Costa Rica no quiere ser gobernada por «un hombre fuerte». Y ha repartido el poder lo suficiente para que no se tomen decisiones sin escucharla.

El 41.20 por ciento de los costarricenses aptos para votar no le dieron su apoyo ni a Abel Pacheco ni a Rolando Araya o se abstuvieron de ir a sufragar. ¿Se tendrá que repetir la lucha contra el combo?

 
 
 
 
 
 
 
Definitivamente que el médico Abel Pacheco, presidente electo, no podrá ser un führer o aquel «hombre fuerte» que maniobre hacia la privatización y apertura comercial, incluso contra la voluntad de la población.

No podrá serlo a pesar de que, en distintos momentos de su vida, Pacheco ha demostrado que no le tiembla el pulso: en 1949, como «mariachi» en el exilio, participó en una invasión de Costa Rica respaldada por el dictador Somoza. Más cerca, en plena recta final de las elecciones que finalmente ganó el 7 de abril, se deshizo sin clemencia de su segundo Vicepresidente, Luis Fishman.

No podría porque, como expresa la socióloga Ciska Raventós, directora del Instituto de Investigaciones Sociales, de la UCR (ver su artículo «El mandato es escuchar»), su posición «es débil, dado que fue electo por poco más de un tercio de los votantes.»
 

Al escrutarse casi la totalidad de los sufragios legalmente emitidos en la segunda ronda electoral, el pasado 7 de abril, Pacheco había ganado la Presidencia con los votos de apenas el 34.1% del electorado.

Inclusive, el abstencionismo -que en el sistema electoral costarricense incluye los votos nulos y en blanco, además de quienes decidieron no ejercer este derecho-, alcanzaba el 39%, es decir, que era superior en casi seis puntos a la votación recibida por Pacheco, y el más alto en los últimos 50 años, según recordó el diario La Nación. («Abel presidente», 8/4/02)

A esto se suma la distribución del poder que los votantes han hecho en la Asamblea Legislativa, la cual ha permitido la presencia de una tercera fuerza numéricamente capaz de relacionarse de «tú a tú» con los partidos tradicionales.

«La ruptura de la composición bipartidaria del congreso, sumada a la reivindicación de la moral pública que ha hecho el PAC, le impide (a don Abel Pacheco) continuar con las formas de negociación política que existieron entre los partidos mayoritarios en las últimas décadas, donde los pactos de reparto -cuyos criterios y móviles políticos en general no eran públicos- fueron la forma dominante de negociación», dijo Raventós.

Pero don Abel tampoco podrá ser un «führer a la tica»,  no solo porque carece del respaldo necesario, sino porque el tiempo corre en su contra y la paciencia de la población es cada vez más corta.

El sociólogo Carlos Sojo, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), lo expresa de la siguiente manera: «El nuevo gobierno está enfrentado indudablemente a la necesidad de promover un nuevo estilo de hacer política. Un liderazgo comprometido con la probidad es esencial, pero no suficiente. Los medios tradicionales de la democracia representativa, remozados con partidos políticos que se saben renovar o que pueden constituirse sobre nuevos parámetros éticos e ideológicos, deben acompañarse de procedimientos participativos centrados en la dinámica del diálogo social.» (Ver «Un Gobierno con inteligencia emocional»).

En opinión de Sojo, además de ese primer reto, el Presidente Electo tiene otros dos de la mayor importancia: «acometer de una vez la tarea pendiente más importante de las últimas dos décadas: el relanzamiento de las oportunidades de movilidad social. (…) y enfrentar con entereza el desafío fiscal.» Esto último pasa por «la necesidad de ampliar la carga fiscal: cobrando mejor los impuestos y aumentando la carga tributaria, que se ha revelado insuficiente para el nivel de vida al que aspiramos.»

Por lo pronto, ha sorprendido que al día siguiente de su elección, y en su condición de diputado, Pacheco anunciara como dos de sus prioridades las aprobaciones de los tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, que son vistos por las agricultoras y productores nacionales como amenazas a su sobreviviencia. Además, su declaración en el sentido que no buscará modificar la estructura tributaria -reconocida como regresiva e injusta-, sino que únicamente mejorará la recaudación.

¿Sabrá don Abel escuchar a la población y también leer los signos de los tiempos? ¿O tendrá la ciudadanía que volver a tocar sus tambores?





EL MANDATO ES ESCUCHAR



Ciska Raventós*



El principal reto que tiene don Abel Pacheco es ser capaz de traducir la confianza personal que inspiró en los electores, en políticas que contribuyan efectivamente a enfrentar los problemas que aquejan a la población. Durante los últimos meses, don Abel orientó su campaña política a mostrar su identificación con ciudadanos de todo el país, con sus situaciones de vida y con sus problemas. Creo que logró inspirar confianza en las personas que votaron por él, a pesar de que no presentó propuestas concretas. Ahora se enfrenta con el reto no traicionar esa confianza -fundamentalmente afectiva-, al aplicar las políticas de gobierno.

