En una frase que aparece junto al logotipo con su nombre, el diario cubano Granma establece claramente cuál es su condición: "Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba". Es decir, se trata del vehículo propagandístico, instrumento deliberado, representante y vocero de la camarilla de militares y funcionarios que controla la única dictadura totalitaria del hemisferio, que ha desarrollado la mayor maquinaria bélica de América Latina, mantiene en sus cárceles a centenares de presos políticos, irrespeta los derechos laborales de la población, impide cualquier ejercicio de libertad, se niega a hacer elecciones libres y tiene postrados en el retraso y la escasez a 11 millones de cubanos, con excepción, claro está, de los privilegiados.
Nada de lo que sale en las páginas de Granma es resultado de consideraciones informativas o periodísticas. Todo lo que aparece en ellas responde, exclusivamente, a los designios del poder absoluto. Por esto, no sorprende que, tras las justas y valientes críticas del presidente Óscar Arias a la dictadura de Fidel Castro, con las cuales ha reflejado fielmente el abrumador sentimiento de los costarricenses, el Partido Comunista de la isla haya montado, mediante su periódico, una campaña de descrédito en su contra. Lo que pretende la nomenclatura castrista es, simple y llanamente, deslegitimar las probadas credenciales democráticas y civilistas de nuestro país, y de nuestro mandatario y premio Nobel en particular, para, de este modo, tratar de restar fuerza a su clamor por una transición hacia la libertad en Cuba. Es, por cierto, un clamor que responde a una tradición de nuestra política exterior, directamente vinculada a la esencia de nuestro sistema: la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en cualquier parte donde sean cercenados, pero, más aún, en el hemisferio.
Lo que sí sorprende de todo este obvio montaje propagandístico es que tres costarricenses hayan decidido sumarse al tinglado. Rodrigo Carazo, expresidente de la República, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), y Óscar Barboza, dirigente estudiantil, tienen todo el derecho a expresarse como quieran y donde quieran y, por ende, a publicar artículos contra nuestro Gobierno en Granma. Son garantías de que disfrutamos los costarricenses y de las que se priva a los cubanos. Pero esos tres ciudadanos también tienen el deber de asumir frontalmente las consecuencias públicas de sus actos. Y la más clara e inmediata es haberse convertido en instrumentos de la campaña emprendida por el “órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba”.
Quisiéramos creer que, por su obsesivo y crónico afán de desacreditar un instrumento de modernización y progreso como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), y de estimular un clima de crispación y polarización en nuestro país, los tres nuevos colaboradores de Granma no se dieron cuenta de las implicaciones de su decisión, entre las que destaca su utilización por el régimen de Castro para intervenir en los asuntos internos de Costa Rica y para eludir el pedido de democracia que formuló el presidente Arias. Si todo respondiera a descuido de los tres ciudadanos, estaríamos ante una gran falta de juicio; de lo contrario, se trataría de una complicidad deliberada con una de las peores dictaduras del mundo, algo que deslegitima los emotivos (y falaces) argumentos de paz, soberanía, defensa del interés nacional y protección de los más débiles con que se oponen al TLC.
Lo único bueno de todo esto es que los ciudadanos costarricenses, verdaderos demócratas y amantes de la paz, podremos ahora identificar mucho mejor dónde están las verdaderas lealtades y argumentos de esos tres actores del debate sobre el TLC, así como de sus aliados directos. Es algo que debemos agradecer al “órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba”.