Buenaventura, Colombia. AFP. Pese a un despliegue militar sin precedentes en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, líderes cívicos de las comunidades negras viven una "ley del silencio" frente al acoso de rebeldes y paramilitares y la desconfianza hacia las autoridades, muchas permeadas por el narcotráfico.
“Cuídate mucho. El puerto está podrido. No confíes en nadie. Ojo con lo que digas o escribas”, es la recomendación que al unísono hacen líderes cívicos de los sectores más deprimidos de Buenaventura. Sin su presencia, es imposible visitar el sector, dicen.
La recomendación es justificada: 305 personas han sido asesinadas en el 2006, explotan carros bomba, el máximo jerarca católico de la ciudad huye por amenazas de muerte tras denunciar a la policía y hasta el presidente Álvaro Uribe denunció infiltración del narcotráfico en la Alcaldía.
Una amenaza de bomba en el piso 10 del edificio Trade Center, el más alto del puerto, acalló el viernes las voces de muchos pobladores que aún comentaban las opiniones que desde una radioemisora y en la clandestinidad profirió el obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza.
Hace dos semanas, el prelado había revelado que recibió amenazas de muerte anónimas luego de que, en un consejo de seguridad local presidido por Uribe, denunció que la policía de Buenaventura está infiltrada por el crimen organizado. Debió salir de la ciudad.
En la misma reunión efectuada el 26 de octubre, Uribe ordenó públicamente la detención del secretario de gobierno de la administración de Buenaventura, Adolfo Chipantisa, tras recibir una denuncia de corrupción.