Lo dijo el jueves, en La Nación , Luis Antonio Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario (ML): "En las reformas constitucionales, un solo diputado tiene derecho a veto". Por desgracia, está en lo cierto.
Es tal el entrabamiento en que ha caído la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, que uno o un puñado de diputados pueden paralizar su acción. Y lo han hecho rutina.
Los recursos posibles abundan: un reglamento superado y petrificado, el abuso en las consultas preceptivas de constitucionalidad a la Sala IV, la debilidad institucional de los partidos y la inexistencia de la carrera parlamentaria, entre otros. Así, la máxima democrática de “cada ciudadano un voto”, ha sido reemplazada por “cada diputado un veto”. La antítesis de la gobernabilidad.
En estas circunstancias, ¿qué motivaciones pueden existir para que los partidos (sobre todo opositores) se abran a los acuerdos? ¿Por qué negociar, si saben que, sin mayoría, pueden imponer su voluntad, al menos para bloquear, mientras los gobernantes (y el país) pagan los costos?
Mientras no resolvamos tan enorme problema en sus múltiples fuentes, seguiremos en marcha atrás. Es decir, lo contrario al desarrollo.