La orden surge como medida cautelar por un recurso de amparo electoral que presentó esta semana la Defensa Pública a favor de un grupo de 370 prisioneros para que pudiesen votar en otras cárceles donde estaban empadronados. Sin embargo, solo siete de ellos lo firmaron.
Un total de 8.713 reos estaban inscritos para elegir presidente, lo que representa el 63% de la población recluida (13.754 a setiembre del 2013).
El TSE habilitó 30 juntas receptoras en las cárceles de Costa Rica para asegurar que los privados de libertad emitan el sufragio.
La mayoría de las mesas (13) se ubican en la provincia de Alajuela, que tiene un electorado de 3.371 privados de libertad. San José tendrá 6 para repartirse una población carcelaria de 2.006 votantes.
El TSE habilitó dos mesas en cada una de estas provincias: Cartago (640 reos), Guanacaste (686) y Puntarenas (569). Habrá una mesa en Heredia (17 prisioneros) y cuatro en Limón (1.424 reos).
El abstencionismo en los centros penitenciaros durante la primera ronda fue de un 70%.