Estados Unidos sacó a Costa Rica de la lista de países que habían dejado de recibir ayuda económica por incluir a los ciudadanos estadounidenses en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda.
Una nota firmada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, fechada el lunes, aplicó el waiving (excepción) a una norma que prohíbe dar ayuda militar a los países firmantes del Estatuto de Roma, creador de la CPI.
Costa Rica está entre los 21 países –la mayoría de África, Latinoamérica y el Caribe, en vías de desarrollo– que la secretaria de Estado, Condolezza Rice, deberá reportar al Congreso de Estados Unidos, tras razonamientos que no se dieron a conocer ayer.
El canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, celebró la decisión de Washington, a pesar de que dijo desconocer cuánto será lo que Costa Rica podrá empezar a recibir de cooperación estadounidense. Tampoco se conoció qué proyectos se podrían impulsar con el dinero.
Hace un año el ministro de Seguridad de entonces, Rogelio Ramos, dijo que Costa Rica había dejado de recibir unos $100.000 anuales desde que se aplicó la sanción, a finales del 2004, lo que afectó la capacitación policial.
En esa ocasión Estados Unidos prohibió el acceso a Costa Rica y otros países a fondos denominados economic support fund (ESF), aunque desde el 2002 aprobó una ley para retirar la asistencia militar a los firmantes del Estatuto.
¿Reconocerla o no? La Corte es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas que han cometido genocidio, así como crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Washington, sin embargo, rechaza la CPI con el argumento de que sus acciones podrían usarse para investigar a sus funcionarios con motivos políticos. Por eso aplica sanciones contra los Estados parte que no se han comprometido a excluir de la jurisdicción de la CPI a los ciudadanos estadounidenses.
Costa Rica ha sido tradicional impulsora del alto tribunal. Incluso, la jurista costarricense Elizabeth Odio es una de las dos vicepresidentas, tras resultar electa en febrero del 2003, en Naciones Unidas, como una de 18 magistrados.
Además, Bruno Stagno preside la Asamblea de Estados Parte del Tribunal Penal Internacional, como también se conoce a la CPI.
"Estamos doblemente complacidos, porque ello representa un reconocimiento a Costa Rica como país comprometido con las mejores causas de la humanidad, y que ahora no será excluido de las posibilidades de ayuda para el desarrollo y de cooperación internacional", expresó Stagno mediante un comunicado de prensa.