Los políticos o partidarios que pidan votos y cambio ofrezcan abonos de vivienda, becas, pensiones o cualquier otro beneficio financiado con fondos públicos podrían enfrentar un castigo de hasta 12 años de cárcel.
Así lo propuso el diputado José Merino, del Partido Frente Amplio, en una moción al proyecto de reforma al Código Electoral.
Merino también plantea la misma sanción para los funcionarios públicos que en el ejercicio de su cargo prometan dádivas o amenacen para conseguir apoyo para una candidatura.
Además, la iniciativa prevé castigados para los patronos que amenacen o tomen represalias contra sus trabajadores para votar o que se abstengan de votar en determinado sentido.
"Yo sé que con la ley no se arregla, pero puede ser un disuasivo. Es importante para que la gente conozca que son derechos que están en la ley, y que quienes los infrinjan sepan que, eventualmente, pueden ser castigados", aseveró Merino.
El legislador presentó la moción motivado por denuncias que alega haber recibido en la coyuntura del referendo que se realizó el 7 de octubre del 2007.
Otra razón son las presuntas y frecuentes presiones que se dan cerca de los períodos electorales donde se ofrecen, por ejemplo, plazas en el magisterio, añadió el diputado Merino.
Esa moción y 12 más serán analizadas a partir del lunes.