CAMPO PAGADO POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA HAY QUE SALVAR INSTITUCIONALIDAD DEL PAIS El Presidente de la República, Lic. Rodrigo Carazo, atiende instancia que le hace el ciudadano Ricardo Castro para que se dé amplia difusión a la instancia que el Primer Mandatario hizo al Ministerio Público para que procediera a investigar los hechos acaecidos en Limón San José, de setiembre 1981 Señor Lic. Rodrigo Carazo Presidente de la República.
Ciudad Señor Presidente: Reciba mi efusiva felicitación por el mensaje que dio a conocer al país con motivo de lo que algunos llamaron una Huelga. en ciudad de Limón, pero que no pasó más de ser que una actitud asumida por algunos dirigentes sin apoyo popular. Su actitud al pedir al Ministerio Público actuar sobre el caso de la última huelga en Limón, reviste toda una lección de civismo que debe divulgarse con más amplitud.
Por lo expuesto, solicito a Usted muy respetuosamente que se dé la publicidad debida a la comunicación enviada al Ministerio Público.
Aprovecho la oportunidad para suscribirme muy atento y seguro servidor, Ricardo Castro Céd. 542 543 San José, de setiembre de 1981.
Señor Lic. Jorge Rojas Espinoza Jefe del Ministerio Público Corte Suprema de Justicia Estimado señor: Como es del conocimiento público, desde hace varios años se han venido presentando una serie de problemas de indole socio económica en la Provincia de Limón, los cuales dentro de las posibilidades del Estado, han merecido especial desvelo y atención por parte de mi Gobierno.
Alentados en la problemática por la que atraviesa la Provincia, algunos individuos han tratado de explotar esta circunstancia con el fin de adquirir liderazgo dentro de la comunidad limonense, so pretexto de constituirse en abanderados de esas causas. Pero es lo cierto que la conducta observada por dichas personas no tiene como meta lograr el bien común, sino que, por el contrario, su propósito no es otro que el de inducir a algunos ciudadanos a que cometan actos que riñen con nuestro ordenamiento jurídico y atentan contra la paz de la región e incluso han pretendido sembrar el caos y el desorden en todo el país.
En mi doble condición de Presidente de la República y de Ciudadano en ejercicio, no podría ser ajeno a tales situaciones irregulares que violentan el ordenamiento jurídico y el orden público, razón por la cual he creído conveniente dirigirme a usted, en su carácter de Jefe de Ministerio Público, a fin de que por los medios legales respectivos, ese Ministerio logre que quienes cometen actos delictuosos reciban el castigo correspondiente.
Lamentablemente, en las últimas horas se han presentado de nuevo las situaciones de hecho y de irrespeto a las y leyes en la Privincia de Limón, con base en el falso hecho de que existe un problema de indole laboral y su consiguiente estado de huelga y de que, a su vez, ha existido incumplimiento de parte del Gobierno de los acuerdos firmados en julio pasado entre el Comité Limonense y el Poder Ejecutivo.
La conducta de determinados dirigentes en la comunidad limonense no podría haber sido más grave e irrespetuosa de la ley. En efecto, han instigado para que diversas personas procedieran a cerrar vías públicas, como en efecto lo han hecho; para que impidieran que los trabajadores se hicieran presentes en sus centros de trabajo y han instado al desorden, todo ello con la finalidad de crear el caos dentro de la Provincia, Estas situaciones no pueden ni deben seguirse presentando dentro de un Estado de Derecho como es el nuestro, en donde debe privar a todo trance el imperio de la ley, pues obviamente no es a través de la fuerza y la imposición como se logran las metas del bien común.
La finalidad de la presente carta no es otra que la de solicitar al Ministerio Público, a su digno cargo, que proceda a la investigación exhaustiva y enérgica de las irregularidades que se han observado en Limón en las últimas horas; cierre de carreteras públicas, levantamiento de barricadas frente a la planta termoeléctrica de Moin, instigación al desorden y otros actos similares, los cuales deben ser atribuidos a diferentes personas en su condición de líderes sindicales o comunales. Ello, a fin de que los culpables de hechos ilícitos, que caen dentro de la esfera del Derecho Pe.
nal, sufran, de ser responsables, las sanciones que señala el Código de la Materia, para que así asuman el lote de responsabilidades que les caben en su condición de promotores y gestores de actos que atentan contra el orden público, la tranquilidad y la paz de la ciudadanía costarricense. Ya es hora de que en nuestro país, quienes tratan de violentar la tranquilidad y el orden público con conductas disfrazadas y atribuyéndoles fundamento en problemas de índole social y económica, respondan personalmente cuando lleven a cabo actos delictuosos que en ningún momento podrían tener justificación ni fundamento en ninguna causa de bien común, sino que, repito, tipifican, pura y simplemente, conductas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico en materia represiva.
En consecuencia, solicito al Ministerio Público en forma enérgica pero respetuosa, que se inicien los trámites respectivos a fin de que se determine quiénes son los responsables de los hechos antes mencionados y, con ello, se sienten las responsabilidades del caso y se hagan acreedores a las sanciones penales que señale nuestro ordenamiento.
Con las muestras de mi mayor consideración y estima, me suscribo de usted atentamente, Rodrigo Carazo Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.