Con el fallo del TSE contra un discurso globalizante de cuatro candidatos presidenciales, quedaron al desnudo las limitaciones del sistema electoral costarricense.
«El voto del Tribunal Supremo de Elecciones(TSE) moderniza la democracia», destacó el especialista  en derecho     público,   Adonay Arrieta,  tras  comentar un reciente  fallo electoral que obliga a los medios de comunicación a dar trato igualitario a los candidatos presidenciales.
Arrieta  añadió que son muchos los obstáculos que pone el régimen electoral a los ciudadanos en sus pretensiones de inscribirse como aspirantes presidenciales, para que los medios de comunicación y algunas instituciones públicas  vengan a descalificarlos por medio de  las encuestas. «Esto no es explicable ni justo», añadió.
Consideró asimismo que algunos medios de comunicación «han  tratado de montar presidentes de la República», con «formas subliminales» que obligan a los electores a actuar de determinada forma.
«Algunos medios de comunicación apoyaron primero a Rolando Araya, después respaldaron a Abel Pacheco en su lucha contra el expresidente Rafael Angel Calderón, y ahora impulsan a Ottón Solís», detalló.
 
 
ENCUESTAS Y DESIGUALDAD
Arrieta alertó sobre el carácter fraudulento en que pueden quedar las encuestas electorales hechas por empresas e instituciones públicas, debido a que llegan a manipular al ciudadano a favor o en contra de un candidato.
«El otro elemento valioso en este fallo es que el TSE elevó a interés público la información emanada de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia», puntualizó .
De esta forma se refirió al voto del TSE del 26 de diciembre pasado en el que rescata la igualdad de los candidatos presidenciales y ordenó a Televisora de Costa Rica a realizar un debate con los 13 aspirantes a la presidencia. Telenoticias realizó el debate con 12 de los 13 candidatos el 7, 8 y 9 de enero pasado y demostró que el intercambio de ideas era posible.
 
NUEVA CARA
En el voto citado el TSE reivindicó su competencia de «interpretar» la Constitución Política en forma «exclusiva» y «obligatoria».
Cabe destacar que esta potestad de igualar a los candidatos presidenciales no se cumplía por el TSE, debido a que los órganos electorales siempre estuvieron supeditados a una elite política y financiera aglutinada alrededor del bipartidismo.
Es imperativo, dijo el TSE, partir de la igualdad jurídica en que se hallan todos los candidatos a la Presidencia en el proceso electoral. Igualdad, agrega, que proviene de los derechos subjetivos públicos derivados de su igual investidura oficial ante el Registro Civil.
El recurso fue interpuesto por los aspirantes Walter Coto, del Partido Cambio 2000, Justo Orozco, por Renovación Costarricense y Walter Muñoz, de Integración Nacional. Replantea el injusto trato que los medios han dado a candidatos presidenciales fuera de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana, Movimiento Libertario y Acción Ciudadana.
 
FINES PUBLICO
El otro elemento que rescató el TSE es el fin público que tiene la información cuando se trata de candidatos presidenciales, si sus apreciaciones son organizadas para trascender por un medio de comunicación.
Respecto al pronunciamiento del TSE relativo al trato que deben dar a todos los candidatos presidenciales la Universidad de Costa Rica y el Inamu, así como los alegatos de esas instituciones, ver nota en la sección de Universitarias.
Íntimamente vinculado con el principio de igualdad constitucional de los candidatos, señala el TSE, está el derecho que tienen los ciudadanos y particularmente los electores, a conocer la oferta política de los partidos, con el propósito de que puedan, con conocimiento de causa, seleccionar la que responda a sus convicciones e ideología sobre el gobierno y la sociedad en que aspiran vivir.
Vale decir, agrega el Tribunal, que la promoción que de la oferta política hagan los candidatos, lleva el propósito de educar políticamente al pueblo, derecho que no puede ser coartado.
Desde esta perspectiva cualquier limitación que les impida a los candidatos la difusión de la propuesta política que representan, con ventaja para otros que se encuentran en idéntica situación, debe entenderse también como una grave limitación para que los partidos políticos difundan su ideología electoral, con detrimento de la formación democrática de los electores y con perjuicio de la democracia, sostiene.
 
NO PRUEBAN DESIGUALDAD
Por su parte, el representante de Televisora de Costa Rica, René Picado, alegó ante el TSE que las decisiones de carácter periodístico propias de la campaña electoral correspondían a los directores de Telenoticias Canal 7, Pilar Cisneros e Ignacio Santos.
Señaló que los afectados no presentan prueba alguna de que el noticiario sólo entrevista a los representantes de cuatro partidos. Además, no existe mandato legal que obligue a un medio de comunicación privado a proceder como pretenden los aspirantes presidenciales.
Argumentó que el principio de igualdad no tiene carácter absoluto como pretenden los recurrentes.
 
RECURSO CONTRA FALLO
A las críticas contra el fallo del TSE vertidas por los propietarios de medios, así como por algunos de sus más «analistas», se sumó esta semana la de Gilda Aburto Arrieta, periodista independiente que cuestionó la decisión electoral del pasado 26 de diciembre ante la Sala IV.
Aunque la Sala IV ha dicho que no cabe recurso contra el TSE en materia electoral, Aburto sostiene que la decisión de ese Tribunal la ha creado un alarmante estado de incertidumbre, además de la inseguridad jurídica que se deriva de la potestad que se arroga la instancia electoral para acusar de desobediencia ante el Ministerio Público a quienes no ajusten sus conductas a un cuestionable «principio de igualdad».
 
DERECHO A ESTAR INFORMADOS
Mientras tanto, para el especialista y director académico del Colegio de Abogados, Albán Bonilla, la resolución del TSE » es una restricción a las libertades». Empero, reconoce que los medios de comunicación don un poder y que de lo que se trata es de ver si actúan responsablemente.
No parece conveniente que sea un poder irrestricto, porque unos pocos dueños de los medios estarían diciendo a todos los costarricenses qué hacer y cómo pensar. «Estaríamos ante una dictadura de los medios de comunicación», dijo.
Bonilla recordó que los derechos humanos tienen unidad y no pueden enfrentarse entre sí. «El derecho humano de informar alegado por los medios no puede oponerse al de estar informados por parte de los ciudadanos», concluyó.