Desde que asumió la presidencia, George W. Bush ha planteado una política exterior guerrerista; luego de los atentados del 11 de septiembre, el discurso bélico alcanza un tono que incomoda a los socios de Washington en la otra orilla del Atlántico.
Robert Mueller, director del FBI, declaró ante el Senado que su agencia aún no está preparada para afrontar la amenaza terrorista.
Las múltiples denuncias sobre las fallas en los servicios de inteligencia que impidieron prevenir los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, obligaron a la Casa Blanca a proponer la mayor reforma gubernamental de los últimos 50 años en Estados Unidos.
De este modo, una nueva instancia con rango ministerial, el Departamento de Seguridad Interior, coordinará los esfuerzos de las agencias federales encargadas de la lucha contra el terrorismo.
El anuncio sobre la creación de este «súper ministerio» fue hecho por el presidente, George W. Bush, en una conferencia de prensa televisada el pasado 7 de junio.

Fiel a las convicciones de los conservadores republicanos, a quienes no les gusta que el gobierno federal meta sus narices en todas partes, el mandatario se había mostrado reacio a crear una entidad centralizada que dictase directrices para las agencias vinculadas con la seguridad, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Pocos meses después de las masacres de septiembre, Bush anunció con bombos y platillos que el senador Tom Ridge se convertiría en el nuevo «zar» de la seguridad nacional; no obstante, el asesor presidencial sólo cumplía funciones cosméticas, no estaba obligado a rendir declaración sobre sus actividades ante el Congreso y carecía de presupuesto propio.
La inoperancia de Ridge se hizo evidente y esto irritó al Senado.  No obstante, el hecho que precipitó la decisión de crear un nuevo ministerio del interior, fueron las revelaciones de que los atentados de septiembre pudieron prevenirse.
Al parecer, durante los meses anteriores a los ataques, varios agentes del FBI comunicaron sus sospechas sobre la amenaza de que terroristas de la red Al Qaeda estuviesen planeando utilizar aviones de pasajeros como misiles contra objetivos sensibles.
Las advertencias no fueron escuchadas por los jerarcas del organismo y no se investigó a varios sospechosos que habían tomado clases de vuelo.
A estas alturas, es imposible saber con seguridad si hubiese sido posible evitar el caos del «11-S»; pero el congreso insiste en investigar el asunto y sentar las responsabilidades políticas del caso, que en última instancia atañen al presidente.
Bush lo sabe y, por esa razón, se apresuró a presentar ante ambas cámaras el proyecto de ley que le daría a Ridge un poder real en la coordinación entre el FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y otros cuerpos policiales, tales como la autoridad de inmigración, los guardacostas, la patrulla de fronteras y el Servicio Secreto (en total más de 169 mil agentes).
Al parecer, Bush quiere ponerse a resguardo de la tormenta política que la oposición demócrata pretende desatar en el poder legislativo.

