La contralora general de la República, Rocío Aguilar, mantuvo su decisión de solicitar al TSE la cancelación de la credencial de Walter Granados como alcalde del cantón de Oreamuno, Cartago.
El 2 de octubre, la funcionaria dio por agotado el proceso administrativo al rechazar una apelación interpuesta por Granados.
Ahora corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) evaluar el caso.
Aguilar sostuvo que el Alcalde incurrió en "una falta grave" al firmar un contrato de préstamo con una asociación privada para que esta pudiera realizar festejos populares en un terreno municipal.
Dicho convenio se suscribió el 26 de agosto del 2003 con la Asociación de Festejos Cívicos y Culturales de San Rafael de Oreamuno.
“Para este despacho, queda firmemente demostrado que el Alcalde de Oreamuno, en su condición de jefe y administrador general del municipio, ejecutó los convenios sin contar con el refrendo contralor”, puntualizó Aguilar.
Granados había alegado, entre otros descargos, que ese contrato no provocó ningún daño material.
Sin embargo, la Contralora respondió que la responsabilidad de un funcionario no puede circunscribirse únicamente a cuando este ha provocado un daño a la hacienda pública.
Puntualizó: “También se puede producir un daño o lesión jurídica a la hacienda Pública cuando, por incumplimiento de la normativa, se violenta la competencia de control y fiscalización de las actuaciones de la administración pública”.
Gerardo Machado, abogado del alcalde Granados, manifestó que analizan la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la Sala IV.
“Considero que hay vicios de inconstitucionalidad en este proceso. Además, se excluyó de sanciones a regidores que también aprobaron el convenio con la Asociación”, arguyó Machado.