Mientras el gobierno intenta responder a las demandas de erradicar la pobreza, generar empleo y evitar el despilfarro, otros informes llaman la atención sobre la insuficiencia de recursos para atender los problemas sociales.
La adolescencia y niñez son los más afectados por la falta de inversión en lo social en educación, salud y seguridad social.
Solo un 17% de todos los recursos del Estado se destinan a inversión social, en algunas instituciones, el mayor monto se destina a salarios y administración y en otros casos los recursos son distribuidos con criterios poco técnicos que hacen ineficiente el reparto del poco dinero de que se dispone.
Quizá por eso el Presidente de la República, Abel Pacheco decidió designar a Silvia Lara al frente del Instituto Mixto de Ayuda Social y acordó designar a la directora del Patronato Nacional de la Infancia, Rosalía Gil como ministra sin cartera para regir la política en favor de la niñez y la adolescencia.
Y es que pese a los esfuerzos realizados en los gobiernos anteriores, más de 750 mil costarricenses no satisfacen sus necesidades básicas, las instituciones sociales carecen del presupuesto requerido y se deterioran los servicios de salud y educación.
Paralelamente aumenta el número de personas sin vivienda y las fuentes de empleo para mujeres y jóvenes son cada vez más escasas.
Así lo revelan los informes de la Defensoría de los Habitantes y el III Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia que fueron divulgados el 7 y 10 de junio pasado.
En ambos, el análisis del gasto social estatal ocupa apartados especiales.
La inversión social que Costa Rica realizó en la segunda mitad del siglo pasado mejoró la calidad de vida del costarricense y ubicó al país, en materia de desarrollo humano, en lugares similares a los de los países desarrollados, según el Informe de la Defensoría de los Habitantes dado a conocer el 6 de junio.

POBREZA

Los esfuerzos para disminuir la pobreza que rindieron sus frutos en los últimos 50 años del siglo pasado, no fueron tan eficientes en el decenio de los 90, pues la pobreza lejos de disminuir, amenaza con crecer.
Mientras que en 1960, el 51% de los hogares vivía en la pobreza, los esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos lograron que el porcentaje disminuyera al 25% a inicios de los 80.
La crisis económica y las políticas adoptadas luego para superarla no fueron tan efectivas y desde 1994, el porcentaje de hogares que no satisfacen sus necesidades básicas ronda el 20%.
El problema se acentúa cuando se constata que una de cada 10 familias es vulnerable y podría en poco tiempo no tener siquiera con qué alimentar, vestir, educar o curar a sus hijos e hijas menores de edad.
Las estimaciones oficiales indican que este año 150 mil familias no pueden cubrir con sus ingresos los servicios básicos. En esta situación se encuentran casi 795 mil personas.
Por su parte, los estudios realizados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), ayudan a conocer el rostro de las personas con menos recursos. Se trata en su mayoría de niños, niñas, jóvenes y mujeres que viven en especial en las zonas rurales.
Se estima además que de cada 100 niños y niñas, 28 viven en la pobreza.
Seis de cada 10 pobres viven fuera de las ciudades y en uno de cada tres hogares pobres, hay una mujer cabeza de familia que debe hacer frente a esta situación.
Solo en 2000 la proporción de hogares pobres en la zona rural fue de 24,3%, cifra que superó significativamente a la pobreza urbana que ascendió al 17,5%.   La indigencia es el doble en la zona rural (8,3%) que en la urbana (4,2%).
Son precisamente los más desprotegidos quienes menos acceso tienen a la educación, se les dificulta la obtención de servicios médicos y carecen de vivienda propia y digna para subsistir. La mayoría de los integrantes de estos hogares trabajan en el sector informal y en labores agrícolas, donde además reciben salarios muy bajos.

GASTO SOCIAL

Para hacer frente a este panorama, el gobierno destina el 17,4 % del presupuesto de la República, según el III Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, elaborado por la UCR y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En 2000, de cada ¢100 asignados a programas sociales, ¢34,4 se destinaban a asistencia social, ¢29 a salud, ¢27 a educación y solo ¢8,6 a vivienda.
Según la UNICEF, el gasto público social total en 2000 representó el 17.4% de toda la producción de bienes servicios del país.
El gasto en seguridad y asistencia social representó el 33%, seguido por salud (30%) y educación (26%), según el documento del 10 de junio.
La inversión en el sector vivienda pasó del 9% a un 6%; mientras que la recreación, cultura y deporte, alcanza apenas un 1%; saneamiento y agua potable un 3%, agrega el estudio.
Según la Defensoría de los Habitantes, en los últimos 10 años las políticas sociales variaron de esquemas más universales a  la asistencia social más «focalizada» y asistencialista.  Esto trajo como consecuencia el deterioro en la calidad de los servicios y no siempre los programas de combate a la pobreza y generación de empleo fueron exitosos.
La inversión pública en servicios sociales se encuentra sujeta al financiamiento del gasto público en general. El monto principal proviene de la recaudación de impuestos, especialmente indirectos.
Ante la apremiante situación del crecimiento acelerado del déficit fiscal, las propuestas que los economistas neoliberales indican que deben eliminarse leyes con destinos específicos, con lo cual muchos proyectos sociales podrían disminuir o desaparecer.
Sin embargo, aunque la tijera pende sobre la tela de la inversión social, lo cierto es que los ingresos fiscales son suficientes para cubrir el gasto público, pues la mayor parte de las deudas estatales se centra en el pago de intereses de la deuda interna y externa.
Así lo indica un estudio elaborado por Pablo Sauma y Juan Diego Trejos de la Universidad de Costa Rica, cuyo análisis es incluido en el Informe de la Defensoría de los Habitantes.

