Luego de tres meses de escuchar acusaciones y pruebas de descargo, el Juzgado Penal de Hacienda cerró ayer martes la audiencia preliminar por el presunto pago de sobornos con reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).
A partir de ahora la juzgadora Rosana Burgos se tomará "un tiempo prudencial" para decidir si el expediente es elevado a juicio o en su defecto dicta sobreseimiento. Para tomar la decisión no hay plazo pues se trata de un caso complejo.
En este asunto figuran como implicado el expresidente de la República, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, Cristóbal Zawadzki Wojtasiak, expresidente del INS, Álvaro Antonio Acuña Prado, ex jefe de Reaseguros del INS, Gilda Montes de Oca (la esposa de Zawadzki), Roxana Cordero Bogantes ( la esposa de Acuña), y Rónald Bonilla Rodríguez, exjefe de Seguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Asimismo, fueron acusados los funcionarios del ICE: Porfirio Brenes Quesada, Antonio Corrales Moya, Ramón Lara Molinari y Roberto González Chinchilla.
A todos el Ministerio Público les atribuyó el delito de peculado, que se da cuando hay sustracción de bienes públicos. El artículo 354 del Código Penal castiga este hecho con prisión de tres a 12 años.
Empero, en la primera audiencia realizada (el 9 de setiembre) la fiscala Gisele Rivera anunció que injustamente se había acusado al soldador Porfirio Brenes Quesada y que por tanto se pedía el sobreseimiento. Desde ese día, Brenes abandonó la audiencia.
Posteriormente, el 12 de setiembre trascendió que Roberto González había llegado un acuerdo con la Fiscalía y a cambio de declarar en el debate y devolver $35.000, sería excluido como imputado.
Christian Arguedas, uno de los defensores de Rodríguez, dijo que en la audiencia demostraron que la acusación “no tiene ningún sentido ni fundamento probatorio”.
Por su parte, Edgardo García, abogado de Zawadzki, dijo que se alegó que la acusación está fundada en prueba ilegal que se obtuvo en Panamá y que por tanto se debe dictar un sobreseimiento.