San José (Redacción). La CNE en oficio DL-OF-890-09, firmado por su abogada Yadira Vega Blanco, le exige al empresario Róger Solano Castillo, apoderado generalísimo de Intervalle, desalojar a las 9 familias que ocupan las casas construidas para ellas por haber sido afectadas en el 2005 por las avalanchas de Quebrada Granados, en Jucó de Orosi.
El documento dice que solo le pagarán el monto adeudado al empresario si "las casas están desocupadas". A inicios de esta semana Solano Castillo confirmó que la CNE no le ha pagado las casas, a pesar de estar listas desde hace cuatro meses.
Después de cuatro años de vivir en derruidos campamentos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o arrimados en casas de familiares o pagando alquiler, 9 familias de las afectadas en el 2005 por las avalanchas de Quebrada Granados, en Jucó de Orosi, tomaron las casas construidas con financiamiento de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Sin embrago, el lunes de esta semana Patricia Arce y Patricia Moya, quienes viven en las viviendas informaron que la empresa Constructora Intervalle les había dado un plazo de 48 horas para desocupar las viviendas o serán desalojadas debido a que la CNE no le ha pagado a la constructora.
Incluso, la compañía pidió levantar el pasado l0 de octubre una acta policial porque dicha Comisión no le ha pagado ¢104 millones establecidos en la licitación M-001-2008.
Róger Solano Castillo, Apoderado Generalísimo de Intervalle, dijo que desde hace cuatro meses espera ese pago. “El fiscal de Ministerio de Vivienda, Eduardo Morales, les dio el visto bueno, pero por más gestiones que he hecho ante la Comisión no me pagan, por lo que pediré un desalojo sino se honra esa deuda”.
Solano, exregidor municipal de Paraíso dice que espera no tomar esa determinación. “Yo soy de Orosi y sé lo que ha sufrido esta gente, pero mi empresa es pequeña y esta falta de pago nos afecta fuertemente”.
Agregó que él cumplió con todo lo establecido en este sistema, en el programa “llave en mano” del Ministerio de
de Vivienda “pero ahora soy yo el que me he quedado con la mano extendida”.
Patricia Arce y Patricia Moya, beneficiadas con una casa, dijeron que ellos comprenden “a Don Róger, pero ya el ICE había pedido a las familias que quedaban en el campamento, la desocupación porque tenían que demoler esos galerones”.