Mientras el gobierno asegura que la situación del agro ha mejorado, lo cierto es que la pobreza ha crecido y los tratados de libre comercio amenazan al sector.
Es en el sector agropecuario donde la pobreza golpea más duramente: dos de cada tres hogares pobres en el país se ubican en la zona rural.
«Nací en La Ceniza de Pérez Zeledón, soy el cuarto de nueve hermanos que nos criamos con papá y mamá, en una pequeña finca donde sembrábamos lo que podíamos: un poco de café, algo de maíz y frijoles.
Cuando crecimos buscamos trabajo en otras fincas y por último tuvimos que vender la finca hace como cinco años. Tres hermanos trabajan ahora en Pindeco en la siembra de piña en Buenos Aires (cantón de Puntarenas), otros dos se fueron para San José con sus familias y la pasan muy mal. Mi hermano menor se fue a Estados Unidos y los otros tres estamos aquí en San Isidro y nos la jugamos como podemos».
Así explicó su situación Felipe Barrantes, un hombre de 32 años que se gana la vida haciendo el jardín en las casas, recolectando papel periódico o botellas y soñando con ser contratado como vigilante en un comercio local.
Su rostro aparenta muchos años más; las congojas de alimentar a tres hijos y una esposa lo desvelan…vive en una pequeña casa improvisada en Tierra Prometida, un asentamiento ubicado a tres kilómetros del centro de San Isidro de El General.
 
La historia de Felipe y su familia no es única, muchos campesinos costarricenses han vendido su tierra para buscar en otros centros de población un mejor futuro que se desvanece con el paso del tiempo.
Las tierras que eran fértiles en esperanzas se han vuelto áridas… como las promesas que ellos han escuchado de políticos que no las cumplen.
Mientras tanto, se consumen en la pobreza, en el multiempleo, en la desesperanza. El rostro de Felipe es uno de los millones de excluidos en América Latina por los procesos de globalización económica que los ha dejado al margen de todo y los condena lentamente a la muerte.
El último censo de población realizado en Costa Rica revela numéricamente el dramatismo de un cambio de modelo. Mientras que en 1984, el 60% de la población vivía en las zonas rurales, hoy solo habita en ella el 40%.
En tan solo 15 años, las políticas de ajuste estructural y la adopción de modelos económicos neoliberales empobrecieron a los campesinos y concentraron la riqueza en cada vez menos manos.
Un diagnóstico elaborado por Isabel Román, del Proyecto Estado de la Nación  sobre la realidad del agro, indica que este sector aporta el 11% de la producción total del país frente al auge que adquieren otras actividades como las industriales, que representan el 18%.
El informe, presentado por Román a finales del año pasado ante campesinos católicos, indica que las exportaciones tradicionales se mantienen, pero con problemas crecientes como es el caso de los cultivos de  café y banano, mientras que las no tradicionales son más dinámicas y se registra una caída dramática en la producción de granos básicos.
Los cultivos tradicionales ocupan grandes extensiones de terreno con el apoyo de capital extranjero y con protección estatal a través de incentivos especiales, se benefician con mano de obra migrante que en muchos casos es mal pagada.
Contrariamente, la producción de granos básicos cada vez es menor y hoy llega apenas al 37,2%. Esto genera desempleo y una disminución paulatina de la población en las áreas rurales.
Es precisamente en el sector agropecuario donde la pobreza golpea más duramente. Dos de cada tres hogares pobres en el país se ubican en la zona rural y se registran caídas importantes en el ingreso familiar en las regiones Chorotega y la Huetar Atlántica, donde se reportaron descensos en los ingresos superiores al 9%, mientras en el nivel nacional el ingreso familiar decayó en 2000 apenas en un 3.6%.
En la zona rural aumentaron los hogares jefeados por mujeres, sobre todo por la promoción de la agroindustria y en ella los niveles educativos de las personas mayores de 12 años son menores que en las áreas urbanas.
«La población con ningún grado de  educación, o primaria incompleta, es mayor en las regiones distintas a la región central. Los jóvenes en las zonas rurales se incorporan más temprano al mercado laboral agrícola, fenómeno ligado directamente con la deserción. Este comportamiento limita sus posibilidades de desarrollo en un contexto ocupacional en el que la demanda de empleo se orienta a los servicios y al comercio, donde se requieren mayores niveles educativos», agregó Román.
Según el VII Estado de la Nación, «84% de la población ocupada en el sector agropecuario tiene un nivel de instrucción de «primaria o menos», que impide a los trabajadores acceder a empleos que les permitan tener niveles decorosos de bienestar».
Como si fuera poco, la calidad de agua que consumen los habitantes de las zonas rurales es deficiente. Solo el 30% de los acueductos municipales brinda agua sometida a control de calidad.

