A lo largo de 14 años  un grupo de profesionales de la Universidad de Costa Rica han constatado el creciente clima de inseguridad que sienten los ciudadanos costarricenses. Ya no solo se debe al incremento de asaltos, robos y a los nuevos tipos de delito mucho más violentos que han aparecido, sino que la gama es más amplia, y tiene que ver con el deterioro del medio ambiente y con la pérdida de credibilidad en las instituciones, además de que el tico no tiene certeza de si realmente los políticos le van a resolver sus problemas.
Los resultados de sus opiniones sobre las situaciones de violencia, los espacios del poder y los rasgos del sistema político, el impacto de la inmigración internacional y las percepciones acerca de los problemas ambientales, están plasmados en el libro «Estudio de la Opinión Pública Costarricense. Un análisis de los principales temas de conflicto».

Los temas abordados por los investigadores Jorge Poltronieri Vargas, Manuel Araya Incera, Isabel Avendaño Flores,  Guillermo Carvajal Alvarado y Nora Garita Bonilla, tienen como fundamento la Encuesta de Opinión Pública realizada el año anterior, que es parte del proyecto «Evolución de las Estructuras de la Opinión Pública en Costa Rica», inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y dirigido por el Dr. Jorge Poltronieri, de la Escuela de Matemática, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales, y financiado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Su objetivo es saber qué y cómo piensan los costarricenses y su evolución en el transcurso del tiempo. De 1988 a 2001 se han efectuado 14 encuestas en todo el territorio nacional, con muestras que varían de 1.000 a 1.500 personas mayores de 18 años,.
 

Los temas de conflicto contemplados se obtuvieron de un análisis sistemático de los medios de comunicación, y están relacionados con el campo de las privatizaciones, institucionalidad, seguridad ciudadana, salud, seguridad social, gobierno, y democracia, entre otros. Sin embargo, se tomaron en cuenta otras variables importantes, sobre todo las que tienen que ver con el impacto que la crisis está generando en la población: las de confort y los males sicosomáticos.

En este sentido, un 94% de la población tiene televisión a color, 57% VHS, 45% de los hogares posee automóvil, un 80% teléfono, y un 34% de viviendas cuentan con computadora, resultado que pareció sorprendente.

En cuanto a los males sicosomáticos, un 44% había padecido de migraña en el momento de la encuesta o en las cuatro semanas anteriores, dolor de espalda 44%,  tristeza 44 %, males digestivos 29%, e insomnio 27%, lo que refleja que la sociedad tiene relación directa con la crisis de angustia existencial.

En esta última encuesta se consultó sobre si en el último año él o su familia sufrieron algún tipo de agresión, y un 9% declaró haber sido víctima de robo en la vivienda, tentativa de robo un 16%, asalto un 15%, y robo de vehículo o parte de él 7.5%.



YA NO NOS SENTIMOS SEGUROS



De acuerdo con el Dr. Jorge Poltronieri, a lo largo de los últimos 14 años la percepción de inseguridad se ha mantenido rodeada de un cierto ambiente de violencia. Las opiniones mayoritarias fueron «Ya no nos sentimos seguros».

En este momento, un 30% afirma que «Hay que restablecer la pena de muerte», mientras que un nutrido grupo de adherentes (entre un 32% y un 37% en los últimos años), considera que «Las comunidades deben de tomar la justicia en sus propias manos».

En cuanto a justicia, en el transcurso de 1988 al 2001, el cambio ha sido dramático. «Se puede confiar en la Justicia»: de 29% en contra en el 88 pasa a 49.7% en 1995, 53% en 1996, 63% en 1997, 53% en 1998, 54% en 1999, 64% en el 2000 y 59.3% en el 2001.

Igualmente, «La corrupción penetró todos los poderes» dio un resultado de 76.5% a favor en el 2001.

A juicio de la Dra. Nora Garita, el ciudadano no sabe qué le espera, pues hay una incertidumbre, y el clima es de desconfianza y de inseguridad, lo  que ha sido creciente.

Esto se refleja en el alto porcentaje de gente que cree en la pena de muerte, precisamente en un país en el que uno de sus logros históricos ha sido su abolición. Para esta socióloga, la situación muestra un  sentimiento de inseguridad muy grande, donde algunos creen que es la violencia la que va a responder a la violencia.

«Queremos hacer un llamado, apostándole a nuestra institucionalidad democrática. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos y le pedimos a los políticos en esta coyuntura es que hagamos algo para volver a creer en nuestras instituciones, en la justicia. Que se haga justicia pronta y cumplida», dijo.

Aunque cree que de alguna manera debe haber represión al delincuente, piensa que no es así como se va a resolver el problema de la seguridad ni la raíz de la delincuencia.

«Como ciudadanos, debemos pedirle a los políticos qué mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas nos están ofreciendo para que tengamos otras vías de participación comunal en nuestro barrio o municipio, generar mecanismos reales de censura constitucionalmente establecidos para aquellos diputados o funcionarios que incumplan o que no estén dando la talla, para que no sea solo el voto el que decida. Ese es el clamor popular», puntualizó.



EDUCACIÓN, GOBIERNO Y MEDIO AMBIENTE



En los resultados de la encuesta, la labor del sistema educativo se valora como deficiente. A la pregunta «La educación pública se deteriora» se mostró a favor 64% en el 97, 55.5% en  el 98 y 63% en el 2001.

En  lo que respecta a la educación superior, actualmente un 88% considera que «El estado debe seguir financiando las universidades estatales» y un 84% afirma que «Urge regular las universidades privadas».

Un sentimiento que flota en el ambiente nacional es el de abandono por parte del Estado de sus funciones primordiales, tales como salud, seguridad ciudadana, gobernabilidad, educación, etc. Con la frase «Debe haber cárcel para los que evaden los impuestos», el 65% se mostró a favor en el 95,  el 62% en el 96 y el 73% en el 2001.

En cuanto a la percepción de la situación del país, se mantiene muy negativa. En este momento, solo un 12% opina que el país está mejorando.

«Política y corrupción son lo mismo», tenía a favor el 21% en el 99, 60% en el 2000 y 62% en el 2001.

No solo la labor del Gobierno se percibe como negativa; también la justicia, municipalidades, Sala IV y la Asamblea Legislativa se señalan como responsables.

Por otra parte, se nota una conciencia a nivel nacional del problema ambiental. En un alto porcentaje, los encuestados están de acuerdo en que debe haber «Cárcel para los que contaminen el ambiente». Además se indica que «Al gobierno no le importa el problema ambiental».