¿CÓMO SE FINANCIA?

La inversión pública en los servicios sociales básicos depende de la situación fiscal del sector público y su sostenimiento financiero en el mediano y largo plazo. El déficit crónico del sector público y el creciente endeudamiento interno y externo, plantean una difícil situación para el gobierno, en función de mantener los niveles de inversión social en la próxima década y más aún, de aumentarlos para reducir las brechas de acceso a los servicios sociales básicos y poder cumplir a cabalidad con los derechos de la niñez y adolescencia, considera UNICEF.
**La deuda interna bonificada alcanzó la cifra más alta en 2000, de ¢1.499.876 millones (un aumento de 2,86 veces en términos reales desde 1990); el aumento del servicio de la deuda interna, absorbió el 20.2% de sus gastos totales o el 3% del PIB en ese año, agrega el organismo internacional.
Así, el gasto social público, además de insuficiente, no llega a su destino ni objetivo final, debido al alto costo  administrativo y a su carácter asistencial.
El alto costo administrativo se aprecia  en el porcentaje destinado a sueldos y salarios, especialmente en los sectores de educación (75%) y salud (55%); el carácter asistencial puede deducirse del alto porcentaje de transferencias, en comparación con los niveles de inversión real, especialmente en el sector de seguridad y asistencia social (88% y menos del 1%, respectivamente).
En el caso de la educación básica, el 98% del financiamiento proviene del presupuesto nacional. En el caso de los servicios básicos de salud, el 72% de los ingresos del sector proviene de los impuestos directos (impuesto sobre la planilla para seguridad social); es la creciente participación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la que ha hecho menos dependiente a este sector del gobierno central.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE?

La población menor de 18 años representa el 39% de la población total en 2000, y recibe el 36% del gasto social para un coeficiente de progresividad de – 0.07, muy cercano a cero pero negativo.  Esto significa que el fuerte esfuerzo que realiza el país en inversión social (16% del PIB), no está favoreciendo en mayor medida a la población infantil.
El gasto social en educación es el que muestra una mayor progresión.  Este sector aporta cerca de la mitad del gasto social que recibe el 49% de la niñez y 66% de adolescentes.
Por otro lado, el gasto público en salud se destina en su mayoría a la atención curativa (23% del gasto social y 77% del gasto en salud) y que tiende a favorecer con mayor énfasis a la población adulta, particularmente en atención hospitalaria.
Por su parte la inversión social en educación representa el 55% del gasto social que recibe la población infantil. Las familias más pobres tiendan a recibir una porción mayor del gasto en educación (51%).
Para la seguridad social se destina el 5% del gasto social que recibe la población infantil, constituyendo el sector que muestra la mayor regresión generacional. Los menores de los estratos más pobres, reciben el 70% de la inversión social en seguridad social, cuando ellos representan el 54% de la población infantil.
De los ¢787 mil millones que comprendió la inversión social estatal en el año 2000, sólo el 36% se dirigió hacia la niñez y adolescencia.  Esta población recibió un monto anual promedio cercano a los ¢200 mil, aunque los grupos extremos (menores de seis años y mayores de 14 años) accedieron a una cantidad menor de recursos.
Desde una perspectiva de la equidad en la inversión social, los principales desafíos pendientes parecen ser dos.  Primero, cómo aumentar la inversión social en programas de educación distintos a la primaria, para favorecer efectivamente a la niñez y adolescencia de los estratos y regiones más desfavorecidas; y segundo, cómo detener el impacto negativo de los programas de seguridad social, particularmente los pagos de pensiones contributivas, sobre las distintas dimensiones de la equidad en este tipo de inversión.

SOLUCIONES

Para la Defensoría de los Habitantes, las políticas asistenciales deben revisarse e integrar todos los esfuerzos en un marco de políticas de crecimiento, ajuste de la economía que evite los excesos en gastos del gobierno y fomentar así políticas de bienestar social.
Para este órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, las políticas de inversión social deben considerar el concepto de sostenibilidad financiera y promover una concepción sinérgica, donde la inversión social contribuya a la realización de los derechos sociales y económicos de las personas, y a la vez, ser un factor importante para potenciar el crecimiento económico.
Así, la generación de empleo, salud y educación, deberán acompañarse del desarrollo integral de las personas (calidad de vida y capital humano), de manera que éstas puedan aprovecharlos y realizarse a través de ellos.
Urge además una reforma constitucional que garantice, como mínimo, un financiamiento equivalente al 20% del Producto Interno Bruto para los programas de inversión social, específicamente educación, salud, asistencia social y vivienda.
También deben mejorarse y rediseñarse los mecanismos de evaluación de los programas de bienestar social, para valorar su contribución a la realización de los derechos económicos y sociales de la sociedad.
La información es vital para mejorar la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las políticas y programas sociales.
Es fundamental que se incluyan indicadores de impacto en los programas sociales, con los indicadores necesarios para evaluarlos y  eliminar la rigidez en la distribución de recursos para reformular o eliminar los programas que cumplieron su finalidad y que, dentro de la dinámica actual, no contribuyen en mejorar el bienestar social y el combate a la pobreza, finaliza la Defensoria.