En un artículo publicado en el semanario Liberación,  el economista, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, Claudio Katz, expone las implicaciones del ALCA en América Latina.
El ALCA tomó nuevo impulso bajo la presidencia de G.W. Bush,  quien ha propuesto adelantar la fecha de inicio del convenio para 2003.
El acuerdo de Libre Comercio para América Latina (ALCA) es considerado un proyecto estratégico de Estados Unidos,  dirigido a consolidar su dominio en la región.
La puesta en marcha de este plan, se aceleró abruptamente en los últimos meses por tres necesidades coyunturales de la gran potencia: atenuar los efectos de la inminente recesión económica, detener el avance europeo en la zona y reforzar las alianzas militares frente al deterioro de muchos regímenes políticos latinoamericanos.
La iniciativa del ALCA, que comenzó a diseñarse hace siete años, tomó nuevo impulso bajo la presidencia de G.W. Bush,  quien ha propuesto adelantar la fecha de inicio del convenio para 2003.
La motivación inmediata de EE.UU., es la búsqueda de un desahogo comercial externo frente a la desaceleración de su economía. En este sentido, la región constituye un nicho exportador para las compañías estadounidenses, que podrían incrementar sus exportaciones si el dólar comienza a declinar en el próximo período.

Por otro lado, el ALCA apunta a frenar la competencia europea, trabando las negociaciones de otros acuerdos de libre comercio. Frente a este desafío, las 500 corporaciones estadounidenses más vinculadas a Latinoamérica, presionan por acelerar el ALCA tomando como modelo la legislación del NAFTA norteamericano, las cláusulas comerciales de la OMC y la disciplina financiera del Fondo Monetario.
El peso de la motivación político-militar para firmar el ALCA, no es tan evidente pero sí decisiva. Una escalada de movimientos sociales conmueve a muchos países de América Latina y han acentuado la erosión de varios sistemas políticos, incapaces de resolver los reclamos populares.
Mantener la “estabilidad”  frente a estas convulsiones es una prioridad del gobierno de EE.UU., que a través del ALCA intenta reforzar su intervención militar encubierta en Colombia y el rearme regional asociado a la lucha contra el narcotráfico. También está la presión diplomática para alinear a los gobiernos latinoamericanos, en sanciones contra los países satanizados por el Departamento de Estado,  como Cuba, Irak, Libia y Corea del Sur.
Los cuatro grandes desequilibrios que ha sufrido la región en este período -endeudamiento externo, especialización exportadora, intercambio desigual y contracción del poder adquisitivo-, no son consecuencia de su distanciamiento con EE.UU., sino su subordinación a esta potencia.
Otros analistas argumentan que ya no alcanza con los mercados internos para salir del subdesarrollo y puntualizan que el ALCA ayudará a perfeccionar la competencia exportadora y favorecerá el ingreso a la región en el mayor mercado del mundo.
Sin embargo, no han aclarado cómo harán para revertir las abismales diferencias de productividad que hasta ahora frustraron su ingreso.
Es indudable que el proyecto del ALCA está asociado con la dolarización, pero ésta no es requisito, ya que en el gobierno estadounidense existen fuertes divergencias en torno a la utilidad de esta alternativa.
NUEVAS ÁREAS

En el plano de los servicios, las corporaciones estadounidenses pretenden ingresar en los negocios de seguros, educación y salud. Son actividades particularmente lucrativas, porque la clase media alta de la región tiende a recurrir a la prestación privada, ante el debilitamiento de los servicios públicos.
En el campo de las inversiones, se debate una legislación que otorgará a las compañías extranjeras el derecho de recurrir a tribunales internacionales con mayores atribuciones que los sistemas jurídicos nacionales. Estas legislaciones ya rigen en el NAFTA y han convalidado indemnizaciones a favor de varias empresas que litigaron en contra de los estados de Canadá y México.
En el terreno de las compras del sector público, se discute la eliminación de los mecanismos de adquisición preferencial de bienes entre los proveedores locales. Especialmente en el campo de la construcción, los consorcios de EE.UU. podrán barrer a cualquier competidor que no cuente con acceso equiparable al crédito internacional.
En el plano aduanero, los negociadores estadounidenses apuntan a lograr la total apertura de las economías latinoamericanas, sin aceptar a cambio un mayor flujo de importaciones. Las barreras para-arancelarias de EE.UU.,  abarcan el 34% del “nomenclador” y funcionan mediante un discriminatorio sistemas de denuncias de “dumping”.
En el área de la agricultura, mientras se busca desregular los mecanismos de protección del pequeño campesino latinoamericano, las corporaciones del agro-bussines obstruyen cualquier atisbo de la libre competencia en su propio terreno. El secretario de comercio D. Evans, declaró que los subsidios al agro por $97.000 millones al año que rigen en EE.UU, “no entrarán en la discusión del ALCA”.
Esta decisión no depende, además, de las negociaciones con América Latina, sino de tratativas con la Comunidad Europea,  para que reduzca subvenciones equivalentes.
El ALCA  consagrará los derechos de patente que tantos beneficios proporcionaron a los sectores informáticos, farmacéutico y agrícola.
Finalmente, autorizará a EE.UU. a continuar violando los convenios de protección al medio ambiente. En este sentido,  el NAFTA convirtió a varias zonas fronterizas de México en cloacas tóxicas, y se estima que el 40% de los bosques en el estado de Guerrero fueron destruidos como consecuencia del avance de la contaminación.
Este plan también promoverá una mayor flexibilidad salarial, siguiendo el modelo implantado con las maquilas mexicanas.
El debate de estas propuestas se inserta en el nuevo clima político internacional, creado por las protestas contra la globalización. Los negociadores del ALCA ya han experimentado directamente esta hostilidad callejera desde Quebec a nuestros días, donde la gente no deja de proclamar: “Otro mundo es posible”.