A tan sólo seis horas de que venciera el plazo concedido por el presidente Andrés Pastrana, la guerrilla y el gobierno alcanzaron un acuerdo que contempla un cese al fuego definitivo en un plazo de tres meses.

 

Luego de varias semanas al límite de que se desatase un conflicto generalizado que hubiese teñido con más sangre el flagelado suelo de Colombia, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los representantes del gobierno del presidente Andrés Pastrana lograron, el pasado 20 de enero, alcanzar un acuerdo mínimo que permitirá continuar con el proceso de diálogo.

A tan sólo seis horas de que expirase el último plazo dado por Pastrana para que los guerrilleros aceptasen una serie de condiciones mínimas que asegurarían la continuidad del proceso de paz, el esfuerzo mediador de la Organización de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y los embajadores de diversos países integrados en un grupo de observadores dio frutos concretos que, a corto plazo, significan una disminución en el grado de violencia del conflicto y que, antes del 7 de abril, deberán convertirse en un cese al fuego.

La frase «in extremis» es apropiada para describir la situación en la que se han salvado unas negociaciones que se iniciaron hace tres años, cuando el recién electo presidente Pastrana decidió conceder a las FARC un territorio de 42 mil kilómetros cuadrados, que se denominó «zona de despeje» o «zona de distensión», en el que los guerrilleros pudiesen sentirse seguros para iniciar un proceso que debería culminar con un acuerdo de paz definitivo tendiente a poner fin a los 38 años de guerra civil que han desangrado ese país y que han cobrado alrededor de 40 mil vidas.

 


Por el momento, las FARC,  la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina, con alrededor de 17 mil efectivos irregulares, se comprometió con acuerdos de índole humanitaria que pretenden bajar la intensidad de la confrontación.  De este modo, los guerrilleros aceptaron: detener los secuestros masivos en las carreteras (denominados «pescas milagrosas») y dejar de utilizar minas antipersonales y cilindros de gas rellenos de dinamita, armamento que ha cobrado muchas víctimas entre la población civil.

A cambio, el gobierno de Pastrana concedió una nueva prórroga para que las FARC puedan permanecer en la zona de distensión y aceptó negociar aspectos como la creación de un subsidio para los desempleados y una actitud más activa de las fuerzas armadas colombianas en contra de los grupos paramilitares de extrema derecha que se han convertido en sus principales enemigos.

TAMBORES DE GUERRA



La determinación de Pastrana y de los mediadores internacionales,  de la ONU, del Vaticano y del grupo de países amigos del proceso de paz (España, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Suiza, México, Venezuela y Cuba), fue lo único que pudo acallar el resurgimiento de los tambores de guerra.

El mandatario, quien se ha jugado su gestión en una arriesgada apuesta por la paz, tuvo que soportar las presiones de los sectores que clamaban por una ofensiva final en contra de la principal guerrilla colombiana.

En un plazo de dos semanas, Pastrana se vio obligado a prorrogar varias veces el ultimátum que había dado a las FARC para que abandonasen la zona de distensión.  Ellos se negaban a continuar con el diálogo debido a los retenes instalados por el ejército alrededor de ese territorio con el fin de evitar que se convirtiese en un acuartelamiento en donde las FARC podían realizar actividades como retener personas secuestradas o acoger a narcotraficantes.

La nueva fortaleza de las fuerzas armadas de Colombia, cuyos efectivos han recibido entrenamiento y armamento de alta tecnología por parte de Estados Unidos, hacía que muchos observasen la opción militar como la única alternativa para acabar con los secuestros, atentados contra la población civil y daños a la infraestructura que los guerrilleros cometían a pesar de estar sentados a la mesa de diálogo con el gobierno.

La situación generada a partir del 11 de setiembre, la declaración de las FARC como «grupo terrorista» por parte de Washington y los intereses estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico llevaron a plantear una ofensiva a gran escala y no se descartaba una intervención estadounidense, aunque sólo fuera de apoyo aéreo a las operaciones terrestres del ejército colombiano.

En este clima pre bélico, Pastrana tuvo que medir muy bien sus pasos y con el apoyo de la mediación internacional consiguió que Manuel Marulanda «Tirofijo» y sus principales comandantes,  entre ellos Raúl Reyes, vocero de la insurgencia, se comprometieran en una agenda que podría llevar a actos tangibles que pongan de manifiesto la voluntad de paz de las partes.



UN INCENDIO DE MUCHOS FRENTES



El compromiso adquirido entre gobierno y guerrilla estipula que para el 7 de abril deberá estar firmado un cese al fuego y de hostilidades que permita la normalización.

La actitud de la guerrilla durante los tres últimos años, de negociar con una mano y disparar con la otra, parece haber colmado la paciencia de la población colombiana, que, aunque puede estar de acuerdo con la mayoría de reivindicaciones sociales de los insurgentes, está ya cansada de la espiral de violencia que llevó al país a un callejón sin salida.

El proceso de paz no es nuevo: los primeros contactos se remontan a veinte años atrás; sin embargo, hasta ahora ha sido imposible que, al menos por unos días, se detengan los asesinatos por razones políticas.

El ideario marxista de las FARC parece haber quedado algo oxidado luego de los cambios en la geopolítica mundial de los  últimos diez años y sus oscuras relaciones con los narcotraficantes, han ensombrecido su papel como fuerza beligerante a favor de los marginados.  De igual modo, su insistencia en utilizar la extorsión y el secuestro como herramientas revolucionarias también acrecentó los problemas de delincuencia común y violencia de ese país.

Una pregunta que para muchos aún no tiene respuesta es: ¿qué harán los insurgentes, una vez que se alcance la paz?  La situación económica es caótica,  debido también en gran medida a las actividades de las FARC y del otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así que su reinserción en la sociedad no será tarea fácil.

Además, si de verdad se lograse la paz con las FARC, sería necesario otro proceso igual de complicado para desmovilizar al ELN.  Asunto más complejo es el de los grupos paramilitares, Autodefensas Unidas de Colombia, que luchan por la vía armada para defender los intereses de los terratenientes y de los grupos oligarcas que se niegan a cualquier concesión a los revolucionarios de izquierda.

Todo esto deja al margen el otro gran problema que ha llevado a Colombia al clima de violencia que vive hoy en día: el narcotráfico.

Amparados por la guerrilla y por los paramilitares, los capos de la droga manejan los hilos de la corrupción y son una amenaza que atenta contra cualquier iniciativa que intente devolver la tranquilidad a un pueblo que ya está cansado de tanta muerte, tantas lágrimas y tanta sangre.

El horizonte está lleno de oscuros nubarrones.  Por esta razón, muchos ciudadanos optan por abandonarlo todo y buscar una vida mejor en otros países.

A pesar de esto, si de verdad las FARC y el gobierno alcanzan un acuerdo que permita el cese de los secuestros, los atentados y las muertes, es posible entonces que la esperanza persista y se dibuje un día claro.