El juez Pablo Ruz dio cinco días al Barça para entregar el contrato "o contratos" firmado por Neymar Da Silva Junior o sus representantes, además de los documentos que indiquen las cifras recibidas por los contratos. También pidió los informes financieros de 2011, 2012 y 2013.
Jordi Cases, un socio del equipo culé, demandó al presidente del club, Sandro Rossell, acusándolo de apropiación indebida de fondos.
Según la demanda, el costo de la transferencia de Neymar fue mayor que los 57 millones de euros que el Barça anunció en junio.