SA Nacionales LA REPUBLICA Viernes 12 de abril, 1996 Lentitud en tramitación de procesos Justicia atada de manos por Ley de Intervenciones Por la boca muere el pez telefoneó a una persona a quien llamó Ricardo, que resultó ser Alem.
Por la boca muere el pez. dice un viejo refrán que se ha hecho realidad para varias personas acusadas de narcotráfico, como fue el caso de Ricardo Alem, a quien su propia voz lo delató.
La voz de Alem fue grabada por la Policía de Control de Drogas, del Ministerio de Seguridad Pública, cuando efectuaba o recibía llamadas telefónicas. partir de entonces se intervinieron los teléfonos de las empresas y de la casa de Alem. Fue así como se descubrieron las actividades del grupo de narcotraficantes, que exportaba cocaína a Miami, Florida, desde nuestro país.
BASILIO QUESADA CHANTO La República Pese a la meta del Poder Judicial de poner en práctica la justicia pronta y cumplida, en ocasiones las leyes atan de manos a los administradores de aquella.
En el caso de la Ley de Intervenciones Telefónicas y a partir de una resolución de la Sala Constitucional, los jueces han encontrado un obstáculo para agilizar la tramitación de los procesos legales debido a que los obliga a escuchar y transcribir, de forma personal, todas las grabaciones que resulten de un trabajo policial.
Además, la misma ley especifica que solo se podrán realizar intervenciones telefónicas en los casos sobre narcotráfico o secuestros extorsivos.
Esta circunstancia se agravó a partir de agosto del año pasado, cuando la Sala IV declaró con lugar un recurso de hábeas corpus presentado en favor de Carlos Enrique Cerdas Cisneros, acusado por narcotráfico en el caso de Ricardo Alem León (ver recuadro)
En su resolución, los magistrados anularon el procesamiento debido a que los casetes de las intervenciones telefónicas realizadas para detener a la supuesta banda de narcotraficantes fueron escuchadas y transcritas por el agente fiscal.
Entonces, el juez de instrucción de Alajuela de bió realizar pacientemente la tarea de escuchar y transcribir el contenido de las intervenciones. Después de intensas horas de trabajo, el juez procesó de nuevo al grupo, pero perdió tiempo que ha atrasado el proceso, el cual un año después de la detención de los supuestos narcotraficantes no ha sido elevado a juicio.
La investigación empezó cuando la policía fue informada sobre el comportamiento extraño de un exempleado del aeropuerto Juan Santamaría, Alexis Esquivel Valverde, quien a pesar de su salario tenía un nivel de vida de millonario.
Gracias a las intervenciones y al seguimiento policial, se logró la detención de Blanca Salas, Ricardo Alem y Carlos Cerdas, en Miami, así como la de Felipe Cantillano, Jorge Arturo Mora Hernández, Marco Tulio Fonseca Prendas y Eliécer Arias Jiménez, a quienes se acusa de almacenamiento de droga con fines de tráfico internacional.
Con la autorización del juez de instrucción de Alajuela, José Daniel Hidalgo, se intervino el teléfono de la casa de Esquivel, ubicada en San Isidro de El General, desde donde Cerdas fue condenado a seis años de cárcel en Miami. Salacuartazo Para la Ministra de Justicia, Maureen Clarke, urgen reformas a la Ley de Intervenciones, para agilizar la administración de la justicia.
MANOS ATADAS Arguyó que el juez delegó la práctica de escuchas telefónicas en el Fiscal Especial de Narcotráfico, sin que lo haga mediante resolución fundamentada.
Cuando el Juzgado de Instrucción de Alajuela había procesado a Marco Tulio Fonseca Prendas, Eliécer Arias Jiménez, Felipe Cantillano Villalobos y Jorge Arturo Mora Hernández por almacenamiento de droga con fines de tráfico internacional, además de dictar falta de mérito en favor de José Antonio Alem León, se vino abajo el proceSO.
Maritza Zamora Solís interpuso un hábeas corpus en favor de Carlos Enrique Cerdas Cisneros, contra el Juzgado de Instrucción de Alajuela y la Fiscalía Especial de Narcotráfico del Ministerio Público.
Dice que el juez entregó de forma ilegal los casetes a la policía de Estados Unidos para que los utilizará en contra de Cerdas Cisneros. Las intervenciones telefónicas constituyen un instrumento muy importante para la lucha contra el narcotráfico, pues sirven para dar seguimiento a los movimientos de los narcos, pero el hecho de que sea el juez quien deba escuchar y transcribir los casetes obstaculiza la pronta resolución de las investigaciones y retrasa el proceso legal. aseguró la Ministra de Justicia, Maureen Clarke.
Clarke clama por una pronta modificación de la Ley de Intervenciones, pues sostiene que una sola persona no está en capacidad de escuchar todo y le resta eficiencia a la administración de la justicia.
El Fiscal General de la República, Carlos Arias, coincide con la titular de Justicia, en el sentido de que la misma ley entraba los procedimientos al centralizar en la persona del juez la responsabilidad de oír y transcribir las conversaciones que hayan sido intervenidas durante pesquisas en casos de narcotráfico o secuestro. La ley ata las manos de la justicia. afirmó Arias.
Al preguntarle sobre qué pasaría cuando el contenido de las llamadas intervenidas sea en otro idioma y el juez no lo domine, el fiscal reconoció que estaría en serios problemas, pues no podría utilizarse un traductor debido a que la legislación no se lo permite. Urge reformar algunos aspectos de la ley para bien de la justicia. sentenció el fiscal.
En tanto, Rafael Angel Guillén, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ. cree en la Ley de Intervenciones, a pesar de admitir que el hecho de centralizar las funciones de escucha y transcripción en el juez pueda atrasar la investigación; afirma que le da mayor seguridad al procedimiento y más solidez a una futura prueba.
La recurrente adujo, entre otras cosas, que el juez inició la investigación sin que mediara la acusación del Ministerio Público, que dio el caso a Control de Drogas, cuando según ella era potestad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ. Los magistrados de la Sala IV concluyen que el juez, partiendo de una interpretación errónea de los alcances de la delegación, autorizó a la fiscal de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público, pero extendiéndola a la posibilidad de escucha previa e independiente de él, del contenido de las grabaciones efectuadas, lo que resulta contrario al espíritu del artículo 24 constitucional.
Asegura que la Corte no ha nombrado el personal técnico y especializado idóneo para auxiliar a los jueces a la hora de realizar intervenciones telefónicas La Sala IV ordenó anular todas las transcripciones contenidas en el expediente realizadas por esta funcionaria. Especifica que en cuanto a las intervenciones, no resultan ilegales ni nulas.
La mujer dijo que el juez ha delegado en personas ajenas al proceso y ha nombrado peritos ajenos al OIJ, a quienes ha encargado la práctica de diligencias relacionadas con las grabaciones de las conversaciones.
El Fiscal General de la República, Carlos Arias, asegura que la ley ata de manos a la justicia al centralizar las funciones de escucha y transcripción de las intervenciones en la persona del juez.
El juez José Daniel Hidalgo anuló el procesamiento y debió escuchar todos los casetes, así como transcribirlos, antes de confeccionar de nuevo los autos de requerimiento y luego el de procesamiento contra los acusados de narcotráfico.
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