La equidad de género como tarea pendiente en el sistema democrático costarricense y las opciones reales de acceso a la educación para los jóvenes, son los temas abordados con Gloria Valerín, diputada electa por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Gloria Valerín, diputada electa por el Partido Unidad Social Cristiana..

 
 
 
La vinculación del estudio con el trabajo y el impulso a una banca de desarrollo que permita el acceso a créditos para jóvenes y mujeres microempresarias, son algunas de las prioridades que deben impulsarse en el nuevo gobierno, según la diputada electa por el PUSC, Gloria Valerín.

Aunque reconoció avances en la legislación que garantiza derechos a las féminas, Valerín apuntó la necesidad de hacer cumplir las normas y ampliarlas para que ellas lleguen a ocupar el 50% de los puestos de elección popular.

Sobre estos mismos temas fue entrevistada Sandra Piszk, candidata a vicepresidenta por el Partido Liberación Nacional.(Ver edición anterior)
 

En materia de educación, la diputada electa reiteró la necesidad de ofrecer carreras universitarias atractivas para la juventud y abogó por una mayor participación de este sector en la toma de decisiones.

A continuación una síntesis de la conversación con Valerín, la cual fue transcrita por el periodista William Vargas.





Una de las demandas más frecuentes de los jóvenes es que los adultos eligen por ellos y que la juventud no es protagonista de sus propios proyectos y programas ¿A través de cuáles mecanismos un futuro gobierno de su partido revertirá esa situación?



-Los adolescentes no encuentran su espacio en la sociedad porque los adultos se lo impedimos y decidimos por ellos. Esta situación está cambiando pero hay que fortalecerla tal como se está haciendo a favor de las mujeres.

Hay que trabajar con ellos y desde ellos para que definan sus necesidades educativas y laborales.

Fundar un instituto de la juventud podría potenciar la participación de este sector en la toma de decisiones, ya que éste elaboraría políticas públicas y fiscalizaría la aplicación de esas directrices en las demás dependencias estatales.



Una de las principales propuestas del PLN para la presente campaña es la de ofrecer el salario escolar hasta los 17 años. Sin embargo, el problema de deserción en secundaria no es sólo económico. ¿Cuáles son sus propuestas en los que se refiere a planes de estudio, capacitación  e inversión en infraestructura?



-En nuestro país la deserción está relacionada con la pobreza. El común denominador en todos los pobres es un jefe de familia con bajo nivel educativo.

Hay que ofrecer oportunidades para que nuestros jóvenes no queden excluidos de las ventajas del estudio y el trabajo. A través de becas puede ayudarse a la juventud para que acceda a la educación. Además hay que hacer atractivo el sistema educativo reforzando el deporte y la recreación.

Debemos combinar la educación con el trabajo para que los seres humanos aprendamos a ser más integrales.



Muchas universidades privadas hacen de la educación un negocio y prácticamente estafan a los estudiantes con títulos que tienen poco valor en el mercado ¿Cómo regular las universidades privadas, su calidad y que no sean solo un mecanismo para enriquecer a sus dueños y cómo garantizar la igualdad de condiciones y el acceso a la educación superior?



-Las universidades privadas se han convertido en una opción más democrática que las universidades públicas por los obstáculos que los centros estatales imponen a los estudiantes para ingresar a las carreras.

Sin embargo hay que controlar a los centros privados para evitar la estafa a los estudiantes y si fuera necesario deben modificarse las leyes. También, mejorar la calidad en la universidad pública y los sistemas de acreditación para todas las universidades podrían ayudar mucho.



Cientos de jóvenes se sienten frustrados porque tras obtener un título universitario no encuentran trabajo o son mal pagados. ¿Cómo asegurar a la población joven empleos estables y bien remunerados?



-Hay que diversificar las carreras para que respondan a las necesidades de hoy y abran opciones de trabajo para la juventud en campos como turismo, informática, hotelería y afines. Por eso urge revisar las carreras que brinda el Instituto Nacional de Aprendizaje.

La receta fondomonetarista de privatizar activos estatales no es viable en el país porque los ciudadanos no lo quieren. Debemos generar más riqueza a través de la producción y el impulso crediticio a  la microempresa sector en el que se ubican buena parte de los trabajadores.



La juventud de las zonas rurales es la más pobre, analfabeta, desempleada y desesperanzada ¿cómo asegurar a los campesinos pobres un mejor futuro sin que se reduzcan sus opciones a cambios en los productos que siembran y cultivan?



-Hay que impulsar una banca de desarrollo. Los agricultores necesitan un apoyo más contundente. Los jóvenes del campo merecen más oportunidades para el estudio y acceso al crédito. También debe propiciarse un mayor acceso a la propiedad de la tierra.

La combinación de trabajo y educación nos permitirá elevar la calidad de vida de nuestros jóvenes al generar riqueza. Las experiencias cubanas en este sentido son importantes de analizar y adaptarlas a nuestra realidad.



Las mujeres, por lo general,  se enfrentan a desigualdades en cuanto a salarios y oportunidades de empleo, respecto a los hombres. ¿Cuáles son las propuestas para conseguir  una mayor equidad en el aspecto laboral?



-En primer lugar educar a nuestras niñas y jóvenes para que trasciendan las labores del hogar. Las mujeres con su trabajo doméstico contribuyen con el 12% del PIB.

La diferencia en la percepción de ingresos entre hombres y mujeres tiene que ver también con las limitaciones que tienen las mujeres a carreras mejor remuneradas. Hay que superar el mito de que las mujeres no son buenas para las matemáticas e impulsarlas más para que accedan a carreras como las ingenierías.

Otro aspecto que debe revisarse es la inspección de trabajo y difundir más los derechos de las mujeres, para que ellas se  apropien y aprendan a exigirlos.



