Brasilia (AP). La tala en la Amazonia brasileña alcanzó los 870 kilómetros cuadrados en junio, una reducción de 20% en comparación con el mes anterior, según datos oficiales divulgados el martes.
El informe mensual del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), basado en imágenes de satélite, reveló que los principales focos de destrucción del bosque húmedo se dieron en los estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas y Rondonia.
Aunque el área talada es elevada, refleja una disminución desde mayo, cuando alcanzó 1.096 kilómetros cuadrados.
Es una reducción significativa, (la tala) cayó porque estamos doblando el número de operaciones en la Amazonia, empezamos a vigilar las carreteras y usamos todos los instrumentos para controlar la actividad ilegal, declaró el ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc.
Precisó que alrededor de 1.100 agentes ambientales y policiales elevaron desde junio el número de operaciones para controlar la destrucción del bosque, de 25 a 45 por día, con la participación de la policía de carreteras para frenar el transporte de madera y otros productos extraídos ilegalmente.
No obstante, indicó que no hay razones para celebrar porque la destrucción del bosque continúa siendo elevado.
Como ambientalista no me consuela ver tanto de la Amazonia siendo destruida, declaró Minc en conferencia de prensa. Los datos no me animan, la tala continúa muy elevada.
El informe mensual del Inpe sirve como orientación al gobierno para saber dónde se están produciendo actividades de tala, aunque sus datos no siempre son precisos porque el satélite no logra captar la parte de la superficie amazónica que está cubierta de nubes.
En el caso del informe de junio, el instituto oficial indica que 72% de la Amazonia en Brasil estaba libre de cobertura nubosa.
El gobierno brasileño lanzó en enero una campaña de represión de la tala ilegal en el bosque lluvioso, tras constatar un fuerte incremento en esa actividad a finales del año pasado.
Minc indicó que desde el inicio de las operaciones se han aplicado multas por 499 millones de reales (314 millones de dólares) y se embargaron 606 propiedades con una extensión total de 115.000 hectáreas que estaban ocupadas ilegalmente.