La Sala IV reiteró al Ministerio de Hacienda la obligación de girar la totalidad de los recursos para reparar carreteras, recaudados mediante los impuestos a los combustibles y la propiedad de vehículos.
Durante los últimos ocho años, las distintas administraciones han recortado los presupuestos viales, aunque la ley asigna recursos específicos para las carreteras.
El 3 de mayo del 2005, la Sala consideró que el Gobierno violentaba los derechos de los habitantes al no girar al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) todo el dinero recaudado para dichos arreglos.
El 29 de setiembre anterior, el alto tribunal confirmó ese criterio mediante el voto 14537-06.
Dicho fallo obedece a un recurso de amparo interpuesto por el ciudadano Jorge Murillo Chaves.
Voto acatado. Sin embargo, para el próximo año el Conavi, las 81 municipalidades y los ocho concejos de distrito del país contarán con la totalidad de los recursos que les corresponden para carreteras.
Así consta en el plan de gastos presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa el mes pasado. Hacienda asignó unos ¢70.430 millones para el Conavi y ¢16.426 millones para las municipalidades.