Mayor participación en la toma de decisiones, definiciones claras en torno al modelo de Estado, un compromiso claro con el ambiento fueron algunas de la peticiones que representantes de los sectores sociales exigieron a los candidatos presidenciales
Un compromiso tímido con los planteamientos de los sectores sociales fue expresado por los candidatos presidenciales Abel Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana y Rolando Araya del Partido Liberación Nacional en un foro realizado por diversas organizaciones el pasado 21 de marzo, en el Auditorio del Poder Judicial.

Declarar a Costa Rica libre de la explotación petrolera, minera, mayor participación de las mujeres en los puestos políticos, cobro más justo de tributos, descentralización en la toma de decisiones y subsidios para los pequeños y medianos productores, fueron los principales aspectos que los sectores sociales plantearon a los políticos.

Por primera vez en la historia política del país y tras conjuntar diferentes planteamientos en torno al desarrollo, representantes indígenas, sindicales, ambientalistas y  campesinos, pidieron a los candidatos presidenciales mayor definición en sus propuestas de gobierno.
 

La actividad fue organizada por la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Mesa Nacional Campesina, Federación Nacional de Trabajadores de los Sectores Públicos, Frente Interno de Trabajadores del ICE y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).

Los planteamientos se sintetizaron en 57 puntos que fueron enviados con anterioridad a los candidatos, a quienes pidieron rubricar el documento de compromiso.



AGENDA PROPIA



Para los organizadores, el fortalecimiento de las instituciones públicas pasa por el rechazo a cualquier forma de privatización, descentralizar la toma de decisiones y crear un sistema de evaluación, impulso al referéndum y al plebiscito como instrumentos de consulta popular y seguimiento de la gestión de gobierno.

En relación con el cobro de tributos, se pidió a los políticos convocar a un proceso de diálogo y negociación en torno a un pacto fiscal y el freno a las reformas tributarias parciales y al margen de la desgravación arancelaria.

Para los sectores sociales, urge la aprobación del proyecto de autonomía de pueblos indígenas y el fortalecimiento de la banca de desarrollo, así como el respeto a las normas ambientales por parte de los empresarios, procesos educativos para el consumo e impulsar al sector social de la economía.

En relación con las políticas de comercio internacional, se le pidió a los políticos consultar con la sociedad los extremos de las negociaciones comerciales internacionales, transparencia en las acciones del Ministerio de Comercio Exterior y el fortalecimiento del agro nacional.

Además,  implementar una política a largo plazo en desarrollo rural, la recuperación de las tierras para las comunidades indígenas y fortalecer la transferencia tecnológica.

El respeto a los convenios firmados por el Estado con la Organización Internacional del Trabajo y la renegociación de las convenciones colectivas, fueron otros de los planteamientos expuestos a Rodríguez y Pacheco.

Luchar contra la corrupción, crear una auditoría ciudadana para las contrataciones privadas, definición de políticas para el trato de los usuarios de servicios y crear órganos externos que promuevan un trato digno para las personas, son otras de las propuestas planteadas.

La declaratoria de Costa Rica como país libre de exploración y explotación petrolera y minera, el rechazo a la utilización de organismos transgénicos, la eliminación del pago de servicios ambientales al manejo forestal y el rechazo a las patentes de vida, fueron las demandas en el campo ambiental.

Al abordar el tema de la seguridad social, se  les solicitó un compromiso con el fortalecimiento de aspectos como la planificación, seguimiento y evaluación de los programas, detener el proceso de desconcentración, delimitar los alcances de las contrataciones privadas y la incorporación de los campesinos y trabajadores independientes como beneficiarios de la seguridad social.

La derogatoria de las leyes 7200 y 7508 que permiten la cogeneración privada, el respaldo al proyecto de fortalecimiento del ICE planteado por los sectores sociales ante la comisión mixta que investigó a la institución y la eliminación del sector eléctrico en la muestra del Fondo Monetario Internacional, son las peticiones hechas por los trabajadores.

En cuanto a la promoción de políticas de género, se les solicitó cumplir con la designación de mujeres en el 50% de los puestos elegibles, la creación de un proceso de información estadística desagregada por sexo, el diseño y ejecución de indicadores de seguimiento a leyes aprobadas y el acceso mayor de las mujeres a la propiedad y recursos productivos.



SI, PERO NO



Ante la consulta de los participantes en el foro, Rolando Araya, candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional, dijo estar parcialmente de acuerdo con aspectos como el pacto fiscal, la reforma a varios artículos de Código de Trabajo que garantizan la libertad sindical y con la utilización de los transgénicos en el país.

Añadió que debe pensarse mejor la forma de pago a las propiedades declaradas como áreas protegidas y apoyó parcialmente la desconcentración del sector salud.

Se opuso a la derogatoria de los contratos de cogeneración por considerar que había un estado de derecho que respetar y cuestionó excluir al sector eléctrico de la muestra del Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, el aspirante presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Abel Pacheco, dijo apoyar solo en parte la descentralización en la toma de decisiones y expresó la necesidad de modificar aspectos de la ley de autonomía de los pueblos indígenas.

En su criterio, en la contratación privada de servicios esta práctica es necesaria en algunos casos y estuvo parcialmente de acuerdo en la definición de mecanismos para incorporar a representantes de la sociedad civil en las juntas directivas de las instituciones estatales.



BALANCE POSITIVO



Para Albino Vargas, Secretario General de la Asociación e Empleados Públicos y Privados (ANEP) uno de los organizadores de la actividad, el foro permitió conocer con más detalle los compromisos que están dispuestos a asumir los candidatos presidenciales ante la sociedad civil.

Resaltó que es la primera vez en la historia del país, que los sectores sociales conjuntan sus agendas para hacer propuestas concretas a los gobernantes y aseguró que velarán por el cumplimiento de los compromisos públicos asumidos por los candidatos.

«Logramos demostrar que los sectores sociales tenemos propuestas a los problemas nacionales y logramos evidenciar el nivel de compromiso de los políticos con los problemas del país», apuntó Vargas.

DIJERON QUE NO
Los candidatos presidenciales rechazaron algunas de las propuestas de la sociedad civil, tal como se muestra en el siguiente cuadro.



ABEL PACHECO



NO al plebiscito y referéndum  como mecanismos de consulta popular ante las reformas del Estado que proponga el gobierno.

NO a reformar el Código de Trabajo.

NO a la eliminación de cárcel en caso de contravenciones.

NO a la propuesta de disminuir el ritmo de desconcentración de la CCSS.

NO a la derogatoria de las leyes de cogeneración privada.

NO a la eliminación del sector eléctrico de la fórmula del Fondo Monetario Internacional.



ROLANDO ARAYA



NO al plebiscito y referéndum  como mecanismos de consulta popular ante las reformas del Estado que proponga el gobierno.

NO a eliminación del pago de servicios ambientales en los casos de manejo forestal.

NO a revisar las normas de patentamiento de vida contenidas en los tratados de libre comercio que el país suscriba.

NO a la eliminación de cárcel en el caso de las contravenciones.