Negar la capacidad que la democracia costarricense ha demostrado tener para el diálogo y la concertación, es un acto de desconocimiento de nuestra historia republicana más reciente. Es incuestionable que la Segunda República fue el fruto del contrato social que diferentes sectores sociales pactaron, con el propósito de consolidar la institucionalidad democrática del país, así como una transformación productiva, acompañada por una política social más universal e integradora. En ese sentido, los avances significativos en el marco jurídico e institucional y una política de desarrollo comprometida con el bienestar de la población, marcaron el camino para que el país desarrollara un ciclo virtuoso entre el crecimiento y la equidad.
Dicho ciclo virtuoso fue tan positivo, en todos los indicadores de desarrollo humano, que fue capaz de amortiguar los efectos adversos, que sobre el bienestar social significaron las políticas económicas restrictivas de los últimos veinticinco años. Estas políticas de ajuste tuvieron un impacto muy negativo sobre el bienestar social en los demás países de la región, los cuales no contaban ni con la sólida tradición democrática de Costa Rica, ni mucho menos con los niveles de inversión social que nuestro país había realizado en las décadas previas a la crisis de la deuda.
Deterioro social. No obstante, el país ha perdido capacidad para gestionar transformaciones en la estructura productiva que, a su vez, promuevan los encadenamientos productivos y sociales necesarios para reducir la pobreza y la desigualdad en una forma sostenida. El deterioro continuo de la infraestructura social, una más desigual distribución del ingreso, los bajos niveles de finalización en la educación secundaria, la feminización de la pobreza y las existentes desigualdades regionales y generacionales, son todos desafíos y responsabilidades del Gobierno y la política pública.
Una política pública que, como bien lo plantea José Antonio Ocampo, de la CEPAL, debe ser concebida como el punto de encuentro de los intereses colectivos, mediante la creación de mecanismos que permitan una mayor y más efectiva participación de las diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil en la toma de decisiones.
El Gobierno tiene el imperativo de promover el ciclo virtuoso entre el crecimiento y el desarrollo humano. Este es un momento histórico para redefinir, con base en nuestra propia identidad y capacidades, un nuevo contrato social, que fortalezca la aspiración de una sociedad costarricense más justa, solidaria y equitativa. Para ello no es necesario buscar experiencias foráneas (Pacto de la Moncloa en España o la Concertación por la Democracia en Chile), lo que se necesita es retomar el camino costarricense.