La Sala Constitucional ordenó a las autoridades del centro penitenciario La Reforma garantizar la atención médica de los privados de libertad, independientemente de si esta es pública o privada.
La resolución surgió tras dos recursos de amparo interpuestos por un recluso de apellido Portacarrero y por otro apellidado Quinceno. Ambos, por aparte, argumentaron que sus familias les habían conseguido y pagado citas en hospitales privados, al no encontrar espacio en centros médicos públicos, pero que las perdieron porque no se les permitió el traslado.
Las resoluciones fueron la 2010-151 y la 2010-10143.
Hernando París, ministro de Justicia, indicó que a los privados de libertad siempre se les ha garantizado el acceso a la salud, pero que en algunos casos se dificulta su traslado por la falta de ambulancias, por ejemplo.
Detalló que, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social, se estudia la opción de construir un clínica penitenciaria en la finca La Reforma. La edificación se haría con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.