También está obligado a establecer nuevas formas de relación con la Asamblea Legislativa. La ruptura de la composición bipartidaria del congreso, sumada a la reivindicación de la moral pública que ha hecho el PAC, le impide continuar con las formas de negociación política que existieron entre los partidos mayoritarios en las últimas décadas, donde los pactos de reparto -cuyos criterios y móviles políticos en general no eran públicos- fueron la forma dominante de negociación.

En los últimos años, el pacto Figueres-Calderón, la negociación en torno a las pensiones del Magisterio y la negociación del Combo del ICE -presuntamente a cambio de la reelección presidencial-, contribuyeron a desprestigiar a la política y a los políticos entre la población. La división de la Asamblea en tres bloques grandes, con una cuarta fuerza significativa, dificulta el mantenimiento de estos mecanismos de negociación y le abre a don Abel la oportunidad de generar, desde el Poder Ejecutivo, nuevas formas de relación con el Congreso, que supongan conversaciones más públicas con las distintas fuerzas, con  criterios políticos más explícitos, lo cual podría contribuir a mejorar entre la población la confianza en sus representantes.

El mandato de don Abel -no debe olvidarse- es débil, dado que fue electo por poco más de un tercio de los votantes. La esperanza es que traduzca esta debilidad en nuevas formas -más transparentes- de hacer política, en beneficio de la mayor parte de la población que percibe que no es tomada en cuenta en las decisiones de los gobernantes.



*Directora Instituto de Investigaciones Sociales, de la UCR.





UN GOBIERNO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL



Carlos Sojo*



La organización de la política pública para el próximo cuatrienio demanda, para usar una expresión de psicología contemporánea, un enfoque con inteligencias múltiples. Se trata no solamente de disponer de un gobierno competente en una o varias áreas de la política pública, sino un gobierno capaz en sentido integral.

Sus predecesores han sido gobiernos con destrezas localizadas, unos en el ámbito político -exterior o interno- otros en el ámbito económico y comercial.  El denominador común en términos generales es un cierto abandono de lo social como prioridad. Esto significa que las necesidades de transformación social se han entendido, en lo sustantivo, como subproductos de la buena gestión en otros campos. Pero los tiempos demandan nuevas aproximaciones a los problemas del país.

En mi opinión, tres aspectos requieren atención especial y señalan desafíos de primera línea para la futura administración. Antes de enunciarlos quiero insistir en que se trata de fenómenos interrelacionados, donde el éxito o el fracaso, el paso lento o el veloz, serán producto del balance de conjunto. Por ello, el orden de los factores no es determinante.

En primer lugar, el nuevo gobierno está enfrentado indudablemente a la necesidad de promover un nuevo estilo de hacer política. No solo se trata de impulsar cambios legales, algunos importantes para re-formar la institucionalidad pública y en ella el proceso decisional. Lo central es introducir, de una vez por todas, conductas y acciones claras de buen gobierno: transparencia, información y rendición de cuentas, más allá de la retórica. Un liderazgo comprometido con la probidad es esencial, pero no suficiente. Los medios tradicionales de la democracia representativa, remozados con partidos políticos que se saben renovar o que pueden constituirse sobre nuevos parámetros éticos e ideológicos, deben acompañarse de procedimientos participativos centrados en la dinámica del diálogo social.

En segundo lugar, el país debe acometer de una vez la tarea pendiente más importante de las últimas dos décadas: el relanzamiento de las oportunidades de movilidad social. No solamente crear condiciones para la disminución de los niveles de pobreza, estancados desde principios de los 80 en la quinta parte de las familias. Se trata de hacer frente también al riesgo de empobrecimiento, difícil de observar cuando las políticas se detienen abruptamente al filo de la línea de pobreza por ingreso. Factores culturales y territoriales son aspectos de la dinámica de exclusión social, y su incorporación en los programas de superación y prevención de la pobreza es precondición para una movilidad desde abajo.

Para garantizar, en suma, condiciones de bienestar duradero, el combate de la exclusión social en sus distintas formas, debe propiciar medios de integración que mejoren el horizonte de satisfacción de expectativas que está en la base de la inconformidad ciudadana, especialmente de la joven, con la política tradicional.

Y, por último, es indispensable enfrentar con entereza el desafío fiscal. Los últimos gobiernos han optado por el endeudamiento y sus consecuencias sociales regresivas porque no han construido condiciones políticas para enfrentar la necesidad de ampliar la carga fiscal: cobrar mejor los impuestos y aumentar la carga tributaria, que se ha revelado insuficiente para el nivel de vida al que aspiramos. Pero la precondición de un nuevo «pacto fiscal» supone necesariamente el escrutinio más severo posible sobre la calidad del gasto público y su fuerza distributiva.

Un buen pacto fiscal debe ser parte de esa nueva forma de hacer política que demanda el primer desafío señalado, y sus consecuencias se habrán de revelar en la capacidad de creación de movilidad social, freno a la exclusión y disminución de la pobreza. De ahí el enfoque integral de un gobierno de inteligencias múltiples. Después de todo, hoy día se sabe mejor que el crecimiento económico o el equilibrio fiscal, por sí solos no conducen inevitablemente al bienestar.