El primer reto de la nueva Asamblea Legislativa, sería poner a funcionar una pantalla electrónica.
Hace 17 años -en 1985- en el Plenario de la Asamblea Legislativa fue instalada una pantalla electrónica con el de que en ella se identificara y contara el voto de cada diputada y diputado.
Pero, según explicó Luz Marina Gamboa, funcionaria con 33 años de trabajar en el primer poder de la República, la innovación duró poco.
¿Por qué? Existen dos explicaciones. La formal (o farisea) y la real (o verdadera). La primera dice que después de hacer el gasto de compra e instalación, los padres de la Patria recordaron que el Reglamento Legislativo establece, en su Artículo 100: «…los diputados expresarán su voto afirmativo poniéndose de pie, y el negativo, permaneciendo sentados; mientras la Secretaría cuenta los votos, conservarán los votantes su posición respectiva.»
La real dice que los parlamentarios del bipartidismo se incomodaron por la existencia de la pantalla, a la cual vieron como una incómoda fiscalización. Lo cierto es que, durante su presidencia, el diputado Fernando Volio ordenó retirarla.
Hoy, la mudez de la pantalla en el rincón olvidado de alguna bodega legislativa, habla a gritos de la historia del bipartidismo: la decisión de Volio solo ratificó la práctica por la cual el Partido Liberación Nacional y la oposición que evolucionaría hacia el Partido Unidad Social Cristiana, buscaron acuerdos de cúpulas para gobernar, hasta el punto en que la transparencia e individualización de las votaciones pasó a un segundo plano.
 
La Asamblea Legislativa no fue más que el síntoma de la correlación de fuerzas y de la hegemonía política y social existente en la sociedad: mientras esta forma de hacer las cosas funcionó a los de arriba, y más o menos sirvió al resto, los únicos en reclamar fueron el ínfimo y esporádico número de diputados de izquierda que lograron escaños.
Pero, ¿por qué quienes abogan por «modernizar» la economía mediante el desmantelamiento del Estado social de derecho -y no dudan en explotar las «trampas» de la ley con ese fin-, se vuelven respetuosos de ella cuando se trata de reemplazar una forma de votación del tiempo de los Picapiedra, por la moderna y pública que implicaría una pantalla electrónica?
Porque, como al conde Drácula, la luz les hace daño. Gracias a la vigencia del viejo método, el presidente del Directorio puede afirmar que existe quórum cuando no lo hay, pero le conviene hacerlo, y negar que lo haya cuando existe, pero no le conviene. Más aún, puede afirmar que se ganó una votación cuando en realidad se perdió, y no hay manera de probar lo contrario.
«No existe un registro legislativo de las votaciones», dice el diputado independiente (ex Fuerza Democrática) José Merino del Río, quien junto con un puñado variable de colegas ha debido soportar la truculencia durante los últimos cuatro años.
El ejemplo más reciente fue denunciado por el también diputado opositor (ex Fuerza Democrática) Célimo Guido Cruz.
La administración Rodríguez quería dejar aprobado, en primer debate, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, antes de que entrara en funciones la próxima Asamblea Legislativa.
El 25 de abril, al cumplirse el primer día de discusión de las mociones de fondo al proyecto de TLC con Canadá, según el artículo 137 de Reglamento Legislativo, solo había 36 de los 38 parlamentarios requeridos para que existiera quórum. Pero, el presidente de la Asamblea, diputado Ovidio Pacheco, del PUSC, validó la sesión. «Aprovechó para que se leyeran todas las mociones y, de seguido, envió el proyecto a la comisión, todo para ganar tiempo y que el TLC se aprobara», dijo Guido Cruz.
Posteriormente, Pacheco trató de forzar la votación para favorecer una moción de su partido según la cual el Plenario sesionaría el lunes 29 desde las 10 a.m., con el fin de garantizar la votación del TLC antes del inicio de la próxima legislatura. Después de tres intentos, que fueron reclamados por el puñado de diputados que defienden a los paperos de Cartago, Pacheco tuvo que reconocer su derrota. Esta vez quedó claro que mientras afirmó que la moción había sido aprobada por 38 votos contra 10, en realidad nunca logró superar los 32 votos (seis menos que el mínimo requerido).
Ese lunes, cuando Guido Cruz reclamó a Pacheco por su manipulación de los votos, este a su vez descargó la responsabilidad en los dos ujieres encargados -por él, su jefe- de contar los votos.
Así, las condiciones son perfectas no solo para la manipulación, sino para que los diputados y las diputadas no tengan que rendir cuentas por su conducta en el Plenario, pues la votación nunca es nominal: en las actas solo constan las cantidades totales de votos a favor y en contra, según la contabilidad de los ujieres.
Se trata, pues, de un sistema que fomenta la doble conducta y la corrupción de los padres y las madres de la Patria, pues les permite tener un discurso de cara a la gente, y simultáneamente los protege para que voten en sentido contrario.
La Asamblea ha funcionado así durante los últimos 15 años. Y si algo está claro es que al bipartidismo nunca le interesó proponer una reforma al Reglamento Legislativo que llevara a sacar a la luz, a la transparencia pública, a la rendición de cuentas, sus secretos y rápidos pactos de cúpulas.
Esto tampoco ha sido de interés de la gran prensa nacional. Medios influyentes, como «La Nación» dieron, junto al PUSC y al PLN, una lucha a brazo partido por crear un clima de opinión favorable a las reformas al Reglamento que tuvieron como propósito, por ejemplo, limitar las posibilidades de la oposición minoritaria de resistir la aprobación del «combo» del ICE. Y más recientemente, apoyaron la intención bipartidista de dar vida a una «vía rápida» que permitiera al Poder Ejecutivo aprobar sin más líos el TLC con Canadá o nuevos proyectos privatizadores.
En la medida en que, ni con el actual Reglamento -hecho a la medida del bipartidismo- lograron estos propósitos, los grandes medios de prensa contribuyeron en la campaña sistemática para desprestigiar a la Asamblea Legislativa como institución fundamental del sistema democrático.
Y lo hicieron exponiendo los gastos exagerados de algunos diputados, pero nunca cuestionaron al Directorio Legislativo, ni a la naturaleza antidemocrática y corrupta del Reglamento, ni de las manipulaciones de sus presidentes en el Plenario.
Para estos medios, la ecuación es sencilla: si la Asamblea aprueba los proyectos «modernizadores» (neoliberales), funciona. Si no lo hace, no sirve.
Su complicidad con un modelo económico con el que se sienten ideológicamente afines -y que favorece a sus negocios-, hizo que les valiera poco el derecho de la gente a la información (a pesar de que reclamaron leyes para ampliar la «libertad de prensa»).

