El diputado Alberto Salom, del PAC ha escrito un artículo en el que, entre muchas críticas al Gobierno, afirma lo siguiente: "No hay un plan de desarrollo que oriente la formulación del presupuesto. Según la ley de planificación, debió estar listo cuatro meses después del inicio del gobierno; pero, en vez de ello, fue postergado por decisión del mismo Consejo de Gobierno." Como la afirmación es equivocada por varios lados y me afecta directamente como ministro de Planificación, debo aclarar algunos asuntos.
La Ley de Planificación Nacional en ningún momento prescribe plazo alguno para entregar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El plazo se define por decreto, y en los últimos 20 años nunca ha sido el que indica el diputado Salom. Un decreto del Gobierno anterior lo fijó en cinco meses, plazo que, en uso de potestades ejecutivas reiteradamente utilizadas, un nuevo decreto (número 33342 del 3 de agosto del 2006) extendió hasta el 8 de diciembre del 2006.
Fidelidad a lo ofrecido. Más importante aún: esta es la primera vez que MIDEPLAN debe contender, al elaborar el PND, con las disposiciones de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (n.° 8131 del 16 de octubre del 2001). El reglamento de esta ley, emitido en enero del 2006, obligó a las instituciones a entregar su anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda el 15 de junio, o sea, cinco semanas después de iniciado el gobierno. Eso hizo virtualmente imposible que ese anteproyecto se hiciera de acuerdo con el PND. En vista de ello, casi todas las instituciones recurrieron al programa de gobierno del actual presidente. Me imagino que el diputado Salom coincidirá en que esta fue una buena decisión. A fin de cuentas, el líder de su partido, don Ottón Solís, ha dicho que el programa de gobierno de la agrupación ganadora debe ser convertido en ley de la República.
Esa fidelidad a lo ofrecido en campaña es la que explica que el proyecto de presupuesto para el 2007 aumente en un 56% la asignación de fondos al MOPT y que, por primera vez, se otorgue al Conavi la totalidad de los fondos que le corresponden por ley. O que los recursos asignados al MEP crezcan en más de ¢140.000 millones, suficiente para garantizar, por primera vez, el cumplimiento del mandato constitucional que obliga a invertir el 6% del PIB en educación. O que el presupuesto de seguridad pública aumente un 35,5%, suma que permite la incorporación de 800 nuevas plazas de policía. Y todo ello mientras se hace un notable esfuerzo de austeridad: el gasto total presupuestado para el 2007 es menor en términos reales que el del 2006. Hubiera preferido que el diputado Salom se refiriera a todo esto, lo realmente importante.
Por primera vez. Es una pena, además, que mi interlocutor no haya indagado la razón por la que el plazo del PND se fijó hasta diciembre. Si lo hubiera hecho –y para ello bastaba una llamada– se habría enterado de que la directriz de Mideplan para la elaboración del PND ha obligado a las instituciones a un doble ejercicio de enorme valor para el país. Por un lado, el plan se está elaborando no con una óptica institucional, sino sectorial, demandando de las instituciones una inédita dinámica de colaboración al definir sus metas comunes. Por otro lado, hemos pedido a cada sector del Estado que limite a no más de 10 el número de acciones prioritarias que desea ver reflejadas en el PND. Esto obliga a un ejercicio de jerarquización y reflexión estratégica que, tristemente, ha sido la excepción y no la norma en el sector público. Por primera vez en muchos años el PND será un instrumento estratégico y no operativo. Estas dos transformaciones, sobre todo la de construir inter-institucionalmente las metas del PND, demandan más tiempo que el habitual procedimiento de corta y pega de los planes operativos de las instituciones.
Elaborar el PND es una tarea compleja. Y estoy seguro de que el líder del partido del diputado Salom coincidirá conmigo. Cuando don Ottón Solís fue ministro de Planificación remitió el PND al Presidente el 22 de abril de 1987, casi un año después del inicio del gobierno, pese a que el decreto n.° 16767 del 20 de diciembre de 1985, a la sazón vigente, lo obligaba a presentarlo siete meses antes. Así de difícil es. Tiene razón el diputado Salom: la oposición se ejerce con firmeza. También con información precisa y buena fe.