La Contraloría General de la República dictó una resolución, el 10 de julio pasado, sobre la potestad de cobro, por parte del Centro de Capacitación Cooperativa (Cenecoop), de la contribución establecida en el artículo 80 de la Ley N.° 4179. El Ente Contralor, al revisar en lo conducente su criterio anterior, desautoriza así a esta entidad a cobrar el 2,5% de los excedentes de las cooperativas al cierre de cada ejercicio económico.
La Sala Constitucional definió, en diciembre de 1994, que esta obligación pecuniaria a favor de Cenecoop se enmarca dentro de lo que en doctrina se define como contribución parafiscal por sus fines económico-sociales que, impuesta por el Estado, no figura en el presupuesto general de ingresos y gastos. A esta contribución parafiscal se le aplica el régimen jurídico del género tributario, que los entes cooperativos deben cumplir para satisfacer sus fines específicos en orden a incentivar la educación cooperativa. En consecuencia, al provenir esta obligación de la potestad de imperio por parte del Estado, el sujeto activo de tal imposición, como expresa la Contraloría, deber ser una entidad de naturaleza pública. Una entidad de derecho privado, como ocurría, no puede exigir el cumplimiento de un gravamen de esta naturaleza, como sí lo puede hacer Infocoop. En este sentido se pronunció, el 8 de octubre del 2007, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría, el Infocoop debe "recuperar los montos disponibles percibidos por Cenecoop, previa liquidación de las sumas recaudadas a la fecha. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que ese instituto debe efectuar (…) con el objeto de verificar el uso correcto de los recursos que fueron administrados por Cenecoop R. L." Este aspecto es capital por cuanto Cenecoop, además de administrar el Hotel del Sur, donado por el Estado, tenía, como ente privado, dos fuentes de financiamiento público: el 2,5% derivado de los excedentes de las cooperativas y más de 140 millones de colones anuales, en promedio, por 10 años, por parte de Infocoop, producto de una norma presupuestaria.
Esta investigación, ordenada por la Contraloría, y que en forma alguna pone en duda a priori la corrección de los gestores de Cenecoop, debe integrarse al proceso de ordenamiento y saneamiento del movimiento cooperativo llevado a cabo, en estos años, por los actuales dirigentes de Infocoop. Cabe distinguir, sin embargo, en aras de la verdad y la justicia, entre la organización social en sí y la presencia en ella de personas o grupos que la convirtieron en instrumento político o de intereses personales.
Su ineficiencia o calculado desorden llegó a tal punto que, tal como informamos y comentamos recientemente, no fue sino hasta hace unos meses cuando el movimiento cooperativo, gracias a esta labor de limpieza del Infocoop, contó con un padrón de cooperativas confiable. Increíble, pero cierto… En este marco de desorden, diversas cooperativas de fachada se usaron para que algunos dirigentes medraran y ocuparan posiciones de mando o de poder en otras entidades o actividades. Es preciso, por ello, crear, a toda costa, anticuerpos institucionales sólidos, de transparencia, rendición de cuentas, controles objetivos, capacidad y despolitización cabal para que el movimiento cooperativo se afiance y no vuelvan los malos tiempos.