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Entrevista: Ana Isabel García

La funcionaria reconoce que Costa Rica debe invertir más en niños, indígenas y desempleados. Alega que para eso se necesitan más impuestos.

El país tiene una deuda social con los indígenas
Viceministra de Desarrollo Social
Edad: 45 años
Profesión: Periodista
La Contraloría señaló que el Estado margina a indígenas, desempleados y niños menores de seis años de sus programas sociales. ¿Qué opina?
La Contraloría realiza una nueva constatación acerca de un tema que puede visualizarse como una deuda social del país. En el caso del desempleo, el país no cuenta con un seguro en esta materia y el auxilio temporal se ha desdibujado en los últimos años.
¿Qué propone la nueva administración para resolver la falta de servicios que enfrentan las poblaciones indígenas?
Los compromisos asumidos en el programa de gobierno y que ahora se están volcando en el Plan Nacional de Desarrollo apuntan a la inclusión social de los pueblos indígenas y mejoramiento de la institucionalidad que los rige, todo ello en consulta con las comunidades.
La Contraloría también alega que no hay suficientes comedores y albergues para niños y eso restringe las posibilidades de que las mujeres de incorporen al mercado laboral...
La tasa de participación femenina en la población económicamente activa (PEA) viene en ascenso. Pero, en efecto, una limitación que enfrentan las que son madres para incorporarse al mercado laboral tiene que ver con la ausencia de instancias para la atención de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, una acción prioritaria para el Gobierno es el relanzamiento de programas como los CEN-Cinai del Ministerio de Salud (ampliación, remodelaciones y construcción de nuevos centros).
¿Se eliminarán programas duplicados para atender a personas con discapacidad o estudiantes?
Algunos programas se entrelazan por atender la misma población objetivo y eso no es, per se, negativo. La ausencia de diálogo para potenciar la redundancia es lo contraproducente. La duplicidad simple y lisa como tal ha de eliminarse pues conlleva una mala priorización.
La Contraloría exige un estudio sobre la magnitud de los programas y sobre el dinero que invierten en cada población. ¿Quién es el responsable?
El estudio es una disposición a cumplir por el ministro rector del Sector Social y Lucha contra la Pobreza. En nuestra percepción se cuenta ya con bastantes insumos para este diagnóstico y el acento debería estar puesto sobre todo en los tiempos de ejecución y la pertinencia de los programas.
También pide distribuir más equitativamente los recursos en poblaciones necesitadas. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Las necesidades son muchas y los recursos de inversión social no son precisamente abundantes. El compromiso va entonces en doble vía: más y mejor inversión. Ello exige ampliar la carga tributaria del país para contar con recursos frescos para hacer posible el cumplimiento de metas sociales.

  • POR Vanessa Loaiza N. / vloaiza@nacion.com
  • Nacional
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