Un millonario proyecto habitacional  de interés social es cuestionado por beneficiarios, mientras una de las partes alega pérdidas de más  de  ¢113 millones.
El proyecto de interés social Blanquillo se ubica en San Rafael de Oreamuno de Cartago .
Un grupo de beneficiarios del proyecto habitacional Blanquillo en Oreamuno de Cartago, pidió esta semana la intervención de la Contraloría General de la República para esclarecer el rumbo de dineros públicos  en su proyecto habitacional de interés social.
Se trata de Gerardo Manuel Vega, Olga María Méndez, Víctor Manuel Siles y Flory Méndez, quienes consideran que la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) incumplió una serie de compromisos en el complejo habitacional para 324 familias de limitados recursos financieros.
La  Contraloría General de la República ya había avalado el proyecto habitacional, pero luego, según  documento en poder de UNIVERSIDAD,  el ente fiscalizador se desentendió de esta multimillonaria inversión en casas.
La urbanización se ubica en Barrio  El Alto, distrito de San Rafael de Oreamuno. El proyecto surgió durante la administración de Rafael Angel Calderón Fournier ( 1990-1994) con la compra de una finca por un valor de ¢ 17.390.268 millones provenientes de fondos públicos.
La Municipalidad de Oreamuno, la FUPROVI y un Fidecomiso formado por  esta fundación y una cooperativa de vivienda (VIVIENDACOOP),  involucraron en el proyecto a numerosas familias.
 
Los beneficiarios alegan ahora que la urbanización tiene obras sin concluir  y otras no se levantaron. La fundación, por el contrario, es del criterio que   tuvo pérdidas de ¢ 90 millones, y la Municipalidad de Oreamuno le adeuda más de ¢ 23 millones por concepto de infraestructura en lotes comerciales.
Lo moradores de Blanquillo consideran impostergable la investigación  de la Contraloría, dado que refrendó el proyecto desde el 2 de febrero de 1995, según el oficio 001761.
Mientras,  la Municipalidad da cuenta de que el plan habitacional inició con problemas presupuestarios, ya que el estimado de las obras » se subejecutó» por parte de la FUPROVI en un 25%.
En este sentido, en un informe que la fundación brindó a los ingenieros Miguel Artavia e Israel Figueroa,  confirma el 19 de junio de 1998 que en el presupuesto » no estaba incluida la carga financiera que dependería del gasto semanal ni el costo de los servicios de FUPROVI».
Por lo anterior, señala la fundación, cuya dirección ejecutiva recae en la ingeniera Eloísa Ulibarri, algunas partidas como la de un pozo de agua, se asignaron a otros trabajos dado que el grupo «podrá gestionarlas por otros medios o se reasignaban para cubrir otras necesidades».
Durante una visita de UNIVERSIDAD al proyecto pudo verificarse que el pozo de agua carece de bomba y algunas obras están inconclusas.
El 13 de octubre de 1998, en un documento que conoció Jesús Fernández Valverde, asesor del entonces ministerio de vivienda, y rubricado por el arquitecto Jaime Vargas y el ingeniero Ruy Lorz Ulloa, se dice: «La comisión por asesoría que cobra FUPROVI del 25% del monto del bono es demasiada alta, por consiguiente es muy lógico que las viviendas queden sin terminar».
Aconsejan realizar un estudio con el fin de analizar y tomar las medidas necesarias para regular estas empresas como la fundación, «las cuales cobran tasas muy elevadas para asesorar a las familias en el proceso de auto construcción».
Añaden que siendo el monto del bono otorgado por familias promedio de ¢ 1.300.000, el 25% equivale a ¢ 325 mil; dinero con el que los beneficiarios podrían pagar gran parte de la mano de obra o ampliar el rubro de materiales.
Para el ayuntamiento de Oreamuno el presupuesto del proyecto desde el principio » fue mal manejado» y al día de hoy no  se han construido el tanque elevado de agua potable, las aceras ni los muros de contención en algunos sitios de la urbanización.
 
DEJAR HACER… DEJAR PASAR
 
» La Contraloría  dio el visto bueno a la inversión en casas de interés social y luego se despreocupó», sentenció Flory Méndez, al consultarle si la institución había intervenido en el pasado en torno a este proyecto.
Al considerar  un grupo de vecinos que nos habían engañado con este proyecto, afrontamos ahora una demanda penal en los tribunales de justicia, dijo.
Según comprobó este Semanario, se trata de una querella interpuesta por la fundación contra cinco personas de un grupo de afectadas que  declaró al diario Extra y TV42  el 27  y el 24 de octubre del año pasado, respectivamente, que habían sido estafadas con el proyecto.
Estas cinco personas son las que ahora solicitan a la Contraloría aclarar todo lo relacionado con la inversión en el proyecto,  hecha con dineros públicos.
En la audiencia de conciliación, realizada la semana trasanterior, los acusados se negaron a rectificar los dicho en octubre y dijeron que seguirían adelante hasta las últimas consecuencias.
Otra de las causas de disconformidad es la liquidación del proyecto por parte de la fundación desde el 11 de enero de 1999, a pesar de que el plan se desarrolló por medio de familias agrupadas en una  «Asociación Pro desarrollo sociocultural» del lugar.
En la liquidación la fundación establece una inversión financiada por ella de ¢522.123.870.54, intereses originados por el desfase entre la formalización y el traslado de recursos del Sistema Financiero Nacional para la vivienda por ¢ 89.300.563 y un costo total del proyecto de 324 familias por la suma de ¢ 611.424.434.
Hubo además una pérdida por ¢ 90.252. 467, de los cuales la fundación condona un monto de ¢ 40.964.125, quedando una diferencia no liquidada por la Asociación Pro desarrollo por  la suma de  ¢ 49.288.341.
Esta cantidad, según documentos municipales, «está siendo cobrada de oficio por FUPROVI a las familias del proyecto en forma prorrateada, cuando el ente jurídico que solicitó el préstamo  fue una entidad jurídica». Este cobro, advierte el departamento legal de la Municipalidad,  parece irregular.
Cabe indicar que «igualmente la FUPROVI responsabiliza a la asociación de dicha pérdida, pues no ha presentado la liquidación por un monto de ¢ 72.310.811 «.
Añade que la fundación les cobra la infraestructura de los lotes comerciales del proyecto, lo cual suma ¢ 23.817.503.
Para el departamento legal del municipio, «existe una clara posibilidad de manejos inadecuados de los recursos financieros y la liquidación de este proyecto», con perjuicio directo a las familias de escasos recursos.
Sin embargo, a pesar de estas contundentes aseveraciones, las familias consultadas en Blanquillo esperan que sea la Contraloría la que vierta un criterio técnico sobre en qué se gastaron semejantes sumas de dinero, qué pasó con la falta de acabado de algunas obras y hasta dónde llegan los niveles de lucro a que pueden aspirar  los participantes en proyectos habitacionales que dicen no tener fines lucrativos.
De lo que se trata, dijo Olga María Méndez Gamboa, es que la Contraloría tenga claro en qué se gastó el dinero de los costarricenses. Y sea ella, como corresponde por ley,  la que siente  responsabilidades, si las hubiera, en materia de fondos públicos, concluyó.