volio, propondrá a sus colegas del istmo la modernización y manejo transparente de Oirsa.
También solicitará a los ministros que renuncien a los gastos discrecionales asignados por el Organismo a sus despachos.
“Si la propuesta mía es rechazada, yo propondría un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para salirnos de ese convenio”, declaró anoche Volio.
Volio se reunirá en noviembre (no especificó en que fecha) con sus contrapartes de Centroamérica, México, Belice, Panamá y República Dominicana. La cita se realizará posiblemente en República Dominicana.
El titular del Ministerio de la Producción compareció ayer ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso. Ese foro legislativo indaga una serie de anomalías denunciadas por este medio.
Una investigación realizada por La Nación confirmó que Oirsa realiza las aspersiones en fronteras, puertos y aeropuertos con agua y cobra por insecticida. Esa actividad la realiza desde 1988.
Oirsa es una entidad regional a la que el Ministerio de Agricultura (ahora Ministerio de la Producción) cedió las aspersiones de vehículos en las fronteras y otras fumigaciones en 1988.
El Organismo recauda ¢1.470 millones en Costa Rica y desde su inicio se negó a rendir cuentas aduciendo que los fondos son privados.
Publicaciones de este diario revelaron que, ante la ausencia de fiscalización, funcionarios de Oirsa y del MAG utilizaron el dinero en regalos, sobresueldos, viajes, carros y otros.
El ministro Volio dijo que hace dos meses solicitó la rescisión del convenio de servicios internacionales de fumigación prestado por Oirsa. Sin embargo, aclaró que el convenio da seis meses de plazo para traspasar el servicio y los empleados al Estado costarricense.
“La posición que tenemos es que al rescindirse el contrato de fumigación ya no es relevante seguir en Oirsa”, advirtió .
Volio sostuvo que solo la Asamblea Legislativa está facultada para “romper” el convenio marco mediante el cual el país acordó su participación en el Organismo Regional de Sanidad.