A pesar de que el proyecto para dotar de más recursos a la Cruz Roja encontró eco en la Asamblea Legislativa, los diputados aún no se ponen de acuerdo en el monto a fijar en los recibos telefónicos y muestran preocupación por la administración de esos dineros.
Una serie de mociones presentadas en torno a la iniciativa que ya está en el plenario y crea un impuesto general de ¢80 a los recibos de telefónicos fijos y celulares, harán que los diputados que lo dictaminaron en la Comisión de Asuntos Sociales, tengan que volver a analizarlo.
Las estimaciones de lo que generaría el impuesto, de acuerdo con la facturación total del ICE del año 2005, es de unos ¢2.888 millones al año.
Duda. Ofelia Taitelbaum, presidenta de la Comisión que lo dictaminó, señaló que algunos de sus compañeros han cuestionado a la institución pues "no ha sido muy exitosa en la administración de sus recursos financieros".
Ingrid Camacho, subgerente de la Cruz Roja, aclaró que esas “dudas se han generado por problemas en el pasado de falta de controles adecuados”.
Aseguró que han mejorado los mecanismos de fiscalización y que el Ministerio de Salud les hace un auditoraje anual, además de que tienen un auditor interno y otro externo.
Camacho añadió que los 120 comités auxiliares que operan en el país tienen mecanismos de supervisión sobre los recursos que reciben, y son fiscalizados por los nueve comités regionales.
Además aseguró que todos los años deben rendir cuentas ante la sede de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, Suiza.
Por su parte, la Oficina de Prensa de la Contraloría General de la República informó que la Cruz Roja está considerada, para efectos de fiscalización, como una entidad privada, aunque debe presentar un informe anual del uso de los fondos públicos y de algunas transferencias que hacen los municipios a los comités locales.
Estos fondos representan el 25% del presupuesto anual.
Gastos. El presupuesto de la Cruz Roja para el 2007 es de ¢8.000 millones, de los cuales el 25% proviene de fondos públicos a través de cuatro leyes y el 75% lo recaudan por diferentes vías, incluido el Tico Bingo.
Camacho añadió que necesitan ¢10.000 millones anuales para poder operar con la infraestructura que tienen actualmente.
En el año 2006, la Cruz Roja recibió ¢1.930 millones de recursos públicos y ¢1.000 millones en transferencias que hicieron algunas municipalidades a los comités locales. El nuevo impuesto de ¢80 incrementaría al doble –¢2.888 millones– los recursos estatales.
El impuesto rojo. El proyecto llamado “impuesto rojo” está en el Congreso desde el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y, recientemente, la institución ha presionado para que lo aprueben.
El martes pasado, iniciaron una campaña de un mes para recoger 300 mil firmas entre los ciudadanos que deseen pagar los ¢80 en los recibos telefónico, y pretenden agilizar la votación del plan.
Taitelbaum dijo que algunos diputados consideran alto el monto de ¢80. Clara Zomer, de Liberación Nacional, propone que sea de ¢40. Carlos Gutiérrez, del Movimiento Libertario, plantea un impuesto de un 1% sobre los recibos con sumas de ¢5.000 en adelante y exonera del pago a los asilos de ancianos e instituciones de beneficencia.
Taitelbaum comentó que todos los partidos son conscientes de la labor que realiza la Cruz y de la necesidad de procurarle más fondos. A su juicio, en la tercera semana de junio el proyecto podría estar aprobado.