El Instituto Nacional de Seguros (INS) despidió en noviembre, sin justa causa, a su oficial de cumplimiento, José Alberto Vargas.
La separación del funcionario fue tramitada por el gerente general del INS, José Ángel Villalobos, al amparo de artículo 160 de la convención colectiva de la entidad.
Dicha norma permite despedir a un empleado "sin justa causa", es decir, sin necesidad de justificar las razones de la cesantía.
El funcionario cesado atribuyó su despido a investigaciones que hacía sobre irregularidades en la institución y que, según él, podían involucrar a funcionarios de alto nivel del Instituto.
Entre otras funciones, el oficial de cumplimiento debe velar por el apego de la entidad a las leyes contra la legitimación de capitales.
Por ejemplo, debe dar seguimiento a las operaciones de los clientes para identificar transacciones sin fundamento económico, legal o que se salen de los patrones habituales establecidos por la entidad, para prevenir que se efectúen transacciones con fines ilícitos.
Además, debe preparar y comunicar al órgano de fiscalización las operaciones sospechosas.
El problema, según Vargas, surgió porque en el INS consideraban que él debía limitarse a ver temas de lavado de dinero.
“Es decir, si veo corrupción, si veo estafas, grupos organizados o mafia detrás, ellos creen que el oficial de cumplimiento debe quedarse callado... eso es lo que yo no estaba permitiendo”, comentó .
Agregó que él recibía información que, si bien no estaba relacionada con lavado de activos, sí podía estar vinculada con grupos o mafias organizadas.
El gerente general del INS dijo, mediante la oficina de prensa, que Vargas dejó de brindar sus servicios al INS en virtud del artículo 160 de la convención colectiva.
“Si el señor Vargas tiene que denunciar a alguien, incluyendo desde la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia, etcétera, hacia abajo hasta llegar al mínimo nivel, ante los Tribunales de Justicia, que proceda de inmediato a hacerlo, pues esa es su responsabilidad”, agregó la oficina de prensa.
Vargas alega que intentó conocer las razones de su despido, pero no encontró respuestas ni en la gerencia general ni en la presidencia ejecutiva del INS.