VERDAD A MEDIAS

Frente a esta realidad, el informe presidencial presentado por Miguel Angel Rodríguez ante los diputados el pasado 1 de mayo solo recoge verdades a medias.
En relación con el crédito al sector agropecuario, un estudio elaborado por Hernán González, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, indica que en 1987, la agricultura, la ganadería y la pesca absorbían ¢18.755 millones en crédito del sistema financiero, lo cual equivalía al 35.2% del total; en 1997 dicha cifra fue de ¢52.339,4 millones, monto cercano al 12.9% del total.
En la administración Rodríguez, los créditos para la agricultura, ganadería y pesca, aumentaron de ¢50.092 millones en 1998 a ¢99.504 millones, a diciembre de 2001; eso equivale a un 37% en términos reales.
Tras las protestas continuadas de campesinos que demandaban la condonación de deudas contraídas con el sistema bancario nacional, el fideicomiso agropecuario ha permitido recaudar ¢2.427 millones con los cuales se benefician a 1.140 pequeños y medianos productores, según Rodríguez.
Para él, el apoyo a la familia campesina se complementó con la inversión  de ¢2.500 millones en acueductos, obras de riego, infraestructura vial, puentes, escuelas, comedores escolares, puestos de salud y electrificación, en 230 asentamientos del Instituto de Desarrollo Agrario.
Además destacó entre los logros de su administración la puesta en marcha de 105 proyectos de reconversión productiva impulsados en los últimos cuatro años por un monto cercano a ¢7.993 millones, que permitió a 55.642 productores incursionar en actividades más competitivas y rentables.
Por su parte, un informe elaborado por Ronald Solís, empresario, sociólogo y asociado de la Cámara de Exportadores (CADEXCO) ubica la crisis del agro en una dimensión mucho mayor.
Según un documento elaborado a finales del 2000, más del 50% de los costos de producción en las actividades agrícolas,  son por mano de obra y del producto agrícola y agroindustrial que se exporta.
Agrega que los economistas y políticos pocas veces indican que de cada $ 100 millones que exportan las zonas francas solo $15 millones son generados en el país y $85 millones los importamos para volverlos a exportar.
Solís recordó que cada $100 millones que entran al país por la exportación de productos agrícolas equivalen a $600 millones exportados por las zonas francas,  dados los beneficios y exenciones fiscales de que gozan y de los que carecen los agricultores.
En relación con la apertura de mercados, el especialista indica que en los últimos 15 años, el gobierno ha bajado los aranceles de los productos agrícolas por la aplicación de los programas de ajuste estructural, la aplicación de directrices económicas o por considerar que los grandes países eliminarían sus subsidios o abrirían las fronteras.
Sin embargo, las grandes economías, (Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón) mantienen la protección a su agricultura y Costa Rica con  aranceles bajos, es inundada por productos agrícolas importados, convirtiéndonos en el mercado interno de los demás países, consideró.
El panorama para los próximos cuatro años podría mantenerse así. Las autoridades nombradas por Abel Pacheco para el sector agropecuario, con un bajo perfil, según algunos sectores, tendrán que gestionar mayores recursos para los pequeños y medianos productores que reclaman la ayuda estatal, mientras que el equipo económico se abocará a la reducción del gasto y a la suscripción de todos los tratados de libre comercio que puedan, tal como ya lo anunciaron.
Una de las mayores dificultades que deben enfrentar los jerarcas de agricultura, es la asignación de recursos.
La reducción presupuestaria para las instituciones públicas ligadas al agro, es excesivamente restrictiva.
Un estudio elaborado por Hernán González, funcionario de Ministerio de Agricultura indica que «el gasto real de las tres instituciones (MAG, CNP, IDA) en su conjunto pasó de ¢469,2 millones en 1988, a ¢144.6 millones en el 2000, lo que significa una disminución cercana al 69%».
Con presupuestos exiguos, personal técnico y profesional desactualizado y poco estimulado, no es posible apoyar con eficiencia y eficacia los procesos de transformación productiva y comercial que requieren muchos sectores de la economía agropecuaria, agrega.
Lo anterior es constatado incluso por la Comisión de exministros de Hacienda, según la cual, entre 1995 y 2001, el porcentaje de participación de los salarios devengados por los funcionarios del Ministerio de Agricultura han disminuido de 2,25% al 1,72% del total de la planilla estatal.