El Ministerio Público abrió ayer por la tarde una investigación de oficio en contra del chofer del autobús que cayó al río Grande de Tárcoles cuando se desplomó el puente que une los cantones de Orotina y Turrubares.
La causa está a cargo de a Fiscalía de Atenas; la investigación incluye a la empresa transportista y evaluará, además, la posible responsabilidad de funcionarios públicos que tenían responsabilidad sobre el estado y mantenimiento de esa estructura de hamaca.
Así lo confirmó anoche el fiscal coordinador de Atenas, Javier Gutiérrez.
Según distintos juristas, lo funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el propietario del autobús podrían enfrentar demandas civiles y penales.
Carlos Tiffer, abogado penalista, manifestó que al personal del Ministerio se le podría abrir una causa por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes.
Para ello, habría que definir cuáles funcionarios son los responsables del atraso en la reparación o cambio del puente que se desplomó ayer.
Tiffer dijo que los familiares de los fallecidos o las personas heridas pueden presentar individualmente una demanda o, bien, esa gestión la puede hacer de oficio el Ministerio Público.
Por su parte, Fernando Montero Piña, especialista en Derecho Civil, expresó que como desde hace varios años las municipalidades y vecinos empezaron gestiones con el MOPT para que reparara el puente, pero esta entidad no lo hizo, eso implica que hubo negligencia por parte del Estado.
Añadió: "Esas muertes debe indemnizarlas el Estado. Las víctimas o sus herederos tienen derecho de cobrar por el daño moral y por la muerte".
Estos procesos se resuelven en un juicio contencioso