«PRODUCTIVO, PERO…»

En su balance de la actividad parlamentaria durante el período gubernamental que termina, una nota de La Nación afirma que a pesar de haber aprobado 473 leyes, las diputadas y los diputados quedaron «en deuda con las grandes reformas que requiere el país». («Congreso productivo, pero…», 29/4/02).
¿Cuáles reformas? Que requiere el país… ¿según quién?
Mientras para ese diario la labor del parlamento fue inconclusa «porque no se atacó el crecimiento de la deuda pública, desequilibrio fiscal, cambios electorales para darle mayor participación a la ciudadanía, la modernización del agro, la apertura económica y la inseguridad», para un opositor insigne, como Guido Cruz, el balance fue más bien al revés: se quedaron en el tintero, por ejemplo, la ratificación de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo que consagran derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, y un proyecto suyo para impulsar la producción agropecuaria y pesquera, en la perspectiva de dar seguridad alimentaria al país.
La ratificación de los convenios de la OIT incluso fue un compromiso que adquirió la administración Rodríguez con los sindicatos, a cambio de la Ley de Protección al Trabajador. Y el proyecto de Seguridad Alimentaria es una alternativa a la apertura comercial que amenaza con extinguir a la producción agropecuaria costarricense.
Pero, de estos proyectos, la gran prensa prácticamente no tomó nota.
Para Merino del Río, esta prensa además soslaya una de las funciones esenciales de la Asamblea Legislativa: el control político.
«Hacen una campaña para dar la imagen de que la Asamblea debe ser una fábrica, una maquiladora de leyes. De las leyes que a ellos les interesa, por supuesto. ¿Por qué no invirtieron la misma pasión, el mismo compromiso, en una campaña para que el Plenario discutiera los dictámenes de las comisiones investigadoras que revelan la corrupción del bipartidismo?», preguntó.
En su opinión, un requisito básico para recuperar la credibilidad ciudadana en el «primer poder de la República», es sanear las reglas del juego legislativo.
De este modo, la población podrá saber la posición que asuma cada quien, por ejemplo, frente a eventuales proyectos de la «reforma laboral» recomendada por el Fondo Monetario Internacional -y asumida por el presidente Rodríguez y por los ex-ministros de Hacienda en su proyecto para resolver el déficit fiscal-, según la cual quienes trabajan en el sector público perderían beneficios y la estabilidad en el empleo.
O saber quiénes votarán por la privatización de los bancos estatales. O…