10 LA REPUBLICA. Miércoles 29 de mayo de 1985 PENTAGRAMA EDITORIAL Las vagonetas y el imperio de la ley Al problema de las drogas se le da en nuestro medio un pésimo enfoque.
Droga significa, para la policía, los investigadores arcangélicos del OIJ, la DIS, la Unidad Preventiva del Delito y el Departamento de Drogas de Seguridad Pública, marihuana, cocaina, LSD y opio.
Todo el esfuerzo nacional está concentrado en eso.
Pero quizás el peor de los males está en otro tipo de drogas, como la morfina, los sicotrópicos, los calmantes y reactivantes y una serie de medicamentos que inundan el mundo juvenil, por obra y gracia de la burla a las leyes, y que mandan la expedición con receta médica de tales farmacos, pero que tienen los agujeros suficientes para que los mismos escapen al control y vayan a la calle eñvenenando a cientos de ciudadanos.
La maquinaria que inunda el país con estas pastillitas generadoras de dependencia siquica y física, es una pequeña mafia enquistada en las instituciones de salud pública, cuyos mecanismos de seguridad son tan endebles, que la posibilidad del hurto en gran escala ya ni se discute.
Tan grave es la falta de coordinación que hay en el gobierno, que lo de menos vienen a ser las contradicciones que se producen entre los más altos funcionarios.
Lo que alcanza una seriedad extrema es que las contradicciones se produzcan sobre temas que afectan el imperio de la ley, y que de ser llevadas a la práctica implicarían la ejecución de un verdadero golpe de Estado.
En relación con la importación de doscientas cincuenta vagonetas adquiridas a la fábrica española Pegaso. el vicepresidente de la República, con Armando Arauz, salió a la prensa para afirmar, innecesariamente, que el Poder Ejecutivo acataría el fallo que sobre ese particular dio el Poder Judicial, a través de uno de sus jueces, ordenando la no ejecución del negociado. Decimos que la declaración fue innecesaria, porque el cumplimiento de la sentencias emanadas de los tribunales de justicia es fatal, digalo o no el señor Vicepresidente de la República. De manera que aunque no lo quisiera, el Poder Ejecutivo tiene que cumplir lo que los jueces digan.
lo asombroso está en que el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, don Hernán Azofeifa, salió también a la prensa para decir, de esta vez, que seguirá adelante con las negociaciones mientras no se le demuestre a él, convertido de esa manera en juez y en parte, que en el negociado hay algo incorrecto, ilegal o sucio.
No dice don Hernán si continuará con las negociaciones para ajustarlas a derecho, para cumplir los procedimientos que la ley señala, o para acomodarlas a lo que los jueces han dicho. Por el contrario, da a entender que se cumplirán los efectos de la compra de vehículos a contrapelo de lo declarado por el Poder Judicial.
No está don Hernán Azofeifa por encima de las leyes, ni puede, aunque lo quiera, ejecutar un acto cuyos efectos han sido suspendidos por un juez de la república. De hacerlo, no sólo estaría protagonizando un golpe de Estado al romper el orden constitucional que establece el imperio de las leyes y la división de poderes, sino que también estaria cometiendo delito.
Grandes son los intereses que están siendo controvertidos ante los tribunales de justicia y ante la opinión pública nacional, pero mayor es sin duda el poder del ordenamiento jurídico, el respeto a las normas, y la santidad de los fallos que emiten los tribunales.
Importa desde luego arreglar los caminos vecinales, pero más importa el mantenimiento del orden constitucional, porque sin caminos podemos vivir, pero sin leyes es imposible hacerlo.
No interesa señalar, ni nos corresponde hacerlo, cuál de las partes del litigio lleva la razón. Establecerlo cabe exclusivamente a los tribunales de justicia. Lo importante, lo objetivo, es que hay un fallo de un juez ordenando la suspensión de los efectos de un acto administrativo, y que frente a él, parece levantarse, en contradicción, la opinión de un Ministro, y eso, ni puede ser, ni es aceptable bajo ningún concepto.
Instituciones como el Seguro Social, a través de su historia, han sido fuente alimenticia para los delincuentes de cuello blanco, que han hecho del robo de medicamentos un arte.
Como se ha dimensionado en forma artística tambien, la red de distribución a través de quienes no paran mientes en asuntos de orden ético y moral, y solo intentan y el enriquecimiento por la via fácil.
Sin embargo, la peor de todas las drogas, la que más estragos causa en el país, es el alcohol. aquí tenemos la gran paradoja, el gran pecado. Aquí tenemos al Estado convertido en fabricante de alcohol, cuya venta es libre, pero a cuyos usuarios se mete a la cárcel cuando por causa del mismo veneno se convierten en un peligro social, y a los cuales el mismo Estado vuelve a poner en libertad, mediante el simple mecanismo del pago de una multa.
Si esto no es el colmo de la inmoralidad, entonces que nos fusilen.
La República BUENO.
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