Las primeras elecciones nacionales del milenio recogen una larga tradición electoral, sin mayores sobresaltos en el modelo .
 

«Es una institución electoral importante del sistema», destacó esta semana el abogado  e investigador Luis Guillermo Herrera, tras  revisar la tradición histórica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los  aporte dados a  favor de la democracia participativa.

Herrera es del criterio de que el TSE no ha ampliado el  sistema electoral. En  las elecciones de 1998 el 30.1% de abstencionismo, además de los votos en blanco y los nulos, superaron la cantidad de sufragios para el  presidente electo.

Por el contrario, para el  politólogo José Merino, la democracia  no está tanto en manos de un tribunal, sino es un sistema en  proceso y perfectible .

Además considera que  «no  es un proceso  lineal, pues se recorre sorteando contradicciones, altibajos, estancamientos y  resistencias que, no obstante, va dibujando un camino de democratización ascendente» (revista Parlamentaria  agosto 2000 p. 88-89).
 

En este sentido, al general Tomás Guardia  (quien fundó el primer Consejo Electoral), le importó poco si la democracia era proceso o dependía  de un Tribunal cada cuatro años. Optó, sable en mano,  por garantizar y legitimar la permanencia de su clase, hasta nuestros días, dentro del aparato del Estado, por la vía de los comicios.Guardia es el ídolo del candidato presidencial Ottón Solís, según confesó al periódico La Nación ( revista dominical 27/01/02)

El investigador Rodrigo  Facio  había visto que Guardia trató de estructurar un Estado de apariencia  civil . Este gobierno  de Guardia  «duro» y «progresista» hizo comprender   a  los aristócratas que convenía más tener un sistema liberal ordenado y permanente para garantizar sus negocios y el prestigio de su crédito, añade Facio en su obra  «Estudios sobre economía costarricense».

Es dentro de este marco de «manos sucias», decía el abogado y filósofo Carlos José Gutiérrez, al referirse a los liberales del siglo XIX, que se echa a andar  a finales de 1800 un sistema electoral definido » en función y en beneficio del grupo hegemónico cafetalero», sostiene  el jurista Johnny Alfaro en su tesis de grado «La evolución del sufragio en Costa Rica», Facultad de Derecho, UCR, 1980. Para ello se crearon  normas jurídico- electorales restrictivas y utilizaron  una serie de controles (económicos y educativos, entre otros) con el fin de ejercer «su dominación  sobre la sociedad y el aparato del Estado».



FESTIVIDAD



Un total de 2.279.851 electores inscritos volcarán su confianza este domingo 3 de febrero en un TSE remozado, para unos, o autolimitado, para otros. Los mayores de 18 años escogerán  un presidente, dos vicepresidentes, 57 diputados y representantes municipales en 81 cantones.

Este ciclo comenzó poco después de la independencia política de España en 1821, cuando los habitantes perfilaron un sistema de escogencia para su  gobierno, según recoge  el Pacto de Concordia. Con matices más claros unas veces, o «nublados del día» otras, la voluntad de los rifles y de quienes sabían leer estructuraron la  democracia.

Hoy, tras 54 años después de la escaramuza bélica de 1948, que perfiló un nuevo TSE, no hay voto selectivo, ni doble sufragio, ni discriminaciones por razones de sexo o alcurnia, pero determina, en cambio, el financiamiento privado y público para elegir mandatario y otros representantes del Estado.

Y aunque la  Constitución Política otorga potestades al TSE para organizar y dirigir los procesos electorales en igualdad de condiciones entre los candidatos, el Tribunal no ha ejercido sus  poderes en procura de una democracia con un sistema más participativo.

Según la legislación actual,  entre las amplias prerrogativas del TSE y  del Registro Civil, figuran las de expedir cédulas de identidad, confeccionar el  padrón de electores, contar votos, organizar y dirigir las elecciones generales.

Sin embargo, en la década de lo 80, cuando se planteó al TSE hacer reformas para que el transporte de votantes corrieran por cuenta de ese Tribunal y no de los partidos Liberación Nacional y la llamada oposición – en aras de la igualdad-, rehusó las gestiones aduciendo que carecía de medios, según documentos en poder de UNIVERSIDAD.

A finales de 1990 se le solicitan al TSE medidas en relación con el negocio de las encuestas y declinó tomar cartas en el asunto. Ahora  el candidato presidencial del PLN, Rolando Araya considera que ese método  es un fraude por la manera en que algunos han usado sus datos. Ya José Miguel Corrales había denunciado que su partido sufrió una estafa en la elecciones de 1998 debido a la divulgación de encuestas.

En cuanto a las donaciones para la  propaganda política, en la que el TSE también tiene amplios deberes, sus facultades están autolimitadas. El más reciente caso sucedió en enero cuando la cadena Repretel aparecía con importantes donaciones al PLN, lo que, según el emporio televisivo, no era cierto.

Según el PLN, de octubre a diciembre pasado solo había gastado  ¢744.539.000 en campaña electoral. El PUSC no se quedaba muy atrás y había invertido en la imagen de su candidato ¢ 627.140.000. Estos dos partidos  acordaron disminuir los gastos de campaña electoral.

Acción Ciudadana registraba a esa fecha ¢177.861.000 y Fuerza Democrática ¢ 47.751.000. Mientras el Movimiento Libertario, cuyo candidato presidencial Otto Guevara reconoció públicamente que recibe ingresos de Estados Unidos para «formación» de sus dirigentes, reporta ¢ 6.167.000.



BIPARTIDISMO





Algunos estudiosos de los fenómenos electorales dejan entrever que fue a partir de 1980 cuando se entronizó el fenómeno del  bipartidismo en la vida de los costarricenses a vista y paciencia  del TSE.

El investigador Jorge Rovira explica el bipartidismo como una  de las derivaciones de la crisis económica de principios de la década de los 80 y la turbulencia política en Centroamérica. Fue justamente la confluencia de las dos grandes fuerzas políticas de la postguerra las que impulsaron la institucionalización y cristalización de un sistema de partidos de vocación partidista ( ver ¿»Hacia la consolidación del bipartidismo»?).

Por su parte Merino recuerda que fue el expresidente Luis Alberto Monge quien  pactó con la llamada oposición para consolidar el bipartidismo.

De esta forma el PLN ha tenido que negociar la repartición del poder. En 1956,dice, el PLN se garantizaba su financiamiento estatal e imponía un mínimo del 10% de los votos emitidos para tener acceso a la deuda electoral. También ello  resultó normal y permisible para el TSE.

Sin embargo, el  41.2% alcanzado por la oposición en las elecciones de 1970  obligó al PLN a nuevos acuerdos, y así imponen un 5% de sufragios para tener acceso al pago de la deuda política. En 1988 las reformas electorales permitieron a los partidos mayoritarios obtener sostenidamente financiamiento estatal. Además hicieron más difícil para otras fuerzas emergentes el acceso al poder. Obligan, por ejemplo, a presentar cerca de 30 mil adhesiones para inscribirse en el Registro Civil.

A eso hay que agregar un polémico sistema de cociente y subcociente que para unos beneficia a los partidos emergentes y para otros perjudica a las organizaciones  más votadas. El primero es la cifra obtenida al dividir el total de votos válidos emitidos por el número de plazas en esa elección; en tanto el subcociente es el resultado del total de votos válidos emitido a favor de un partido que, sin alcanzar la cifra cociente, logra o supera el 50% de esta.