Dentro del reclamo, presentado ante la Sala Constitucional, Castrillo alega una violación al derecho de acceso a la información de la ciudadanía de parte del diario e insiste en que, a su criterio, los sujetos de derecho privado también deben cumplir con ese principio, cuando poseen información de interés público.
El recurso se refiere a la decisión de este medio de comunicación de no revelar los datos de la encuesta que contrató a la empresa Unimer y que serían publicados esta misma semana.
Las razones del medio fueron expuestas en el editorial de hoy.
"La decisión responde a nuestra convicción de que, en las especiales circunstancias de esta elección, poco aportaríamos al proceso cívico y mucho a la especulación malintencionada", dice en el artículo editorial.
Según el recurrente, cuando un sujeto de derecho privado posee información de interés público debe hacerla pública.
Castrillo aseguró que no duda de la buena intención de La Nación, pero alegó dentro del escrito que se parte de "un principio equivocado en una democracia según la cual el poder no lo tiene el ciudadano sino la Administración Pública o las organizaciones privadas".
El constitucionalista añadió que, con la decisión de no publicar el estudio sobre la tendencia electoral, a cinco días de las elecciones, se quebranta el principio de primacía de la persona humana, al imponerse "el secreto" por encima de la "transparencia y la publicidad".