Costa Rica ocupa el décimo lugar  en el mundo y el segundo en América Latina con mayor cantidad de denuncias en su contra por incumplimiento de convenios firmados y ratificados por el país.
La ilegalidad de las huelgas en el sector público y las dificultades para organizar sindicatos en el sector privado violentan los convenios firmados y ratificados por el país con la OIT.
Nuestro país es de nuevo señalado como uno de los que más incumplen en el mundo los convenios suscritos con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) según constatan los asistentes a la 90 Conferencia de ese organismo que se reúne en Ginebra.
Así lo informó a UNIVERSIDAD Mario Rojas, de la Confederación de Trabajadores Rérum Novárum (CTRN), organización que representa a los sindicatos del país en la actividad.
Obstáculos para la conformación de sindicatos en el sector público, lentitud en los procesos de administración de justicia en casos de despidos de líderes sindicales, incumplimiento de convenciones colectivas de trabajo, son las principales denuncias que las organizaciones gremiales costarricenses plantean anualmente ante la OIT.
«Según estadísticas de la OIT, Costa Rica es el décimo país en el mundo y el segundo en América Latina con mayor cantidad de quejas en su contra. En los últimos 25 años, se han presentado 3.5 denuncias por año contra el gobierno», aseveró Rojas.
Esto originó que la OIT llamara la atención a las autoridades locales por el incumplimiento de convenios como el 87, 98 y 135 que garantizan el derecho a la organización sindical, el derecho a la negociación colectiva y las facilidades que deben darse a los sindicalistas para realizar sus actividades, agregó.

«Lo grave es que pese a las constantes llamadas de atención y tras visitas de misiones especiales, las diferentes administraciones no han acatado las disposiciones y mantienen procesos que lesionan los derechos fundamentales de trabajadores y sindicatos», expresó Rojas.
Para la CTRN, el Estado en la práctica ha  desconocido y demeritado los esfuerzos de la OIT que, en materia de  asistencia técnica,  le ha prestado al Gobierno con el propósito de  que armonice las normas laborales nacionales con las internacionales  y omite las recomendaciones dadas, según un pronunciamiento divulgado el pasado 4 de junio.
Pese a que del 3 al 7 setiembre del 2000, las autoridades y sindicatos recibieron una misión de la OIT y otra en febrero y marzo de este año, de  la Comisión de Derechos Humanos, las recomendaciones de dichos organismos no han sido aplicadas en prejuicio de los trabajadores, agrega el comunicado.
Entre los señalamientos hechos al gobierno están la lentitud en la aprobación de reformas al Código de Trabajo que tipifiquen sanciones para actos de discriminación y de injerencia antisindicales (despidos, traslados, listas negra) .
Según Gilberth Brown de la CTRN, preocupa que la Asamblea Legislativa apruebe un agregado al proyecto de reforma al Código de Trabajo que castiga las acciones de las organizaciones sindicales  en el cumplimiento de sus funciones, obligándolas a responsabilizarse civil y penalmente de  «los daños ocasionados» que cualquier empleador reclame al verse «afectado» por el accionar de algún sindicato, federación o confederación.
Brown denunció intentos de flexibilizar o  desregular la jornada de trabajo de ocho horas diarias, para sustituirla por otras de doce horas, jornadas acumulativas semanales y anuales, lo que implicaría una eliminación técnica de una conquista de la clase trabajadora mundial.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Preocupa a los sindicalistas que en la última década las convenciones colectivas de trabajo en el  sector privado sean desplazadas por arreglos directos con empleados no sindicalizados a través de los «comités permanentes de trabajadores».
En los últimos 10 años,  se han firmado solo 12 convenciones colectivas en el sector privado y se han realizado 130 arreglos directos con los no sindicalizados, según constataron en su visita los representantes de la misión de la OIT en marzo anterior.
Esta situación es desventajosa para los empleados, pues la negociación con organizaciones sindicales es un instrumento más equilibrado que el arreglo directo, al ser impulsada por organizaciones estables e independientes, asistidas a menudo por otras de grado superior y con autonomía financiera que les permite recurrir a expertos.
Como si fuera poco, agregan los miembros de la misión en su informe final, «los recientes fallos o pronunciamientos de la Sala Constitucional excluyen en bloque de la negociación colectiva a aquellos empleados del sector público que tengan una relación estatutaria, incluso si laboran en empresas públicas o comerciales, o en instituciones públicas autónomas».
En relación con el derecho a huelga, la misión destaca que no se debería someter el ejercicio de este derecho a exigencias legales y requisitos muy difíciles de cumplir que acarrean declaraciones de ilegalidad sistemáticas, con el riesgo de represalias.
A pesar de existir un voto de la Sala Constitucional donde declara la inconstitucionalidad del apartado del Código de Trabajo que prohibía la huelga en los servicios públicos, los jueces laborales siguen decretando ilegales las huelgas en los servicios,  instituciones y empresas públicas.
Ante esta situación, la CTRN exige de nuevo al gobierno que en virtud de los compromisos suscritos con la OIT, se proceda a la ratificación de los convenios 151 y 154 que tratan sobre la negociación colectiva en el sector público.
Urge además contar con mecanismos administrativos y judiciales necesarios para garantizar el cumplimiento del fuero sindical y de la prohibición de los despidos antisindicales. No basta con la simple declaración del derecho a la libertad sindical, aun cuando ésta se haga en la ley, en la Constitución Política y en los Convenios de la OIT.
Al respecto, las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dijeron a este Semanario que esperarán el regreso del ministro Ovidio Pacheco, quien se encuentra en la Conferencia de la OIT en Ginebra, para referirse a las sanciones recibidas y para  dar a conocer los mecanismos que impulsará el gobierno de Abel Pacheco para revertir la situación.