Solo los casos realmente graves de menores de edad criminales terminan en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia.
La ley de justicia penal juvenil, a partir del artículo 121, establece el tipo de sanciones para los menores infractores.
La última sanción es la privación de la libertad, según explicó el director de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos Zúñiga.
Por eso, actualmente 350 menores de 18 años están sometidos a medidas socioeducativas. En promedio, cada mes, solo hay 40 internados en Zurquí.
Las sanciones socioeducativas –según agregó Villalobos– incluyen la amonestación y la advertencia, la libertad asistida, los servicios a la comunidad y la reparación de daños a la víctima del delito.
Están a las órdenes de supervisión y orientación, impuestas por un juez. Por ejemplo, instalarse en un lugar de residencia, abandonar el trato con ciertas personas, adquirir trabajo para los mayores de 15 años, o internarse en un lugar de tratamiento médico ambulatorio.
Dos opciones. Las sanciones privativas de libertad incluyen el internamiento domiciliario y la prisión en el centro juvenil Zurquí.
"El derecho penal juvenil es muy selectivo. Lo que nos llega a los centros penales lo trabajamos en educación, trabajo, y en atender necesidades", dijo Villalobos.
“Ahora, los jóvenes ya no tocan timbres sino que quiebran bombillos y ventanas. Hay más actos vandálicos, hasta incursionar en situaciones como facilitar el tráfico de drogas dentro del colegio”, agregó.
El director de Adaptación Social considera que la criminalidad de menores de edad tiene que ver mucho con la familia. “La atención que les damos, las oportunidades, cómo atendemos la disciplina y cómo damos lectura a sus comportamientos sin generar violencia en el hogar. Ahí es donde hay que fortalecer. Lo que nos llega a nosotros es lo que no ha sido tratado”, dijo.