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La Facultad de Derecho decidió iniciar un proceso de acreditación de la carrera de Derecho bajo la consigna -diría yo-, de «no sólo parecerlo sino serlo». De ahí que para muchas «universidades de garaje» ello sencillamente es, más que un proceso, un vía crucis o, lo que es lo mismo, es la aplicación del popular refrán de «quien la debe, la teme».
Pues bien, la Facultad de Derecho de la UCR, al detectar, primero por sí y, posteriormente, por terceros calificados que la evaluarán, sus fortalezas y debilidades, deberá encontrar los necesarios correctivos que harán viable su acreditación y con ello se establecerán las bases de una moderna y fortalecida Facultad de Derecho, en el nuevo siglo.
Sin duda, al darse la acreditación de una universidad o de sus unidades académicas se espera que estas y aquellas sean despojadas de sus viejos trajes, más si estos tienen, como esta Facultad, cerca de 18 años de usarlos: un currículo académico obsoleto, no acorde con la evolución de las instituciones en un mundo «globalizado»; una organización académica decadente, burocratizada y asfixiante, con métodos de enseñanza de principios de siglo (¡escuche, escriba, copie y repita lo que dice el profesor!); «investigaciones» sin aportes reales, que en general son copias burdas de lo que ya se ha dicho desde hace muchos años; un sector administrativo y/o docente que, en general, se olvidó que es soporte de lo principal (la razón de la existencia de la Universidad: los estudiantes); la ausencia de mística, docente, estudiantil y administrativa, que ha hecho necesaria, entre otros sinsentidos la «hoja de control de asistencia» (sic); la desbandada galopante de los principios de moralidad, honradez y honestidad en muchos aspectos que no dejan de alarmar; en fin vestiduras sucias y corroídas.
Todo ello, debo decirlo por honestidad profesional, es la decadencia de los logros académicos y administrativos alcanzados en momentos históricos de la Facultad, como los que se dieron, en los 80, durante la decanatura de la insigne profesora Sonia Picado Sotela.
Así, se espera que la Facultad de Derecho ya acreditada, rejuvenecida y con nuevos atuendos, exhiba su vetusta historia, de más de 150 años de existencia, para continuar siendo el faro que señale los nuevos rumbos en la enseñanza del derecho en el nuevo milenio. Sólo con el remozamiento, de sus estructuras académicas y administrativas, la Facultad de Derecho podría hacer frente a las necesidades en la formación de los nuevos abogados costarricenses; nuevos protagonistas de un escenario aceleradamente globalizado, muchas veces alejado de nuestra «propia identidad» e insensible a la realidad de un país pobre, como el nuestro y que hace grandes esfuerzos por dar mejores profesionales en derecho (y en otras disciplinas), con ética y moral pública incuestionable, incorruptible, diáfana; en fin, sin tacha. Creo firmemente que a eso apunta el objetivo principal de la acreditación de la carrera de Derecho. Por ello su proceso no será un fin en sí mismo y, por el contrario, se constituirá en un medio para hacer cambios profundos en nuestra Facultad, lo que bastante falta hace, en un mundo y un país, violento y con una acelerada crisis y pérdida de valores, con un ambiente rancio y confuso.
Con la acreditación y la estima que ello significará para los estudiantes y personal de la Facultad de Derecho se logrará el reconocimiento al estudiante, al docente y al administrativo esforzados; la calidad académica tan esperada, con las condiciones para ello; señalización clara del camino por seguir en tiempos donde se pasó, cuantitativamente de 2 mil a 13 mil abogados y reflejo de ello, donde la calidad en la enseñanza del derecho se deterioró a pasos agigantados. Por ello, es tiempo, también, para que, antes que lamentos, se procure que la acreditación reafirme el liderazgo incuestionable que la Facultad de Derecho de la UCR tiene y tendrá por muchos siglos más y que el nuevo decanato, a cargo del doctor Rafael González Ballar, bajo su consigna de «puertas abiertas», sea la garantía indispensable para lograrlo.
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