Omitir información o mentir en la declaración jurada de bienes puso a 17 funcionarios públicos en la mira primero de la Contraloría General de la República y posteriormente de la Fiscalía.
Ellos están entre los 2.000 empleados que deben presentar cada mes de mayo una declaración jurada de bienes ante el ente contralor, según el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Dentro del grupo están desde el el presidente de la República y sus ministros, hasta diputados, gerentes y presidentes ejecutivos, auditores, regidores y alcaldes.
La Contraloría no solo verifica la presentación, sino también constata la veracidad de los datos.
"Hay un sistema informático, un centro de inteligencia, con cruces de información con algoritmos, con relación de parentesco. Estamos bastante sofisticados", aseguró la subcontralora Marta Acosta.
Se puede cruzar información con entidades como Registro Público, Registro Civil, Instituto Nacional de Seguros para examinar pólizas y hasta con el Consejo de Seguridad Vial para ver multas.
La Contraloría también podrá examinar cuentas bancarias, si el declarante así lo autoriza.
Si el funcionario no hace su declaración jurada se le previene, pero si de cualquier forma no cumple, se vuelve merecedor de un procedimiento administrativo.
Su caso, además, puede pasar al Ministerio Público igual que si se encuentran omisiones sospechosas en la citada declaración.
Adelanto. Cuando el asunto llega a la vía judicial está lo suficientemente adelantado como para que la Fiscalía acuse por Falsedad en la Declaración Jurada, que tiene pena de prisión de seis meses a un año.
No obstante, los fiscales normalmente prefieren ahondar.
“Ese delito es como la puerta de entrada a la investigación de cosas más graves, porque si un funcionario está dejando de declarar bienes u ocultando participación en sociedades, la labor aquí en el Ministerio Público se vuelve más a qué era lo quería tapar u ocultar”, dijo Ileana Mora, fiscal de delitos económicos, anticorrupción y tributarios.
El objetivo es descubrir si hay detrás otros delitos como enriquecimiento ilícito o legalización de bienes provenientes de ese enriquecimiento o de cualquier otra actividad ilegal.
De las 17 causas abiertas, hay 12 casos en investigación preliminar y cinco en espera de audiencia.
A juicio de Mora, las pesquisas podrían ir más rápido si la Fiscalía contara con mejores mecanismos tecnológicos para acceder a información y relacionarla.