Entre 1999 y el 2000 las consultas ante el Ministerio de Trabajo sobre el despido de mujeres embarazadas aumentó de 342  a 731. ¿Se ha convertido la normativa  existente en un obstáculo para obtener trabajo o seguir laborando?. ¿Qué hacer para que este derecho sea realmente efectivo?





-Primero hay que desmitificar el costo que tiene para las empresas el embarazo de sus trabajadoras. Un estudio realizado en Brasil demuestra que las incapacidades por maternidad representan solo un 1% para los empresarios, porque la mayoría es asumido por la seguridad social del Estado.

Sin embargo, los despidos por maternidad que se encubren son muchos más de los que se denuncian. Las leyes han servido para que las mujeres denuncien los abusos.

Sin embargo tenemos problemas en la celeridad para aplicar las justicia.

El entrabamiento en el Poder Judicial es tal que los juicios laborales tratan más de tres años como promedio.



Usted cuando fue Ministra de la Condición de la Mujer dijo que de no aprobarse la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a los diputados. Ahora que usted será legisladora, ¿mantiene esa posición?



-La mantengo… pero antes hay que agotar todos los recursos internos. Costa Rica se ha comprometido a respetar los derechos de las mujeres en diversos foros internacionales y hay que hacerlos valer.

Si el Estado tiene los medios para cumplir con los compromisos asumidos y no lo hace, debe asumir la responsabilidad.



El PUSC ha reiterado su compromiso verbal a favor de las mujeres, sin embargo no se ha cumplido con dar al INAMU (Instituto Nacional de la Mujer) el presupuesto que por ley le corresponde. ¿ Es esto un reflejo de la separación entre el discurso y la práctica? ¿Cuáles fueron sus acciones para exigir el monto requerido y por qué no se obtuvo el dinero que la ley planteaba?



-Hay que cuidar el aspecto macroeconómico, por eso no se le puede dar a las instituciones todos los recursos que señalan las leyes específicas. Darlo o no es una potestad del Poder Ejecutivo.

El INAMU demostró que con pocos recursos (¢800 millones para este año), es posible trabajar en forma eficiente. No olvidemos que las labores por la equidad no son solo tarea del Instituto sino de todas las instituciones estatales.

Reconozco que la falta de recursos nos impidió trabajar el tema de la masculinidad y desarrollar otros proyectos. Pedí más dinero pero no había posibilidad de aumentar el presupuesto. Con mayores fondos podríamos avanzar más en aspectos de equidad.



Según algunas organizaciones de mujeres y el PLN, al Ministerio de la Condición de la Mujer hay que imprimirle también un carácter de dar acciones preventivas. ¿Apoyaría el PUSC esa posición, y en qué áreas?



-Desde el INAMU se hicieron acciones preventivas en violencia contra la mujer. Hicimos campañas, desarrollamos programas en escuelas y creamos redes interinstitucionales y comunales.

Se ha hecho trabajo preventivo pero se puede profundizar. Aquí se requiere un protagonismo mayor de la sociedad civil y no dejar solo al gobierno en la ejecución de las acciones.



Pese a las legislaciones, aún subsisten funcionarios de alto nivel con poca conciencia de género e incluso algunos que han sido denunciados por abuso y acoso sexual ¿Cómo superar estas dificultades?



-Lo primero es hacer cumplir la ley y que las instituciones formulen los reglamentos contra el acoso sexual.

También hay que revisar los procedimientos. No es posible que haya instituciones donde las denuncias por acoso han tardado hasta 10 años en resolverse. Esto atenta contra los derechos de las trabajadoras.

Cuando llegue a la Asamblea Legislativa propondré revisar un proyecto que fue presentado por la Defensoría de los Habitantes.

Reconozco el esfuerzo de instituciones como el ICE que no solo tienen el reglamento, sino que se hace cumplir con el respaldo de las autoridades máximas de la institución.



Con mucha frecuencia las mujeres que desempeñan puestos públicos altos anteponen las directrices de partido o su concepción ideológica a las propuestas de equidad de género. ¿Cómo se puede superar esta limitación?



-Muchas veces las mujeres anteponen la ideología patriarcal a sus intereses de género. Si hubiese una directriz de partido que entrara en contradicción con los intereses de las mujeres, mi compromiso estará con los intereses del pueblo y no de un partido político.

En la próxima Asamblea Legislativa hay muchas posibilidades para que las mujeres impulsemos un gran proyecto político que reivindique nuestros derechos y en procura de la equidad de género.

Las diferencias partidarias pueden dejarse de lado en aras de una agenda común priorizada para hacer de esta democracia una experiencia paritaria.



Las organizaciones de mujeres han planteado una serie de puntos que consideran importantes de impulsar en el próximo gobierno. ¿A cuáles puntos de la agenda expuesta, le darían prioridad?



-Lo primero es impulsar la autonomía de las mujeres. No se puede acceder al empleo ni ser persona cuando las mujeres deben pedir permiso para salir de la casa.

En segundo lugar tender a la unidad de las mujeres. Tenemos derecho a tener pensamientos diferentes pero debemos buscar la consolidación de nuestros derechos.

En tercer lugar, en cualquier proyecto político de este tipo debemos incluir a todas las mujeres y no solo a las de una clase social o económica u opción política.

Debemos trabajar en forma prioritaria la creación de un sistema nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

En materia de trabajo hay que buscar créditos y asistencia para las mujeres microempresarias. Además hay que buscar alternativas de cuido de los niños para que las mujeres puedan salir a trabajar.

El tercer gran reto es lograr que las mujeres ocupen al menos el 50% de los puestos en la Asamblea Legislativa y en otros espacios de toma de decisiones.