Una denuncia por anomalías en el trámite de dos planos en terrenos dentro de la Reserva Biológica Alberto Brenes, administrada por la UCR, involucra a funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía.
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Después de varias horas de caminata  por las montañas de San Ramón de Alajuela  se llega a las lagunas de Palmital, rodeadas de un espeso bosque húmedo tropical con orquídeas y bromelias. En esta zona, ubicada en la parte norte de la Reserva Biológica Alberto Brenes, administrada por la Universidad de Costa Rica, se encuentran dos fincas -una de 250 Há. y otra de 284 Há- que pretenden ser tomadas como posesión por vecinos de la zona.- Ello desató una investigación por parte de la Procuraduría General de la República.
Justamente el pasado 10 de junio, la reserva cumplió 26 años de creada y aunque estos terrenos, (que en total tienen una extensión de 7.800 Há) pertenecen al Estado, son administrados por la UCR de acuerdo con un convenio firmado con el Ministerio de Ambiente y Energía (ver recuadro).
Sin embargo, desde fines de 1999, un grupo de personas vecinas de la zona, iniciaron gestiones para intentar apropiarse de las fincas mencionadas, y para esto contaron -aparentemente- con ayuda de funcionarios del MINAE, que se prestaron para dar un trámite anómalo  a los planos catastrados, y luego inscritos en el Registro Público. Lo anterior fue denunciado por el director de la reserva, Alberto Hamer, constatado por el MINAE e investigado por la Procuraduría, de acuerdo con documentos en poder de UNIVERSIDAD.

EL VISADO

Dentro de un área protegida por el Estado suelen haber fincas no inscritas en el registro de la propiedad, que son de personas que llegaron hace 30 años y comenzaron a trabajar la tierra y a protegerla. A ellos la ley de Informaciones Posesorias les da la posibilidad de iniciar un trámite ante un juez para probar que están allí desde 10 años antes de que se creara la reserva. Para iniciar este trámite se necesitan planos catastrados visados por el MINAE.
Según explicó a UNIVERSIDAD Arnoldo Luna, coordinador de la Oficina de Atención del Usuario de esa cartera, ellos reciben planos de particulares y el visado es un sello que certifica si la finca está dentro o fuera de un área protegida, para efectos catastrales.
En aquellos casos en que los planos  corresponden a terrenos dentro de reservas biológicas o parques nacionales, se pide el visto bueno de la oficina regional del MINAE. «En dicha oficina se hace una visita al lugar, se revisan mapas y se concluye si hay que rechazarlo o no. Luego el interesado regresa aquí y nosotros le damos el visado», detalló.
En este caso, las fincas se ubican en una zona boscosa, donde hay una laguna y el terreno no es tan montañoso, lo que la hace atractiva para el turismo, advirtió Alberto Hamer, director de la reserva.
«Al parecer los implicados identificaron a un señor que aparentemente lleva como 20 años de estar allí, negociaron con él, y le dijeron que le ayudaban a sacar la información posesoria pero que los incluyera dentro de la propiedad, como copropietarios.

