El proyecto de ley «Derecho de acceso a Internet» está anclado en el lugar 16 de la agenda de la Asamblea Legislativa y su futuro no es promisorio, ya que pocos diputados lo respaldarían.
El proyecto de ley «Derecho de acceso a Internet» permitiría que el ICE tuviera competencia privada al prestar este servicio.
Aguas encrespadas y una «navegación» contra marea esperan al proyecto de ley «Derecho de acceso a Internet» cuando sea discutido en la Asamblea Legislativa, ya que entre los diputados pareciera tener más opositores que simpatizantes, según indagaciones de este Semanario.
Este proyecto -expediente 14.029- es rechazado por diversos sectores sociales, los cuales le atribuyen intenciones de privatización similares a las que tenía el mal recordado «combo eléctrico», ya que implica abrir el servicio de Internet a empresas particulares, en detrimento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Dos años después de la revuelta sociopolítica que originó el «combo» en todo el país, el síndrome de este conflicto parece gravitar sobre la opinión de algunos legisladores, quienes no se aventuran a expresar apoyo por el mencionado proyecto.
Tras consultas a varios miembros del Poder Legislativo, sólo el Movimiento Libertario que promueve el plan -que supuestamente democratizaría el acceso a Internet-, lo respalda en forma abierta.

Como UNIVERSIDAD informó en la edición anterior («Crece oposición a proyecto de Internet», edición 1481), el «padre» de este polémico plan es el exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alvaro Trejos.
La Comisión de Asuntos Económicos lo aprobó por mayoría en la administración anterior y fue incluido en la actual agenda legislativa ante gestiones de los libertarios, donde figura en el lugar número 16.
Al aprobarlo en Comisión, la mayoría de sus miembros alegaron que se democratizaría el acceso de la población al servicio de Internet y para ello es necesario que el sector privado participe en su prestación. «(…) El Estado costarricense no puede adjudicarse el monopolio del acceso (…)», enfatizaron.
Los sectores sociales cuestionan que se intente de nuevo una apertura del ICE, y también que la subsidiaria de esta entidad, Radiográfica Costarricense (RACSA) le permita a algunas empresas de televisión por cable, brindar el servicio de Internet mediante contratos que ellos califican de ilegales.
Esta divergencia llevó a la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC), a exigirle el pasado 27 de mayo al consejo directivo del ICE, que «en un plazo no mayor de 15 días consulte a la Procuraduría  General de la República sobre la situación legal de los contratos suscritos por RACSA con las empresas» involucradas y que la resolución sea de acatamiento obligatorio para el ICE y su empresa.
Al ser entrevistado por este periódico, el presidente ejecutivo del ICE -Pablo Cob- dijo oponerse al proyecto porque significa una apertura hacia la privatización.
Sin embargo, aclaró que los directivos de la institución no tenían pensado consultar a la Procuraduría, en vista de que la firma de los contratos con las compañías de cable fue avalada por la Contraloría General de la República.

RECHAZO AL PROYECTO

Al indagar el pasado 3 de junio en la Asamblea Legislativa acerca de la posición de los diputados, algunos dijeron desconocer los detalles del proyecto 14.029, aunque la mayoría no lo ve con buenos ojos.
Para el legislador del  Partido Acción Ciudadana (PAC) -Rodrigo Alberto Carazo-, lejos de facilitar el acceso, este plan le impondría limitaciones a las personas de menores recursos. «Internet en manos del ICE, bien controlado, bien definido, es positivo para el desarrollo del país».
Otra oposición tajante la expresó la diputada socialcristiana Gloria Valerín, a pesar de que un miembro de su partido fue quien presentó el proyecto en la administración anterior.
«Estoy totalmente en contra porque eso no es democratizar el acceso a Internet y, además, significa privatizar RACSA y sacar al ICE del mercado de las telecomunicaciones; esto es contrario a la Constitución Política».
Según Valerín, desde un  punto de vista técnico y jurídico, el proyecto tiene graves errores, por lo que debe darse una discusión amplia sobre el texto; » espero que no tenga cabida aquí en la Asamblea».
Este es un asunto de principios y rechazarlo forma parte de los compromisos que adquirimos en campaña, con los cuales debemos ser consecuentes, añadió.
Mientras tanto, el legislador del Partido Liberación Nacional -José Miguel Corrales- opinó que por ser contrario a la ideología de su partido, no avalarían una eventual apertura del ICE. «Nada que sea para beneficio  del desarrollo del país y de los seres humanos, puede estar en manos de particulares, donde prima el espíritu de lucro», acotó.

SÍ Y QUIZÁS

Por su parte -Joyce  Zürcher-, también del PLN, se mostró menos tajante, al decir que tiene la certeza de que Costa Rica requiere de la modernización de sus telecomunicaciones y por lo tanto, estaría anuente a que el sector privado pueda dar el servicio de Internet, solo si el ICE no estuviera en capacidad de ello.
Por otro lado, una posición de duda fue la que manifestó el jefe de fracción del PUSC -Mario Redondo-, quien comentó que este plan debe ser visto dentro de una tendencia que busca mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y con los costos más bajos.
El diputado socialcristiano aseveró que su partido no está «casado» con este plan y que conversarán con sindicatos del ICE, con el fin de analizar otras propuestas que tengan como meta mejorar el acceso a Internet.
No quiso decir si personalmente respaldaría la apertura del ICE y más bien insistió en analizar todos los escenarios posibles. «Si hay uno que nos garantiza un consenso importante, esa es la opción que vamos a apoyar», prometió.
Por su parte, el jefe de fracción del Movimiento Libertario -Federico Malavassi- no ocultó su abierto apoyo al proyecto, al cual más bien calificó de «tímido». Por eso anunció que su agrupación posiblemente redactará «uno más abierto, para romper el monopolio de las telecomunicaciones».
Debido a que el PUSC presentó este proyecto en el gobierno anterior, espera en este lo apoye, pues lo cree necesario para el país. «No veo que alguien pueda estar en contra de eso. Ahora han inventado que tiene que ver con los servicios inalámbricos y esto no es cierto», afirmó.
Malavassi destacó que «Costa Rica está en el siglo XXI y no puede seguir con feudalismos, ni con amarres a sistemas que no funcionan; nos interesa que funcione bien, ya que es la comunicación del futuro».