GUERRA O BATALLA

La creación de un Departamento de Seguridad Interior es parte de un cúmulo de medidas de lo que Bush denomina «Guerra contra el terrorismo».
En política exterior, esta «guerra» se ha traducido en que Estados Unidos ha asumido una postura beligerante, en la que se reserva el derecho de atacar a cualquier país que albergue una amenaza potencial contra la seguridad interna de ese país.
Desde que asumió el poder, Bush se mostró dispuesto a superar la era Clinton para reeditar la política guerrerista de su padre, el ex presidente George Bush, y del predecesor de éste, Ronald Reagan.
El desastre del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que causó conmoción en todo el mundo y provocó la solidaridad de la gran mayoría de las naciones del orbe, sirvió también para reforzar las tesis de Bush sobre la necesidad de proteger los intereses estadounidenses a cualquier costo.
Desde ese momento, la Casa Blanca hizo sonar como nunca los tambores de guerra y Bush contestó a los ataques de septiembre con una aplastante campaña militar en Afganistán que logró derribar al régimen talibán; pero que no consiguió su principal objetivo: localizar a los verdaderos responsables de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono; y que, además, dio al traste con el precario equilibrio geo político en la región, provocando indirectamente un nuevo choque entre la India y Pakistán.
Algo similar sucedió en Medio Oriente, en donde Estados Unidos ha declinado condenar la sangrienta represión del pueblo palestino ordenada por el Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo radical islámico.
Además, como ya se mencionó, otros países acusados por la Casa Blanca de proteger a terroristas o de desarrollar armas de destrucción masiva, han sido colocados en una lista negra.
Bush ha dicho que unilateralmente se reserva el derecho de utilizar la fuerza, en el caso de que la inteligencia de EE.UU. detecte que estas naciones representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
La lista de «rebeldes» elaborada por Washington la encabezan Irak, Irán, Sudán, Libia, Siria, Corea del Norte y Cuba.
Asimismo, se publicó un catálogo de organizaciones calificadas de «terroristas».
Según los analistas, las posibilidades de acciones bélicas por parte de Estados Unidos en territorio de Irak son muy altas.
Otra iniciativa de la administración Bush que se vio fortalecida luego del 11-S y que causa recelos entre amigos y enemigos, es la de dotar al territorio estadounidense de un escudo antimisiles, el cual le haría invulnerable a un ataque con armas nucleares.
De llegar a concretarse, este «paraguas» causaría un grave desequilibrio militar en el mundo, acabando con lo que, hasta ahora se conoce como «disuasión nuclear» (la certeza de autodestrucción mutua en la eventualidad de una guerra atómica).
La actitud y el discurso del gobierno de Bush han irritado a sus aliados europeos en la otra orilla del Atlántico.  La Unión Europea (UE) se opone frontalmente al uso de la fuerza como principal argumento en contra del terrorismo.
En una reciente conferencia de la Asociación de Periodistas Europeos, reseñada en el diario madrileño «El País», el Alto Comisionado de la UE para la Política Exterior y la Seguridad, el español Javier Solana, destacaba que la raíz del terrorismo nace en las desigualdades que dividen al mundo en ricos y pobres.
Según el diplomático, que fue Secretario General de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) , el auge del terrorismo en esta época se debe a que el mundo no ha logrado estabilizarse luego de la caída del muro de Berlín y el colapso del modelo socialista en Europa del Este.
Para Solana, no hay «guerra contra el terrorismo», sólo una batalla constante que Europa vive desde hace décadas y que, sólo hasta ahora ha tocado a los Estados Unidos.
Solana destacó que para acabar con la amenaza terrorista, no se puede otorgar prioridad al ámbito militar; sino eliminar los yacimientos de odio que están sustentados en la pobreza, la injusticia y las diferencias entre las naciones desarrolladas y el tercer mundo.
A este respecto, destacó que Estados Unidos debería bajar la espada y seguir el ejemplo europeo: aportar más ayuda para el desarrollo.
El renglón de la inteligencia, es otro en el que, para Solana, sería necesario incrementar la cooperación si se pretende evitar que se repita la masacre del 11 de septiembre.

POLÍTICA RACISTA

Una iniciativa para fichar a los turistas y estudiantes residentes en Estados Unidos, que provienen de países que, según la Casa Blanca, apoyan el terrorismo, fue calificada por la oposición demócrata y por organizaciones no gubernamentales de «política racista».
La idea es que unos 100 mil ciudadanos de naciones como Irán o Irak, emigrados a suelo estadounidense, tengan que pasar por una serie de controles periódicos, los cuales para controlar sus actividades.
Se crearía un registro fotográfico y de huellas digitales, el cual sería ampliado posteriormente a todos los residentes originarios de países musulmanes entre los 18 y los 35 años.
Ésta es sólo una de las medidas que endurecen el estatus migratorio de los extranjeros en Estados Unidos y que han sido rechazadas por la mayoría de las instituciones que protegen los derechos humanos de los inmigrantes.