La Constitución Política, ese "contrato social" que permite la convivencia y la evolución de un modelo democrático, no es una herramienta de la que, simplemente, se puede prescindir cuando no es coherente con los intereses de ciertos grupos.
En días recientes, ciertos políticos oportunistas y líderes de organizaciones civiles y gremiales, han lanzado veladas amenazas contra el orden constitucional
La Carta Magna, en su mismo articulado, contempla las únicas vías que permiten su reforma e, incluso, su cambio; sin embargo, esto requiere ciertamente procedimientos que solo puede ejecutar el órgano con capacidad exclusiva de legislar en el país: la Asamblea Legislativa.
La soberanía popular, según las reglas del juego establecidas, se delega en 57 diputados que, en pleno uso de sus facultades constitucionales, pueden aprobar o no una ley, un tratado u otro tipo de norma jurídica.
Mecanismos estipulados. Es probable que la Constitución requiera reformas profundas, que permitan el tránsito entre un modelo netamente representativo a una democracia más participativa y directa. Inclusive, se podría abogar por una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para la creación de un nuevo marco básico de convivencia social. Para todas estas opciones existen mecanismos perfectamente estipulados.
Lo que no es posible es que, mediante la coacción y la amenaza, realizadas por sujetos que se ocultan detrás de máscaras, se deje en el aire la idea de que si la Asamblea Legislativa aprueba tal o cual ley o tratado, entonces es posible la ruptura del orden constitucional, cuya estabilidad es uno de los mayores patrimonios éticos, sociales y democráticos de la nación costarricense.
Estos grupúsculos, magnificados por algún sector de la prensa, se amparan en la voracidad de un político de tres al cuarto, que ya demostró, hace poco tiempo, cómo puede promover que se cuestionen las instituciones más básicas de la democracia (como el Tribunal Supremo de Elecciones), sin perder su aire de “inmaculado”, supuesto depositario exclusivo de la transparencia y la honestidad.
Oscuras alianzas. Nadie le ha infligido más daño a la institucionalidad democrática que estos señores que, ahora, con juegos de palabras y alianzas oscuras, ponen en entredicho la base misma de la República.
Este “mesías” debe quitarse la máscara y declarar, de una vez por todas, si está planificando un proceso ilegal de ruptura de la constitucionalidad democrática, de la que tantas veces se ha valido para escalar posiciones.
El fin no justifica los medios, ni para el Gobierno ni para la oposición. “Artículo 3.- Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria. Artículo 4.- Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición” (Constitución Política).