De aprobarse en segundo debate un proyecto de ley que busca fortalecer a los gobiernos locales, la educación y los servicios de salud pasarían a las municipalidades
Los docentes se manifestaron en las barras de la Asamblea Legislativa contra el proyecto de municipalizar servicios de educación y salud.
De «retroceso para el país», calificaron  esta semana dirigentes gremiales  el proyecto de ley «Transferencias de competencias y fortalecimiento de los gobiernos locales»,  el cual traslada servicios de salud y educación a los concejos municipales.

«Las municipalidades están carcomidas por  corrupción y de  politiquería y además desfinanciadas, lo que se acentuará si al mencionado proyecto  le dan segundo debate y lo convierten en ley de la República», declaró a  UNIVERSIDAD Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
 

Criterio similar expresó para este Semanario Eloísa Bedoya, del Sindicato de Educadores Costarricense (SEC), tras considerar que la iniciativa legislativa se enmarca dentro de los siete proyectos de ley para combatir el déficit  fiscal.

Bedoya recordó que además de trasladar a los ayuntamientos lo relativo a la educación pública, los siete proyectos de leyes financieras de los ex ministros de hacienda, tratan de desmembrar el sistema de jubilaciones del magisterio. En este sentido alertó a los padres de familia sobre el deterioro que sufrirá la educación de aprobarse estas propuestas.

Como se recuerda, el  plan de  los ex ministros de Hacienda plantea la eliminación  de leyes para financiamientos específicos, revisar los incentivos a los empleados públicos y unir en un solo sistema de pensiones a todos los empleados públicos. Ello equivale a decir que tendrían un solo régimen de jubilaciones a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), precisó Bedoya.

Para el secretario general de la ANEP, el plan para municipalizar los servicios de   salud y la educación no » es   otra cosa que  una  ocurrencia dirigida a politiquear  aún más con los Concejos».



DE LEGISLAR VIVE EL HOMBRE



«La ocurrencia» de este proyecto aprobado en primer debate el 10 de abril, según Vargas, contiene entre otros alcances, la transferencia total o parcial de funciones   » atribuidas a la Administración central y a los entes descentralizados que razonablemente puedan ser ejercidas a nivel local, siempre que no haya impedimento constitucional».

Además, «cuando convenga a la mejor prestación del servicio público, la transferencia puede comprender el ejercicio total o parcial de las potestades disciplinarias sobre el personal cubierto por el convenio respectivo».

Un análisis llano de la última parte de esta disposición contenida en el artículo 13, equivale a decir que cuando  convenga a la mejor prestación del servicio público, entonces podría  dicha transferencia  de competencia estar por encima, incluso, de las disposiciones  constitucionales en torno al Servicio Civil.

Si bien el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo desmantelaron en sus principales funciones en otra época, a vista y paciencia del Servicio Civil – y más recientemente también la cartera de salud- la Constitución otorga potestades específicas al Servicio Civil. Otra cosa es que no las haya reclamado.

Según el artículo 26 del proyecto de municipalización, todos los extremos laborales correspondientes a los empleados municipales se entenderán liquidadas al cesar las respectivas transferencias. » Dichos servidores se regirán por el régimen aplicable a todos los servidores municipales, especialmente en cuanto a requisitos de idoneidad».

El plan mencionado resultó de las ideas conjuntas   de los legisladores socialcristianos y liberacionistas, Ligia Castro, Irene Urpi, Virginai Aguiluz, Juven Cambronero y Manuel Antonio Bolaños.

El proyecto crea de refilón un nuevo cuerpo armado en los 81 cantones llamado policía municipal,  para «coadyuvar en la ejecución de las políticas y decisiones municipales» subordinada » a los jerarcas de la Fuerza Pública» en caso de emergencia o catástrofe declarada o » por razones de seguridad nacional».

Establece «el apoyo» y «participación efectiva» de los Concejos en la administración de acueductos rurales, alcantarillado pluvial y sanitario, lucha contra la pobreza, planificación y control del desarrollo urbano, recolección, transporte y tratamiento de desechos sólidos, conservación del ambiente, promoción, apoyo y «fiscalización» de la calidad de educación pública, desarrollo de proyectos colectivos habitacionales, fomento y desarrollo de la cultura y el arte.

El proyecto estaba en  la Sala Constitucional y al cierre de edición (15 de abril), le habían asignado  el expediente 022283.

Los diputados  aseguran a los Concejos un 10% mínimo de los ingresos ordinarios del presupuesto de la República.

Del 10% que en teoría entregará el Estado a las corporaciones municipales, un 30% se distribuirá por partes iguales, un 20% de acuerdo con los habitantes de cada cantón, un 40% de conformidad a la extensión territorial del cantón y un 10% en orden proporcionalmente inverso al índice de pobreza en cada cantón.

Lo singular del proyecto es que permite grados de manipulación política en forma piramidal.  En la base, los ciudadanos son enrolados con temas  relacionadas con  rendición de cuentas o derechos humanos, a cargo  de los munícipes  elegidos por  Liberación y la Unidad; mientras la cúpula de la pirámide la ocupa  el Poder Ejecutivo, que  se reserva el derecho de la emisión y reglamentación de las directrices a regir y dirigir el proceso de transferencias, » sin perjuicio de las autonomías garantizadas constitucionalmente».

Asimismo existe  otra peculiar apreciación en cuanto a que designa a las municipalidades rentas fijas provenientes del presupuesto nacional ordinario, en momentos en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aboga por un paquete de nuevos impuestos  disfrazado de reforma tributaria, para que » el pobre pague como pobre y el rico como rico», según la versión gubernamental.

Específicamente en las siete leyes de reformas tributarias ideadas por los ex ministros de Hacienda, además de acabar con sistemas de jubilaciones financieramente sólidos – caso del magisterio, por ejemplo- establece un superministerio de Hacienda que será el encargado de distribuir  los ingresos.

De esta manera, la imposición de cargas a la gasolina, por ejemplo, cuyos argumentos entonces fueron contar con financiamiento  para el mejoramiento de la red vial, pasarían a control absoluto del  superministerio de Hacienda, algo similar a la concentración de atribuciones con que contó el exministro argentino  Domingo Cavallo.

De esta concentración política y financiera en una sola persona dieron cuenta en Argentina los bancos, los ahorrantes y pequeños inversionistas y las cajas para jubilaciones. La meta siempre fue la justicia tributaria.

En cuanto a Costa Rica, la municipalización de servicios elementales, el nuevo paquete tributario, así como una serie de leyes aprobadas últimamente en la Asamblea Legislativa para liberalizar la economía, distan mucho de los objetivos que dicen alcanzar.

Al menos, en cuanto al paquete tributario – ideas surgidas del cónclave de ex ministros de hacienda- el abogado Joaquín Valverde Berrocal advirtió que es falso el viraje fiscal impulsado por la actual administración y que lo que busca es repartir la pobreza. En tanto, para Adrián Torrealba, Director General de Tributación, las ideas de los ex jerarcas de hacienda, resuelven las  deficiencias legislativas en materia fiscal (La Nación, 13 y 15 de abril).

Sin embargo, según afirmó Vargas, de la ANEP, en esto de las municipalización de servicios, así  como en los proyectos de leyes fiscales, no  hay disposición política de dotar al país de un nuevo pacto fiscal, más justo y más equitativo, sino de imponer a

rajatabla el criterio de las cúpulas políticas.