LOS BENEFICIADOS

La denuncia de Hamer llegó al MINAE, y en el oficio DAJ 352, del 18 de marzo del 2002, la entonces ministra Elizabeth Odio solicitó la intervención de la Procuraduría.
El MINAE «concluyó que efectivamente  dos funcionarios de la Oficina Subregional de San Ramón habían actuado en forma irregular, uno de ellos como responsable directo en el trámite administrativo de los planos en cuestión y el otro, facilitando la acción con su omisión de supervisión como jefe inmediato del funcionario que realizó el trámite».
Continúa que esto lo hizo «por tener interés directo al ser una hija suya beneficiada directa con el visado de los planos, lo que provocó que se visaran internamente a nombre de Juan Diego Jiménez Fallas, Luis Salas Villalobos y Luis Mauricio Pineda Villegas (uno de los planos) y a nombre de Francisco Jiménez Badilla y Gabriela Badilla González (el otro)».
En esta carta, dirigida al Procurador Farid Beirute, también se lee: «Los dos planos de fincas presentados por estas cinco personas, fueron tramitados anormalmente por un funcionario que no le correspondía ejercer funciones de trámite de visado de planos internos, adem*s de que tales planos ingresaron en forma extraoficial y anormal a la oficina subregional de San Ramón…»
Al respecto, Arnoldo Luna confirmó que los planos entraron a la Oficina de Atención al Usuario hace bastante tiempo, y se les pidió el visto bueno de la oficina regional. «Luego vinieron los papeles firmados por Félix Villalobos, quien dio argumentos y solicitó el visado. Como él era el jefe regional no se nos ocurrió dudar de que hubiera algo anómalo», dijo.
El documento enviado por el MINAE señala que «la información que aportó el señor Félix Villalobos Jiménez, funcionario que recomendó el visado ante la Oficina de Atención al Usuario no logra demostrar  que los poseedores de los planos sean sus legítimos dueños y tengan más de 20 años de posesión.»
No obstante, para cuando se finalizó esta indagación todo estaba consumado. Luna contó que «al final dimos el visado según la nota que nos mandaron ellos y los planos se inscribieron en el Registro Público.»

SANCIONES

Si bien la oficina que dirige Luna no recibió sanciones porque se concluyó que fue inducida a error por funcionarios del Area de Conservación Arenal (ACA), la exministra Odio solicitó iniciar los procesos judiciales para anular los planos y las fincas se inscriban a nombre del Estado.
Una funcionaria de la oficina subregional del MINAE que pidió el anonimato confirmó que se sancionó disciplinariamente a los funcionarios desde la Oficina de Recursos Humanos en San José, con una suspensión.
Por su parte, Hamer criticó a los directivos. «Supongo que don Elías Badilla se brincó los canales normales. No sé por qué el MINAE no dictó sanciones contra él ni contra la directora del Area de Conservación. Me extraña mucho porque ella evidentemente lo protegía.»
Consultada al respecto, la directora del ACA, María Elena Mora, quien se reunió con el Procurador Ambiental José Joaquín Barahona, dijo que no se referiría al caso hasta tanto no finalice el proceso de la Procuraduría.
También se consultó a Elías  Badilla, jefe de la oficina subregional del Minae en San Ramón, y aunque en principio estaba anuente a conversar sobre el caso, luego dijo que se esperaría al final del proceso.
LABORATORIO AL AIRE LIBRE
La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes se ubica en Los Angeles de San Ramón y ofrece a investigadores y estudiantes un espacio trabajar en un bosque virgen, donde se encuentra una estación biológica. Este es, probablemente, el espacio más grande que administra la UCR y tiene capacidad para albergar a 45 personas. Hay seis habitaciones, aula con equipo audiovisual, laboratorio de cómputo, cocina y pequeña biblioteca.
Se han identificado más de 1.200 especies de plantas y 250 especies de aves; dentro de los mamíferos destaca la presencia de jaguares, manigordos, dantas, monos congo y carablanca.
«La ley nos limita a hacer docencia, utilizarla como laboratorio al aire libre para estudiantes nacionales y extranjeros y también de colegio; conservación e investigación», según dijo Alberto Hamer, su director.
La Reserva Forestal se creó en 1975 y en agosto de 1993 pasó a ser Reserva Biológica, de acuerdo con La Gaceta  No. 159 de ese año. Además, se faculta a la sede regional de la UCR para realizar programas de docencia y conservación, además de la administración.
En setiembre de 2001 se firmó el Convenio de Cooperación Institucional entre la UCR y el MINAE , según  el cual la UCR protege y vigila la zona contra posibles infractores de las leyes ambientales, mientras que el MINAE podrá, además otorgar permisos dentro de las propiedades privadas ubicadas dentro del área, pero de común acuerdo con la UCR.
Además existe un reglamento de la reserva, aprobado en la UCR en febrero de este año.