Grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las costarricenses sostienen una serie de reuniones para perfilar una estrategia que permita ampliar los motivos del aborto.
Practicar un aborto es ilegal en el país, pero el artículo 121 del Código Penal lo permite cuando corre riesgo la vida de la madre (aborto terapéutico).
La meta de los activistas es ampliar las excepciones a otros casos, como cuando ocurre un embarazo por violación o hay malformaciones que no permiten al niño sobrevivir luego del parto.
Desde hace poco más de un mes la Colectiva por el Derecho a Decidir intensificó sus reuniones y foros con miras a plantear un nuevo debate en este tema.
"En Costa Rica el aborto debe ser despenalizado en casos de embarazos en niñas menores de 13 años, violación, incesto y malformaciones congénitas incompatibles con la vida", dijo Paola Brenes, miembro de la organización no gubernamental.
Colombia sirve de referente para las costarricenses, quienes se reunieron recientemente con la abogada, Claudia Gómez, de la organización internacional Women’s Link Worldwide.
El 10 de mayo de este año la Corte Constitucional de ese país despenalizó el aborto por casos de violación, riesgo para la vida de la madre y malformaciones incompatibles con la vida.
“Queremos conocer su proceso para decidir, entre otros temas, cuál es la mejor vía para lograr un cambio. La vía judicial (ante la Sala IV) o la legislativa (proyecto en el Congreso)”, expresó Brenes.
Agregó que en este momento están en la etapa de debate y análisis, que durará varios meses.
Por riesgo. Aunque Costa Rica permite desde hace muchos años el aborto terapéutico, ninguna iniciativa para ampliar las causales ha tenido éxito.
La última propuesta la planteó la exdiputada socialcristiana Nury Vargas, en 1991.
Investigaciones de la Universidad de Costa Rica calcularon entre 5.000 y 8.500 los abortos anuales realizados en el país.
En centros de la Caja Costarricense de Seguro Social se practicaron ocho abortos terapéuticos en el 2004 y ninguno en el 2006.
El principal argumento de los grupos feministas, abanderados del tema, es el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
Además, insisten en los riesgos que corren las mujeres.
“Muchas abortan sin que puedan acudir a servicios médicos o consejerías. Enferman o mueren en la clandestinidad, sobre todo las mujeres pobres, porque las familias con recursos pagan servicios privados o salen del país”, dijo Brenes, quien espera abrir el debate.