A las 10:30 a. m. de ayer, Gregoria Rugama, de 67 años, acumulaba casi tres horas de pie, en fila, esperando a que se abriera alguna ventanilla en la farmacia del hospital Calderón Guardia, en San José.
Al mediodía, las ventanillas continuaron cerradas porque los empleados del hospital acordaron ir a huelga indefinida y dejar a Gregoria Rugama y a cientos de asegurados sin su medicamento.
Así no más, después de cuatro horas de hacer fila, la señora se tuvo que devolver en bus, sin las medicinas para su problema pulmonar, hacia el Valle de La Estrella, en Limón, donde vive.
Los enfermos más afectados con el primer día de huelga fueron los que acudieron ayer a la farmacia y al laboratorio clínico, pues no recibieron atención.
Muchos venían de lugares lejanos, y la gran mayoría eran adultos mayores.
Solo en la farmacia, se calcula que se dejaron de despachar unas 8.000 órdenes de medicinas.
Sin embargo, servicios como el de consulta externa y hospitalización trabajaron con normalidad.
Pulso. La protesta subió de tono ayer porque las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no cedieron a la principal demanda sindical: restituir a tres empleados del Calderón despedidos la semana anterior.
Los trabajadores exigen la reinstalación del exdirector, Luis Paulino Hernández Castañeda, del exadministrador, Carlos Vílchez, y del exjefe de mantenimiento, Fernando Roldán.
Estos tres funcionarios fueron despedidos sin responsabilidad patronal.
La Caja les achaca "faltas a la ley de control interno", descubiertas durante la investigación que siguió al incendio del 12 de julio del 2005, en donde fallecieron 21 personas en ese hospital.
Hasta ahora, ni la gerente médica, Rosa Climent, ni el presidente ejecutivo, Eduardo Doryan, han querido dar detalles del tipo de faltas cometidas por estos funcionarios, para no interferir en el proceso de apelación de la medida.
Sindicatos como la Unión Médica y el de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), han denunciado que la Caja hizo los despidos violando el derecho a la defensa de los funcionarios. Tanto Climent como Doryan han negado reiteradamente este argumento.
Ayer, Eduardo Doryan insistió en que la medida tomada por la gerencia médica no va a cambiar, “a no ser por la vía del debido proceso”. “Sería inconstitucional e ilegal (cambiar de criterio)”, agregó.
Los sindicatos, por su parte, amenazan con extender el movimiento a otros centros de salud. Ayer aseguraron que los hospitales de Pérez Zeledón, Guápiles y Grecia se unirían hoy a la medida.
“Yo no entiendo qué está pasando. Lo que sí sé es que yo necesito del Seguro porque no puedo comprar las pastillas (para la presión alta). Si esto (la huelga) no para, no sé qué va a pasar con mi tratamiento”, dijo Marcos Montoya.
Este señor, de 69 años, esperó en vano tres horas para que la farmacia cumpliera la promesa de empezar a atender al mediodía.
“Una persona rica no tiene necesidad de venir a hacer fila. Nosotros somos pobres y estamos aquí porque necesitamos. Por eso, los sindicatos nos toman como trampolín”, reclamó Cecilia Ilama, de 65 años quien ayer se quedó sin la medicina que, en su caso, le ayuda a prevenir los infartos.